El Gobierno, a través del ministro de Interior (s), Mahmud Aleuy, aseguró que "no hará juicios apresurados" sobre el escándalo que enfrenta a Carabineros y el Ministerio Público por la presunta manipulación de pruebas en la "Operación Huracán". Sin embargo, el jefe de gabinete (s) expresó que "si se llega a probar parte de los hechos, en el ámbito que se determine, el costo será muy alto para la institución que corresponda".

El Ministerio Público decidió el jueves no perseverar en la investigación de la "Operación Huracán", en la que se detuvo a ocho personas, entre ellas el líder de la CAM, Héctor Llaitul, por su supuesta participación en la quema de camiones y maquinaria agrícola. La decisión se debió a una presunta manipulación de pruebas por parte de la policía uniformada, entre las que se encontraría la supuesta implantación de conversaciones de Whatsapp.

Las declaraciones de Aleuy se dieron la misma jornada en que Carabineros ordenó un sumario para esclarecer la controversia, pero defendió las diligencias cuestionadas.

El general de la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu, dijo estar "extrañado" ante la determinación del Ministerio Público de no perseverar en la investigación y cerrar el caso.

"Me extraña mucho que la determinación de no perseverar haya sido declarada públicamente, luego de que un fiscal de La Araucanía presentara una querella por los antecedentes que nosotros pusimos a disposición del Ministerio Público y que le podría afectar personalmente", sostuvo.

Según Blu, la incautación y análisis de los elementos telefónicos "se realizó conforme a las instrucciones, supervisión, control y dirección de la Fiscalía de Alta Complejidad y de la Unidad Especializada de Lavado de Dineros, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional".

En una dura acusación al Ministerio Público, Blu dijo que esa institución "ampara a aquellas personas que se han dedicado a causar el miedo en las regiones del sur del país".

"Nuestra investigación fue y está amparada en la legislación vigente", agregó el jefe de Inteligencia de Carabineros, quien aseguró que las acusaciones del Ministerio Público "colocan en tela de juicio las decisiones y control jurisdiccional realizados. Para el oficial, "es preocupante que una investigación de ocho meses se pretenda cerrar con otra de tres semanas y más aun quedando una veintena de diligencias pendientes".

La vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, aclaró ayer que la investigación de la "Operación Huracán" podría reabrirse "en la medida en que contemos con antecedentes que no estén contaminados, pero esos antecedentes hasta ahora no existen".

Herrera rechazó la acusación del general Blu respecto de que la Fiscalía "ampara" a quienes han causado miedo en zonas del sur del país. "La adulteración de evidencia constituye delitos y eso no significa que nosotros avalemos nada, porque la Fiscalía, en la petición que ingresó al órgano jurisdiccional (Tribunal de Garantía), únicamente está diciendo que no tiene antecedentes que le permitan seguir adelante con la investigación", afirmó.

En una nueva arista de la polémica, Carabineros se negó ayer a colaborar en un allanamiento que efectivos de la PDI realizarían en horas de la mañana a la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) en Temuco (La Araucanía). Por este hecho, Herrera pidió la "intercesión" del Ministerio del Interior para conseguir los elementos requeridos "a la brevedad".

"Hay que mantener los canales judiciales que establece la ley (...). Vamos a solicitar a los canales judiciales el máximo celeridad en el esclarecimiento de esto hechos", agregó Aleuy.

En horas de la tarde, Carabineros informó a través de un comunicado que el general director, Bruno Villalobos, y "con la finalidad de cooperar y facilitar el esclarecimiento de los hechos investigados, ha dispuesto que el director de Asuntos Internos, general Jorge Mondaca Monje, coordine en forma inmediata la entrega de los equipos que han sido sellados por la Fiscalía y que permanecen en dependencias institucionales" en Temuco.

En el texto explicaron que comunicaron la decisión al ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, y que la entrega de equipos se da "en el marco de las diligencias que se encuentra desarrollando la Fiscalía Regional de Temuco y pese a existir una norma legal que fija los procedimientos de examen y registro de lugares especiales".

Uno de los principales inculpados en la causa, Héctor Llaitul, acusó a Aleuy y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) de un supuesto montaje en contra de los comuneros mapuches. "Era un montaje muy elaborado de parte de la ANI y de Carabineros. Hay responsabilidades en este montaje de parte del Gobierno, del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy", comentó el vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) al portal El Mostrador.

"Instituciones persecutoras se persiguen entre ellas y las víctimas quedan abandonadas y violentistas en total impunidad"

Andrés Chadwick, Futuro ministro del Interior"

comuneros mapuches fueron detenidos por la presunta quema de camiones y maquinaria en el sur. 8

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Que todas las instituciones tomen medidas para evitar que cualquier situación que debilite la institucionalidad se profundice"

paula narváez, ministra secretaria general de Gobierno