El concejal de Viña del Mar, Jaime Varas, confirmó ayer que analiza junto a un grupo de abogados una propuesta para modificar o crear una nueva ordenanza municipal que regule de manera especial los establecimientos que venden alcohol junto a la playa al atardecer -conocidos como Sunset en la Ciudad Jardín-, especialmente en la época de verano.

Varas aseguró que "debemos avanzar sustantivamente en mejorar las condiciones de los locales de entretención en Viña del Mar e irnos adecuando a las necesidades actuales, con normas específicas para cada uno de los negocios que buscan generar ingresos y, en definitiva, transformarse en un atractivo para una ciudad turística como la nuestra".

Varas precisó que la propuesta de ordenanza está eorientada principalmente a que los locales que funcionan durante la época de verano - como los sunset específicamente - puedan tener un tipo de permiso especial, enfocado bajo una serie de normas legales, pero bajo criterios modernos de funcionamiento.

Katherine Escalona M.

El acuerdo suscrito esta semana entre el gobierno y las empresas generadoras de energía para poner fin a las plantas termoeléctricas alimentadas con carbón en todo el país tendrá un fuerte impacto en la Región de Valparaíso, confirmó el seremi de Energía (s), Aland Tapia.

En la zona se encuentran operando actualmente cuatro termoeléctricas a carbón, todas de la empresa Aes Gener, y existen cuatro proyectos aprobados - de las mismas características- por parte del Servicio de Evaluación Ambiental.

Para ver cómo se aplicará este acuerdo, informó el seremi Tapia, "en la región se constituirá una mesa de trabajo para determinar cuál será el camino a seguir para el cese programado gradual, donde va a estar incorporado el Gobierno y las empresas".

Sobre cuándo se realizará el primer encuentro, Tapia afirmó que no existe claridad. Sin embargo, recalcó que hay un buen precedente, porque la ministra de Energía del gobierno del Presidente electo Sebastián Piñera, Susana Jiménez, manifestó su conformidad con el acuerdo.

"Lo que dijo la ministra Jiménez es que a ella le parecía bien el acuerdo y seguirá liderando en la lógica de lo que se había establecido", recalcó Tapia.

El acuerdo para poner fin a este tipo de termoeléctricas significará, según explicó Tapia, una baja en las emisiones contaminantes y un paso hacia la consolidación de las fuentes de energías renovables."Las energías renovables han sido bastante protagonistas en las últimas licitaciones de suministros realizadas en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, logrando reducciones de precios de hasta un 75% con respecto a la última licitación realizada el año 2013. Esto va a contribuir, sin duda, a la meta de contar con un 70% de energías renovables en la matriz eléctrica del país al año 2050", expuso la autoridad.

Las energías renovables, explicó el ejecutivo, "constituyen el 8,3% de la potencia total instalada en la Región de Valparaíso, y aportan más del 6% de electricidad generada en la región".

En tanto, la generación eléctrica a carbón constituye hoy un 40% de la matriz que alimenta al país, otorgando seguridad y eficiencia económica. "Habiendo desarrollado, además, importantes inversiones recientes que les permiten hoy contar con los más altos estándares de reducción de emisiones contaminantes locales", expuso Tapia.

Además, dijo la autoridad, se debe considerar que "en la región existen 4 centrales a carbón, todas ellas ubicadas en Puchuncaví, las que con sus 884 MW constituyen el 26% de la potencia instalada regional y aportan alrededor del 7% de electricidad al país".

La mesa de trabajo que se implementará en la región por esta materia, aclaró Tapia, incluirá a las empresas Aes Gener, Grenergy, Loa Solar Spa, GR Lingue Spa y Chester Solar I Spa. Las cuatro últimas del listado, por tener proyectos de centrales fotovoltaicas aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

En Puchuncaví actualmente funcionan en dependencias de Aes Gener: Ventanas 1, Ventanas 2, Ventanas 3 y Ventanas 4. A estos se suman cuatro proyectos más que fueron aprobados entre el 2016 y 2017: el parque solar fotovoltaico Cabisol, el proyecto fotovoltaico Encon Solar, el parque solar fotovoltaico Panquehue y la planta fotovoltaica Jahuel.

"En esos 4 proyectos tenemos un nivel de inversión de US$ 46.945 y significan una mano de obra cercana a los 284 empleos en el caso de estas cuatro centrales operen", afirmó el seremi Tapia.

"Las energías renovables han sido bastante protagonistas en las últimas licitaciones de suministros realizadas en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet"

Aland Tapia, Seremi (s) de Energía"

La empresa Portoalto Limitada, dueña de la propiedad en el exrestaurante de la playa Los Lilenes, en Concón, aseguró que sería un agravio que se aplicara la decisión de Contraloría que modifica la línea de alta marea establecida por la Armada para dicho sector e insistió en que el organismo no tiene competencia técnica para tomar esa decisión.

El asunto forma parte de un recurso de protección que la firma interpuso contra el contralor Bermúdez y que éste contestó recientemente con un argumento que insiste en ordenar una nueva medición.

El proceso es clave para definir los deslindes de la propiedad que Portoalto tiene en el lugar, predio para el cual tiene previsto un proyecto inmobiliario y turístico.

"Lo primero que le acusamos al contralor es que él es incompetente para haber dejado sin efecto el acto. Él como Contraloría puede tomar razón de los actos, puede sugerir a la Armada que inicie un procedimiento, pero no puede dejar sin efecto lo establecido en relación a la línea de alta marea", asevero el abogado representante de Portoalto, Juan Peirano.

La Contraloría, afirmó Peirano, "reconoce que mediante el dictamen se están afectando los deslindes de un inmueble particular, materia que está fuera de su competencia en atención a ser un asunto de naturaleza litigiosa. Lo anterior autoriza el ejercicio de las medidas de protección por parte de la Corte de Apelaciones".

En el recurso de protección, la empresa argumenta tres transgresiones. La primera, expuso el abogado, "tiene que ver con la igualdad ante la ley, la otra es discriminación arbitraria y lo último que se habla es la protección del derecho a propiedad. La Corte va a revisar las facultades que el contralor tiene y también va a quedar establecido que ese acto no tiene por qué dejar sin efecto. La facultad de dejar sin efecto el acto (de modificación de alta marea que realizó Directemar en el año 2016) no la tenía".