Cristián Rodríguez F.

Alrededor de quince irregulares encontró la Contraloría Regional de Valparaíso tras practicar una extensa auditoría al Hospital San Martín de Quillota. La investigación, que se realizó durante este año, tuvo por objetivo examinar todas las compras de medicamentos y de equipamiento, además de las prestaciones médicas efectuadas por el recinto entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

Una de las justificaciones que tuvo la Unidad de Control Externo del organismo para llevar a cabo la fiscalización -según consta en el Informe Final N° 739- fue precisamente el endeudamiento por el que atraviesan algunos recintos del país, lo que ha derivado en un "aumento sostenido" de los gastos operacionales del Sistema Nacional de Servicios de Salud, como también en un alza en los precios pagados por compras a privados.

En esa línea, tras analizar principalmente la información financiera-contable del hospital, el informe arrojó como una de sus principales conclusiones (ver recuadro) que el recinto celebró contratos con tres sociedades médicas que entre sus socios tienen a funcionarios del propio hospital. Además de dicha inhabilidad, detectó que las contrataciones fueron vía trato directo sin llamar a un concurso público, y que a una de las sociedades se les entregó un anticipo de $ 12 millones sin que estuviese contemplado en el contrato.

De acuerdo al informe de la Contraloría, las empresas "Sociedad Médica de Atención de Adultos SOMAD Ltda.", "Servicios Médicos de Anestesiología Ltda." y "Sociedad Servicios Médicos Vargas Jamett Ltda." suscribieron contratos por un total de $ 353 millones, siendo que entre sus socios figuran cinco funcionarios del Hospital de Quillota, con una participación que va desde el 27,5% hasta el 80% de la sociedad.

Al respecto, el órgano contralor aclaró que -de acuerdo a la Ley N° 18.575- no pueden ingresar a cargos públicos "los directores, administradores, representantes y socios titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a 200 UTM o más con el organismo al que postulan". Además, se agregó que de ocurrir tal inhabilidad -como ocurrió en este caso-, el funcionario debe informar a su superior jerárquico dentro de los diez días siguientes de su configuración y presentar su renuncia.

En medio de la auditoría, la dirección del hospital quillotano le aseguró a la Contraloría que se encuentran revisando los antecedentes para así adoptar las medidas que correspondan, y que paralelamente implementaron un "Certificado de Participación Social" para ser utilizado por las comisiones evaluadoras en cada licitación pública.

Sin embargo, pese a la aclaración el organismo regional resolvió que por tratarse de hechos ya consumados correspondía mantener la impugnación, y, encima, ordenar un procedimiento disciplinario al interior el recinto afín de determinar las eventuales responsabilidades que pudieron haber cometido los funcionarios. Para ello, exigieron que el hospital informe las medidas adoptadas en un plazo no superior a los quince días hábiles a contar del 6 de diciembre último.

Un segundo punto detectado en la auditoría se refiere a las facturas aprobadas, pero que continúan impagas.

Según la partida 16 del Presupuesto del Sector Público para 2016, los Servicios de Salud deberán pagar en un plazo que no supere los 45 días. Sin embargo, la Contraloría determinó que en el recinto quillotano existían -hasta el 31 de diciembre de 2016- 2.651 facturas que superaban dicha cantidad de tiempo, y que incluso llegaban hasta los 121 días de atraso.

Lo anterior derivó en que el recinto de salud presentara, hasta esa misma fecha, una deuda flotante de $ 2.473 millones, la que se redujo en abril de este año tras el pago de 480 facturas, que disminuyó el déficit en cerca de $ 342 millones.

Aun así, la Contraloría le ordenó a la dirección hospitalaria adoptar todas las medidas para pagar a los proveedores en los plazos establecidos.

Entre las otras irregularidades detectadas y que podrían incidir en la abultada deuda que mantiene el recinto están, por ejemplo, la existencia de diferentes equipos médicos (catres clínicos, monitores multiparámetros, ecógrafo doppler, entre otros) que fueron adquiridos en 2016, pero que hasta la fecha de inspección, realizada el 8 de junio de este año, no habían sido utilizados y continuaban embalados.

Lo anterior, además de no justificar su uso, a juicio de la Contraloría pone en riesgo la garantía de los equipos ante cualquier desperfecto que pudieran tener. El equipamiento que no está siendo utilizado costó más de $ 151 millones.

En esa misma línea, el órgano fiscalizador también concluyó que de once equipos médicos que se analizaron en el centro asistencial, nueve carecen de un requerimiento formal que manifestara la necesidad de su adquisición, los que alcanzan los $ 354 millones. Al respecto, la dirección del hospital reconoció que los requerimientos de compra "no fueron habidos".

Por último, un tercer punto relacionado con recursos tiene que ver con la compra de medicamentos a proveedores privados. La Contraloría determinó que el hospital pagó hasta un 3.701% más de lo que cobra, por ejemplo, la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), pudiendo haberse ahorrado más de $ 14,3 millones.

A través de un comunicado, la dirección del Hospital San Martín informó a este Diario que tras recibir el informe durante este mes se encuentran "en pleno análisis, para así dar la respuesta formal al organismo contralor, junto a las medidas a implementar dentro de los plazos que estimulen".

Además, agregaron que el recinto quillotano "ha iniciado un plan de mejora institucional ante las observaciones que la Contraloría Regional ha efectuado, de manera de optimizar los procesos de gestión hospitalaria".

En tanto, sobre las irregularidades que detectó el organismo, desde el recinto comentaron que "una vez enviada la respuesta institucional a la entidad requirente, la dirección del establecimiento podrá referirse públicamente a ella".

Cabe recordar que en agosto de 2016 -año que fue auditado por la Contraloría- el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ) le solicitó la renuncia al entonces director del recinto, José Salomón.

El argumento que tuvo el Ministerio de Salud fue el término de una auditoría interna que realizaron en mayo de ese año, la que dio cuenta de una serie de irregularidades en los procesos de compras públicas. El examen practicado también derivó en el inicio de un sumario administrativo.

"No podrán ingresar a cargos públicos los directores, administradores, representantes y socios titulares del 10% o más de los derechos de cualquier sociedad"

Contraloría Regional"

"Hemos iniciado un plan de mejora institucional ante las observaciones que la Contraloría Regional ha efectuado, de manera de optimizar los procesos de gestión hospitalaria"

Hospital de Quillota"