Contraloría cuestiona fondos de pesca, remite antecedentes al Ministerio Público y el CDE
REGIÓN. Los beneficiarios de los financiamientos efectuaron rendiciones irregulares y no hubo una suficiente fiscalización por Subpesca. Se buscan posibles delitos y restitución de fondos.
Dos extensos informes finales redactó la Contraloría Regional de Valparaíso sobre dos financiamientos de pesca- el Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura (FIPA) y el Fondo de Administración Pesquero (FAP)-, entregados a nivel regional por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca).
En ambos documentos, el ente fiscalizador cuestiona la rendición de los montos entregados a los pescadores artesanales para potenciar su trabajo y da a conocer irregularidades de carácter grave. Envía los datos de los escritos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que investiguen el caso.
El informe final N° 988 de 2017 que realizó la Contraloría a la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca) sobre la entrega del Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura (FIPA), adjudicados entre los años 2014 al 2016 y que incluye la fiesta de San Pedro de este año, da a conocer sobre irregularidades en la forma de rendimiento.
Existen más de $ 112 millones que no fueron justificados correctamente por la entidad pública, Subpesca, y que fueron gastos que se realizaron dentro de lo que contempla la normativa.
El escrito concluye que se comprobó que la Subpesca "no exigió el cobro de las boletas de garantía por el fiel cumplimiento del contrato y de resguardo de anticipos que no fueron cobradas, por un monto de $ 22.931.958 y $ 43.721.208, respectivamente, vulnerando con ello lo dispuesto en las respectivas bases que regularon los concursos".
A esto suma que se verificó, según el documento, "el desembolso de $ 2 millones, para la celebración de la fiesta de San Pedro, año 2017, sin que exista acto administrativo que lo autorice". Ante esto, la Subpesca informó un sumario administrativo y el organismo contralor, por estos montos adeudados, pidió la restitución de los fondos.
La misma situación de restitución de fondos se activó al comprobar el ente contralor que la Subpesca canceló más de $ 45 millones a la empresa "Asesorías en Acuicultura Ltda" por servicios de alimentación, compra y gestión de pasajes aéreos o terrestres a personas que no estaban vinculadas con la empresa.
La situación fue considerada grave por la Contraloría porque "vulnera el principio de legalidad del gasto establecido en la Constitución Política del Estado (...) dado que los gastos que se autoricen con cargos a fondos públicos sólo pueden emplearse para los objetivos y situaciones expresamente contemplados".
Además, el informe da cuenta de irregularidades en actos administrativos y fallas en la licitación pública ID 4728-84-LP 16 "en que se omitió determinar con precisión el número de eventos y personas por las cuales se debían prestar los servicios a contratar, así como establecer a cuántos de ellos se les debía financiar el traslado y/o alimentación y la oferta presentada por la empresa adjudicada que no pormenoriza el detalle de cuánto cobrará por persona y concepto, esa entidad debe adoptar las medidas para que dichas situaciones no vuelvan a reiterarse", confirma el informe.
El tiempo de estudio que realizó la Contraloría en torno al Fondo de Administración Pesquera (FAP), al igual que el FIDA, comprende desde el año 2012 al 2016.
En este período Subpesca otorgó fondos pesqueros para financiar diferentes iniciativas. En el informe final fueron cuestionados financiamientos otorgados al Consejo Regional de Pescadores Artesanales (Corepa), la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach) y al Consejo Nacional por la defensa del patrimonio pesquero de Chile (Condepp).
Entre las observaciones el ente contralor comprobó que el Consejo Regional de Pescadores Artesanales, Corepa, rindió gastos con cargo al Fondo de Administración Pesquera, que incluyen el pago a dos personas particulares por un monto de $ 5 millones bajo el concepto de la elaboración de un análisis comercial. Sin embargo, no se ajustó la documentación necesaria para rendir esa acción.
Asimismo, se mandató a un tercero la realización de un "Plan Estratégico de Comercialización del Recurso Merluza Austral" por $ 5 millones más, trabajo que no "fue acreditado" según el informe. La persona que supuestamente había realizado este estudio, describe el documento, es hija del presidente de la organización gremial y su profesión es profesora de Historia y Ciencias Naturales, conocimiento no compatible con el estudio.
El Corepa, además, rindió boletas de honorarios a otro particular por una suma que asciende los $ 23 millones por el concepto de reparación de embarcaciones, "sin que exista detalle de las labores ejecutadas ni del monto a pagar por cada una de ellas, comprobándose, además, que las actas de recepción conforme fueron firmadas por las directivas de los sindicatos lo que no permite demostrar la pertinencia de los desembolsos rendidos".
Fueron presentadas por la Codepa rendiciones que ya habían sido ejecutadas en programas anteriores por el mismo fondo. Los montos de inversión y el contenido eran idénticos al presentado con anterioridad.
En el informe se señala que la Corepa suma viajes al extranjero que realizó la mencionada profesora de historia a España, por $ 50 millones a un tercero, dineros que correspondían a mejoramientos de la comercialización del recurso de la merluza.
En relación a la Conapach aparecen pasajes aéreos y de buses por más de $ 3 millones por una prestación de servicio que había sido dada con posterioridad de ejecutado el proyecto. Agregan la compra de 61 embarcaciones que no están registradas y la reparación de embarcaciones.
En total los fondos cuestionados ascienden a los $ 280 millones y se solicitó a Subpesca una auditoría interna. Además se encontraron deficiencias en los dineros otorgados para capacitaciones los que no han sido rendidos ni restituidos.
"El Sence no ha presentado al FAP los informes finales de rendición de cuentas (...) corresponde que ambas entidades trabajen para dilucidar el saldo de recursos sin ejecutar que se encuentre al 31 de diciembre de 2017". "La Subpesca deberá instruir un procedimiento disciplinario (...) a determinar las eventuales responsabilidades administrativas del o los funcionarios involucrados en la ausencia de planes de inversión"."
Subpesca derivó casos al CDE
El jefe de la División de Jurídica de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Paolo Trejo, informó que los antecedentes de la Contraloría Regional de Valparaíso son conocidos por la entidad que ha aportado los antecedentes necesarios a la investigación. Trejo aseveró que incluso en algunos casos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Existen otros casos en que Contraloría mantiene sus observaciones, y nos encontramos analizando el tenor del informe a objeto de implementar medidas para corregir los errores de procedimiento y adoptar otro tipo de acciones, según corresponda".