Dos resultados de la última elección parlamentaria quedarán grabados entre los diputados incumbentes. Primero, sólo 84 de los 120 en ejercicio decidieron ir este año a la reelección, lo que se transforma en el número (70%) más bajo desde el retorno a la democracia. Pero además, entre esos 84 que intentaron permanecer por un nuevo periodo en la Cámara, sólo 64 lo lograron. La cifra corresponde a un 76%, convirtiéndose también en la más baja desde los comicios de 1993 (80,4%).

Si bien cada uno de los que no salió electo ya hizo su propio análisis, culpando muchos de ellos a un "injusto" sistema electoral, hay una serie de factores secundarios que pudieron haber incidido en los resultados finales, como las investigaciones penales por financiamiento irregular de campañas.

Y es que la elección parlamentaria del 19 de noviembre fue la primera desde que se destaparon una serie de casos vinculados al dinero y la política. Algunas investigaciones, como las denominadas "SQM" o "Penta", provocaron que más de algún parlamentario fuese investigado, incluso formalizado y hasta desaforado.

Por nombrar algunos, los diputados Christian Urízar (fue investigado por fraude al Fisco, aunque no lo desaforaron), Claudia Nogueira (querellada por el Consejo de Defensa del Estado), Iván Fuentes (fue investigado por el caso Fipes) y Roberto León (involucrado en el caso SQM) no fueron reelectos. Tampoco lo hicieron los senadores Fulvio Rossi (desaforado en caso SQM) y Eugenio Tuma (querellado por el CDE) ni tampoco el exministro Andrés Velasco, quien fue imputado en el caso Penta y no consiguió un escaño en la Cámara Alra.

A la lista también se podrían sumar quienes con anticipación decidieron no competir, como el diputado Felipe de Mussy (formalizado en caso Penta) y el senador Patricio Walker, quien finalmente no fue desaforado por la Corte Suprema tras ser involucrado en el caso Fipes.

Daño en imagen

Para el economista y director del programa Anticorrupción del centro de estudios Espacio Público, Eduardo Engel, establecer efectos causales entre la derrota de los incumbentes y las investigaciones penales "es sumamente difícil". Aun así, para el expresidente del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, más conocida como "Comisión Engel", termina siendo "positivo que ninguno de los parlamentarios involucrados en los casos SQM y Penta fuera reelegido".

"Una clase media mucho más numerosa y educada como lo que tenemos hoy, comparado con una o dos décadas atrás, significa que la ciudadanía es mucho más exigente con las autoridades", comentó Engel, agregando que "este es un fenómeno que no sólo se ha dado en Chile, sino que en toda América Latina".

Desafección

Desde la Fundación Ciudadano Inteligente, en tanto, quienes son parte querellante en los casos SQM y Penta, su director ejecutivo, Pablo Collada, sostuvo que las investigaciones "generaron una exposición mediática que claramente afectó la imagen y reputación de las personas involucradas".

La relación que existió entre el dinero y la política, consignó Collada, no sólo hizo que la ciudadanía reaccionara "con la intención de castigar a quienes incurrieron en dichas malas prácticas", sino que "al conocer ciertas prácticas por parte de diversos actores políticos, también hizo que aumentara la desafección de las personas con la política en general".

Rol de la fiscalía

Cuando empezaron las indagatorias, muchos reconocieron su intranquilidad por el efecto que éstas podían tener en las elecciones. De hecho, en abril de este año, el fiscal nacional, Jorge Abbott, advirtió que a raíz de las diligencias que estaban pendientes era "poco posible que terminen en el corto plazo", junto con señalar que la intención de la Fiscalía era que las investigaciones "alteren lo menos posible el proceso electoral", aunque aclaró que "es imposible asegurar que ello no va a ocurrir".

Si bien el presidente ejecutivo de Espacio Público, Mauricio Duce, sostuvo que el Ministerio Público debe considerar los efectos que una persecución penal produce en una persona imputada, aseguró que lo primer es que "tienen el deber constitucional y legal de investigar los hechos que potencialmente sean constitutivos de delitos".

"Si los fiscales reciben una denuncia o antecedentes de hechos constitutivos de delitos deben llevar adelante una investigación penal, con los resguardos necesarios para evitar daño innecesario", planteó Duce, quien sugirió una mayor atención frente a las filtraciones que han habido en los casos, las que muchas veces han sido atribuidas a la propia Fiscalía (ver entrevista).

"Es evidente que el Ministerio Público debe hacer un esfuerzo serio por evitar al máximo filtraciones de investigaciones en curso, no sólo respecto a parlamentarios, sino que de toda persona investigada. Ahora, hay que tener presente que los riesgos de filtración no provienen sólo del trabajo de los fiscales, sino que también por la participación de otros actores del sistema", comentó el presidente ejecutivo de Espacio Público.

"da igual si es inocente"

En el mundo de los cientistas políticos, las percepciones son bastante similares (ver recuadro). El director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, explicó que aun cuando existan múltiples factores para explicar la derrota de un parlamentario, "al parecer el electorado castigó más fuertemente a quienes están involucrados en estos casos".

"Las investigaciones penales sí están incidiendo en los resultados, cosa que no habíamos observado en elecciones anteriores. Se había advertido que aquellos diputados involcurados en distintos tipos de escándalos tendían a deprimir su votación, pero en muchos casos igual salían electos por el sistema binominal", comentó el analista, agregando que "para el votante, sólo el hecho de que esté involucrado en un caso, ya es una noticia suficiente como para impactar en su decisión. Ya no importa si fue declarado culpable o incluso inocente. El daño está hecho".

"La ciudadanía es mucho más exigente (...). Es positivo que ningún involucrado en los casos SQM y Penta fuera reelegido"

Eduardo Engel, Director de Espacio Público y, expresidente "Comisión Engel""

"Las investigaciones generaron una exposición mediática que claramente afectó la imagen y reputación de los involucrados"

Pablo Collada, Fund. Ciudadano Inteligente, querellantes en "SQM" y "Penta""

Ante la responsabilidad que algunos actores le han atribuido al Ministerio Público por el daño que habrían causado los casos relacionados al financiamiento irregular de la política, el secretario general y presidente regional de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, salió al paso de las críticas asegurando que las consecuencias externas que puedan tener sus investigaciones "no nos importa ni nos debe importar".

- ¿Cómo analizan los posibles efectos que pudieron haber tenido las investigaciones penales?

- Las consecuencias electorales o políticas que eventualmente puedan derivar de una acción del Ministerio Público, la verdad es que no es tema para los fiscales a cargo. De hecho, no es tema, porque si lo fuera dejaríamos de cumplir con nuestro deber de investigar.

- ¿Las elecciones no son un tema a tener en cuenta?

- Es que no nos importa ni nos debe importar. Un fiscal no anda paralizando una investigación o tomando en cuenta otro tipo de factores al momento de seguir adelante una causa si es que la persona en cuestión tiene un cargo público o de elección popular.

- Siguen la línea de que todos deben ser tratados por igual...

- Es que lo básico es que haya un trato por igual entre todas las personas. Pero además de eso, no puede haber ninguna ponderación de lo políticamente oportuna o no que pueda ser nuestra actuación. No tenemos que tomar en consideración esos factores.

- ¿Que existan diligencias en medio de un escenario electoral no es resorte para modificar los tiempos de una investigación?

- Para nada. El hecho que vengan elecciones o que alguien haya estado postulando a un cargo no es un factor para el Ministerio Público, ni para cambiar fechas ni diligencias.

- ¿Cómo responden a quienes los culpan de las filtraciones?

- Se habla mucho de eso, pero habría que clarificar desde dónde vienen las filtraciones cuando éstas han ocurrido. Intencionar eso como algo que sería una herramienta usada por los fiscales para influir en una elección, me parece que hoy no tiene ningún sustento en evidencia concreta.

- Pero hay consecuencias.

- Las consecuencias no son responsabilidades nuestras. Lo relevante acá es que el Ministerio Público tiene que hacer su pega. Si como fiscales nos metemos en ese territorio, entramos en un mundo de incertezas que no corresponde que nos involucremos. Es como que no investiguemos a un dirigente de fútbol porque el equipo anda mal. No podemos entrar en esa lógica.