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El futuro Gobierno catalán depende de las determinaciones de la Justicia

ESPAÑA. Varios de los diputados separatistas que salieron electos en los comicios autonómicos del jueves son acusados de delitos como sedición y traición, entre otros, por la aprobación de la declaración de independencia ilegal del 27 de octubre.
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El futuro Gobierno de Cataluña, que probablemente tendrá carácter independentista, estará condicionado por las decisiones de la Justicia. Esto porque 18 diputados elegidos en las elecciones autonómicas del pasado jueves son objeto de investigación judicial.

Ese día, los catalanes eligieron a sus nuevos representantes en la Cámara regional, que había quedado disuelta el 27 de octubre por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy para restablecer la legalidad constitucional quebrada por la aprobación de una declaración de independencia ilegal en ese Parlamento.

Esa iniciativa es constitutiva de delitos como los de sedición y rebelión, entre otros, que la Justicia atribuye a 18 de los 70 parlamentarios independentistas electos, de los 135 del Parlamento autonómico.

Los comicios fueron ganados por Ciudadanos, partido defensor de la Constitución y la unidad de España, pero la suma de las tres formaciones secesionistas - JxCat, ERC y CUP - les otorga la mayoría absoluta de la Cámara.

La hipótesis más probable es una repetición de la coalición entre JxCat (antes PDeCAT) y ERC que ya gobernó Cataluña en la anterior legislatura, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

La jefa de la campaña de Puigdemont, y diputada de JxCat, Elsa Artadi, dijo ayer que no se plantea ningún otro candidato alternativo a ser investido presidente que su propio líder, como cabeza de la lista más votada entre las fuerzas separatistas.

Prisión

El problema es que Puigdemont se marchó de España pocos días después del 27 de octubre y se ha instalado en Bruselas, donde evita la orden de detención dictada por la Justicia.

En cuanto pise suelo español Puigdemont será detenido y puesto a disposición del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quien instruye la causa por el proceso independentista.

Otros cuatro ex consejeros del destituido Gabinete catalán lo acompañan en la capital belga, todos ellos diputados electos.

Su rival y aliado en la pasada legislatura, Oriol Junqueras, está en prisión provisional, situación que comparte con otros dos nuevos parlamentarios, mientras que otro grupo de ex consejeros quedó recientemente en libertad bajo fianza, pero sometido a control judicial.

Aunque todos ellos podrán recoger su acta de diputado autonómico en los primeros días de enero, el problema se va a plantear cuando se plantee el debate para elegir al nuevo presidente catalán.

Si Puigdemont quiere serlo tendrá que regresar a España y en ese momento será detenido. Su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, aseguró ayer a una emisora de radio que su cliente "está dispuesto a volver", pero debe valorar "si puede hacer más trabajo dentro o fuera" de Cataluña, una "decisión política que deberá tomar en los próximos días".

Por su parte, Elsa Artadi, la jefa de campaña de JxCat, admitió que existen incógnitas sobre si Puigdemont podría ser investido presidente desde el extranjero: "No nos podemos precipitar ahora. Contemplamos todos los escenarios".

Está por ver qué decisiones adoptará el juez Llarena respecto a los diputados electos que están en prisión y a los cinco investigados que están en Bruselas si deciden volver.

Su eventual ausencia en una votación de investidura rebajaría la mayoría secesionista en la Cámara autonómica, por lo que una medida sería que los investigados renunciaran a su condición de diputados y dieran paso a los siguientes de sus candidaturas que estuvieran libres de problemas con la Justicia.

Ciudadanos pide respetar la Justicia

La incertidumbre que ha generado el futuro de los diputados electos con situaciones judiciales pone incluso en cuestión que Carles Puigdemont sea el candidato a la reelección. Al respecto, el partido ganador de los comicios autonómicos del jueves, Ciudadanos, aseguró ayer por medio de su dirigente Carlos Carrizosa que "es evidente que un fugado de la Justicia no puede tomar posesión de su cargo, ni ejercer el cargo de presidente" catalán y recordó que la mayoría de los secesionistas no es "holgada".

de los 70 diputados secesionistas electos en los comicios del jueves enfrentan situaciones judiciales. 18

diputados componen el Parlamento catalán, por lo que la mayoría absoluta se alcanza con 68 representantes. 135

representantes sacó el partido unionista Ciudadanos, siendo el pacto más votado en la región. 37

Fiscalía recibe declaración de Odebrecht sobre Keiko Fujimori y Alan García

PERÚ. Ambos políticos habrían recibido aportes de la constructora brasilera para sus campañas presidenciales.
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La Fiscalía de Perú recibió la declaración que el empresario brasileño Marcelo Odebrecht dio a fiscales sobre las menciones en su celular respecto a la líder opositora Keiko Fujimori y el ex Presidente Alan García, según confirmó ayero el Ministerio Público.

Un equipo de fiscales peruanos entrevistó a Odebrecht en noviembre pasado en Curitiba, cuando cumplía prisión efectiva antes del traslado a su detención domiciliaria, para que responda sobre las anotaciones que tenía en su teléfono celular relacionadas a la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de activos.

En esas anotaciones, Odebrecht escribió "aumentar Keiko para 500" durante la campaña electoral de 2011, lo que presumía un supuesto apoyo económico a la entonces candidata presidencial. Debido a esto, Fujimori será interrogada por la Fiscalía el próximo jueves por los presuntos aportes irregulares de Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016.

Respecto a la anotación "Kuntur agora bom para Peru/AG", el empresario dijo que se refería al interés del ex Mandatario García en que la constructora participe en el proyecto del Gasoducto del Sur, promovido inicialmente por la compañía Kuntur.

Durante el interrogatorio, Odebrecht también dijo que contrató, como asesor, al actual Presidente peruano, Pedro Pablo Kucyznksi, después de dejar el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), pues este se había opuesto a la intervención de su empresa en la construcción de la carretera Interoceanica.

Kuczynski ha declarado que su empresa Westfield Capital dio una asesoria financiera a Odebrecht entre 2004 y 2007. Por ambos contratos, el Congreso peruano intentó destituir el jueves a Kuczynski por incapacidad moral permanente, pero la moción no alcanzó el mínimo de votos requerido.

Por otro lado, los legisladores Juan Sheput, del oficialismo, y Víctor Andrés García Belaúnde, del partido Acción Popular, apoyaron hoy los "cambios radicales" en el gabinete anunciados por Kuczynski, tras la fallida moción de destitución en su contra.

Sheput, del partido de Gobierno PPK, declaró que el Mandatario ha señalado "que hará cambios radicales en el Gobierno" y que espera "que no sean solo cosméticos porque no habrá una segunda oportunidad".

García Belaúnde, quien votó por la destitución, dijo que la preocupación frente al Ejecutivo es "cómo hacemos para que este Gobierno deje de ser lobbista y sea de reconstrucción nacional".