El ex presidente peruano Alberto Fujimori, indultado de su condena a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, debe más de 15 millones de dólares por reparaciones civiles, pero no registra ningún bien patrimonial en Perú, según declaraciones del procurador anticorrupción Amado Enco a la prensa local.

A raíz de las condenas previas por los delitos de cohecho activo, peculado doloso, interferencia telefónica, falsedad ideológica y usurpación de funciones, además de la autoría mediata por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, Fujimori ha acumulado 51,6 millones de soles por reparaciones civiles impagas. Enco afirmó que el ex mandatario "tiene cierto poder adquisitivo. Ha estado recibiendo atenciones de primer nivel en clínicas importantes de Lima, ahora está alojado en una casa con lujos y comodidades".

Una veintena de organizaciones, entre las cuales aparece una chilena, integran una "lista negra" publicada este domingo por Israel, cuyos líderes e integrantes tienen prohibida la entrada al territorio por apoyar al movimiento propalestino Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Si bien la lista ya existía, las autoridades no habían dado a conocer los nombres que son parte del listado. De hecho, varios activistas fueron deportados sin saber que lo integraban. Según explicó la directora general del Ministerio de Asuntos Estratégicos, Sima Vakmin Gill, "esta lista no va en contra de la crítica a Israel. La crítica es legítima, sin embargo, estos grupos no critican la ocupación, sino la mera existencia de Israel".

La autoridad aseguró que "hemos hecho un trabajo muy cuidadoso para reducir la lista al mínimo" y fue su departamento y el de Interior quienes han decidido conjuntamente qué parámetros usar para prohibir la entrada de activistas que promueven el boicot: aquellos que ocupan cargos importantes en las organizaciones incluidas en la lista y también otros claves, aunque no tengan puestos relevantes. Entre las veintidós organizaciones vetadas están la estadounidense The Jewish Voice for Peace, BDS Francia, la Asociación Francesa de Solidaridad con Palestina e incluso un grupo chileno, BDS Chile, la única en América Latina en ser parte de la lista.

La semana pasada el Gobierno israelí aprobó un presupuesto de US$75 millones para llevar a cabo una campaña nacional antiboicot, el mayor esfuerzo económico hasta ahora para combatir el BDS y uno de cuyos elementos es la publicación de esta lista.

El plan incluye la creación de una organización no gubernamental que trabajará para contrarrestar las presiones que reciben artistas y empresarios para no relacionarse con Israel o acudir a trabajar al país y a los asentamientos en territorio ocupado. El pasado marzo, el Parlamento israelí reformó la ley de inmigración de modo que permitiese negar la entrada al país a extranjeros que insten al boicot o hayan participado en actos que promuevan el BDS. El director de la ONG israelí de derechos humanos Adalah, Hasan Yabareen, condenó la medida en un comunicado y señaló que "recuerda a las acciones tomadas por el régimen del apartheid (segregación racial) en Sudáfrica, que también preparaba listas negras para castigar a la gente e impedir la entrada".