En estos días se ha presentado el proyecto del consorcio TVS (Tren Valparaíso Santiago), de capitales chilenos y chinos que viene a resolver- con altas probabilidades de viabilidad- la ansiada conexión entre Valparaíso y Santiago, con el importante agregado de integrar también al puerto de San Antonio.

Según lo que hemos podido ver en los medios y recientemente en el desayuno organizado el 25 de enero recién pasado por la Fundación P!ensa y el Mercurio de Valparaíso y que contó con un nutrido abanico de constituyentes de la región, el proyecto que pretende unir a las ciudades de Valparaiso con Santiago representa una inversión de 1.600 millones de dólares y una solución eficiente de conectividad para las personas y la carga, destinada a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro territorio, aportando conjuntamente al desarrollo urbano, comercial, cultural y social y convirtiéndose en un catalizador de desarrollo no sólo para la región, sino que para el País.

Los antecedentes expuestos por el grupo Consorcio hablan de la rentabilidad social del proyecto, clave para asegurar la viabilidad del TVS, así como también la rentabilidad privada que ha permitido que el grupo empresarial haya comprometido la ejecución del proyecto ante las instancias políticas y técnicas del Estado de Chile. Oportunidades como estas, que realmente van directo a la solución de los problemas que hoy aquejan la calidad de vida y afectan nuestra actividad económica, no pueden, ni deben, quedar en estado de latencia permanente, como ha sucedido anteriormente con proyectos que buscaban alcanzar objetivos similares. Siempre habrá motivos para diferir al momento de tomar decisiones, pero como Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, estamos ciertos que esta inversión-y sus positivos efectos en las personas-, debe ser implementada lo antes posible. Antes que "nos deje el tren".

En base a la mirada que pretende incorporar el nuevo gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo, queremos solicitar que este proyecto de cuenta de la relevancia que debe tener en el foco gubernamental, la descentralización y el desarrollo regional, objetivos que en este caso no sólo favorecen a nuestra región, sino que permitirían desconcentrar las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

Si en los inicios de la primera revolución industrial, el tren fue el motor del crecimiento y desarrollo, tanto humano como territorial, en los albores de la 4ta revolución, es la tecnología la que actúa como motor y que, puesta al servicio de la movilidad, genera integración y desarrollo territorial, reducción de la congestión y de la contaminación, eficiencia en la cadena logística, nuevas posibilidades en turismo y cultura, además de otros efectos positivos. Pero el gran impacto será sin duda en la calidad de vida de quienes viven y quieren vivir en la región, permitiéndoles disminuir de forma considerable los tiempos de viaje, conciliando de mejor forma la familia, el trabajo y el descanso.

En esta vuelta, no hay motivo para que "nos deje el tren". Juntemos voluntades y hagamos que este adelanto de la conectividad se haga realidad por el bien de todos.

Pier-Paolo Zaccarelli Fasce

Presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso

El gobierno que termina llevó adelante un conjunto de reformas en educación que provocaron una dosis significativa de rechazo y apoyo, lo que en sí mismo constituye un hecho del mayor interés sociológico y político. A la vez, nadie podría desconocer que se llevaron a efecto según los procedimientos institucionales existentes.

Toda la educación, tanto la privada como la estatal, contará con un nuevo marco regulatorio, apoyado por una institucionalidad pública mejor dotada, con más atribuciones legales y recursos. En todos los niveles educacionales se han fortalecido capacidades del Estado destinadas a garantizar mejores estándares de calidad y responsabilidad tanto en la provisión privada como pública. No hay un cambio radical de modelo de desarrollo de nuestro sistema educacional en el sentido que se termine con la privatización creciente y se pase a un predominio de la provisión estatal, ni se termina con la libertad de enseñanza o la autonomía de proyectos educativos. Dicho esto, a mi juicio, el conflicto fue mucho mayor que el riesgo que vieron quienes se opusieron a estas reformas. Es probable que se diga, que gracias a esa contención la reforma no llegó más lejos, o que se siga pensando que fue lo peor que pudo ocurrir.

Miradas estas reformas desde quienes estuvimos por apoyarlas, el balance es más bien más matizado. Por una parte, no se avanzó lo suficiente en un marco regulatorio que garantice eficazmente el destino de recursos fiscales a fines públicos en educación, perdiendo una oportunidad para elevar los estándares de calidad y los aportes del sistema educacional a la construcción de una sociedad democrática. En este sentido, en educación superior la reforma se quedó más bien en atender a la contingencia y a la cobertura, sin responder a la complejidad del aporte que las universidades pueden y deben hacer al sistema cultural, económico e institucional del país.

El matiz proviene simplemente del hecho de reconocer que en esta reforma hay cambios institucionales sustantivos en favor de toda la educación del país. El fortalecimiento de la institucionalidad pública en todos los niveles del sistema, terminar de modo gradual con la municipalización, crear las Subsecretarías en educación parvularia y superior, la gratuidad para los sectores más vulnerables, la acreditación obligatoria en educación superior, la Superintendencia de educación superior, por nombrar solo algunos de tales cambios, constituyen transformaciones y aportes imprescindibles. Si a ello agregamos que el proceso político en que se dio la discusión derivó en un clima claramente adverso a estas reformas al poco tiempo de instalado el actual gobierno, que condujo finalmente a un triunfo político indubitado de la oposición, el balance debe ser más bien positivo.

Desde 1981 no se hacía una reforma educacional de esta envergadura. La diferencia queda clara, esta es una reforma en democracia. En consecuencia, una razonable lealtad cívica nos debe convocar a todos, tanto a respetar esta decisión legítima de las instituciones que nos rigen como a obtener de ella los mejores efectos en su aplicación.

Rector Universidad de Valparaíso

Aldo Valle