El martes 16 de enero ingresó al Congreso el proyecto que busca regular los distintos beneficios a los que tienen derechos las personas con condenas efectivas.

La iniciativa distingue cuatro situaciones: beneficios penitenciarios, rebaja de condena, libertad condicional y el indulto particular. El subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, explicó en detalle las aristas que pretenden cambiar los requisitos para disminuir condenas y destacó la importancia de la reinserción social tanto para los internos, como para el país.

En la Región de Valparaíso, las mujeres que se encuentran privadas de libertad son 374, siendo la ciudad de Valparaíso la que tiene la mayor cantidad con 191. Le siguen Quillota con 79, Los Andes con 70 y San Antonio con 34.

Otro punto importante en lo que viven las mujeres en la región son quienes cumplen condenas y tienen hijos, donde en el Centro Penitenciario Femenino de Valparaíso existen cinco reclusas con guaguas y dos embarazadas, mientras que en Quillota hay cuatro madres con guaguas y cuatro embarazadas.

En materia laboral el 80,3% de la población privada de libertad a nivel regional efectúa alguna actividad laboral, siendo el porcentaje más alto del país, mientras que a nivel de PSU 343 de reos rindieron el test durante el año 2017, lo que representa a un 39,8% del total de la población del régimen cerrado que dio la prueba.

- ¿Cuál es el propósito del proyecto?

- Lo que hace este proyecto es establecer requisitos adicionales, respecto de las personas que han cometido crímenes de deshumanidad y para poder acceder a este beneficio, las personas deben mostrar arrepentimiento sobre los hechos que están establecidos en la sentencia y además, que colaboren con la justicia de hechos que sean conocidos por ellos o que de alguna u otra forma los involucren. En el caso del indulto particular, lo que hace es eliminar este beneficio en el caso de personas que han cometido delitos de deshumanidad, asemejándolo a la situación de personas que actualmente cometen delitos terroristas y que también no exista indulto por parte del Presidente de la República.

- ¿Pretenden eliminar la facultad que tiene el Presidente?

- Lo que se contempla es eliminar la facultad porque hay que entender que el indulto es una reminiscencia monárquica. El Presidente es quien les concede esta gracia de salir de la condena que están cumpliendo cuando ya están en la mitad de su sentencia.

- Respecto de las personas que se encuentran con enfermedades complejas ¿se contempla algún beneficio?

- Actualmente, tanto el Código Procesal Civil como el antiguo Código de Procedimiento Penal, establecían que las personas que estaban con alguna enfermedad tenían derecho de terminar su condena en su hogar. El problema es que no se establecía bajo qué medio se podía acreditar la enfermedad, entonces se prestaba para que pudieran concurrir a cualquier hospital o clínica privada con los inconvenientes de credibilidad que tienen al asistir a uno privado.

- ¿Y qué proponen usted para acreditar enfermedades?

-Lo que establece la ley es que para que se acredite la enajenación mental, la evaluación médica debe ser desarrollada por un ente público, en este caso, el Servicio Médico Legal. Finalmente, otro tema que se aborda es sobre quiénes padecen una afección de carácter terminal, porque la legislación vigente no tiene ningún tipo de tratamiento hacia las personas que están cumpliendo condena y que están próximas a la muerte. Lo que hace nuestro proyecto de ley es establecer de que estas personas puedan acceder a una alternativa de cumplir condena en su hogar, para que así no estén en la cárcel y se encuentren en su vivienda pero con arresto domiciliario total.

- ¿Esta idea incluye a las personas que han cometido delitos comunes y deshumanidad?

- En este caso, a quienes estén cumpliendo penas por delitos comunes, no se les establece ningún requisito. Y quienes han cometido delitos de deshumanidad se les aplicará un requisito adicional que consiste en demostrar arrepentimiento sobre los hechos que se les atribuye en la sentencia.

-¿Cuán importante cree usted que es la reinserción social?

- A nuestro juicio, es un elemento trascendental en la política criminal chilena. Si bien no vamos a resolver los problemas de delitos y crímenes en el país, la delincuencia se combate con la reinserción social. Las personas que están privadas de libertad no están exentas de su dignidad. Nosotros creemos que es fundamental que se aborde este tema de manera seria y en razón de ello, estamos lanzando una política pública de reintegración.

-¿En qué consiste?

-Es para que las personas que cumplan condenas puedan salir de la cárcel, encontrar trabajo y puedan integrarse en la sociedad. Hay medidas muy concretas para que se contrate a personas que fueron condenadas y que han cumplido su sentencia, que se les regule el derecho a sufragar dentro de las cárceles a quienes tienen derecho constitucional para hacerlo, eliminación de antecedentes y otros programas educacionales y laborales que permiten que una persona que cumple una condena, pueda desarrollarse y salga mejor persona.

-¿Cuál es la realidad de las personas privadas en libertad?

- Tenemos un 50% de personas que están privadas de libertad que son reincidentes.

- ¿Cómo se puede generar consciencia?

- Creo que fue muy importante la visita del Papa y mayor aún, a la cárcel femenina. Esto marcó un hito al dar un mensaje donde llamó a instalar ese tema en el ámbito nacional. Hizo un llamado para entender que la reinserción social es fundamental y que las personas que están condenadas son seres humanos con bienes y derechos. Tenemos que escogerlo como sociedad chilena, discutirlo y elaborar políticas públicas que pretendan la reinserción social, en un país donde se tiende a estigmatizar a las personas que han sido condenadas y no siempre son personas que actúan única y exclusivamente motivadas por hacer el mal a otro, sino que hay otras de índole económico, falta de oportunidades que inciden en la realización de los delitos.

- ¿Se contempla que los registros de condena desaparezcan, sabiendo que para postular a un trabajo es un impedimento?

- Sí, creemos que es importante la eliminación de antecedentes y que debe ser mucho más expedito para que estos hechos no sigan apareciendo en los certificados. Pero tampoco descartamos que más adelante entremos en una discusión más de fondo sobre la validez de exigir, a la hora de encontrar trabajo, el certificado de antecedentes cuando una persona haya cumplido una condena. Con la excepción sí de algunos delitos vinculados a oficio ya que probablemente el vínculo con el delito que se cometió pueda generar algún tipo de complicación. Es recomendable que se mantenga el registro de personas que han cometido delitos sexuales para que no puedan vincularse ni trabajen con menores, así mismo tratándose con personas que han sido reincidentes y han conducido o realizado algún delito bajo el estado de ebriedad.

"Lo que establece la ley es que para que se acredite la enajenación mental, la evaluación médica sea desarrollada por un ente público, en este caso, el Servicio Médico Legal" ."

mantenga el registro de personas

que han cometido delitos sexuales"

"Creo que es muy importante la visita del Papa a la cárcel femenina. Hizo un llamado para entender que la reinserción social es fundamental y que las personas que están condenadas son seres humanos con bienes y derechos"."