El detrimento del sentido cívico y el alejamiento de los ciudadanos respecto a los asuntos públicos son temas recurrentes en las reflexiones políticas de los últimos años. En otras palabras, parece existir una suerte de disociación entre la vida pública y la vida privada, lo que se ha transformado en una problemática que subyace al malestar, al descontento y a la desafección ciudadana. Si bien desde la intelectualidad han existido distintas propuestas para desafiar o sobrellevar esta realidad, usualmente surge en los análisis una arista concreta que se plantea como piedra angular de un verdadero cambio sociopolítico: repensar nuestros barrios y ciudades.

El fundamento de esta idea es bastante lógico, pues sería precisamente allí, en la ciudad, donde se generaría el verdadero encuentro cívico. Sin embargo, todos sabemos que se hace bastante complicado vivir esa "vida pública" con calles sucias y llenas de perros vagos, con plazas y zonas verdes cada día más escasas, con paseos costeros y juegos que se han transformado en un lujo de balnearios sofisticados, y con un sistema de transporte poco amigable e ineficiente. Bajo este prisma, entonces, todas estas preocupaciones no sólo deben ser miradas como elementos esenciales de la calidad de vida de los individuos, sino que también como el verdadero sustento de la vida comunitaria.

Por todo esto, no podemos sino celebrar el reciente anuncio del Consejo de Desarrollo Urbano, que planea entregar en marzo una propuesta de 50 indicadores para desarrollar nuestras ciudades. El estudio, que se ha venido preparando en los últimos dos años, toca temáticas esenciales en relación al desarrollo de la vida social. Hablamos, por ejemplo, de la existencia de plazas y paraderos cada cinco cuadras, la instalación de colegios cada un kilómetro, el establecimiento de recorridos de una hora como máximo en el transporte público, entre muchas otras cosas.

En la región de Valparaíso bien sabemos que estas temáticas son especialmente complejas. En la última Encuesta sobre Calidad de Vida de la Fundación P!ensa observamos la insatisfacción ciudadana respecto al transporte, conectividad, seguridad y equipamiento urbano, todas dimensiones esencialmente ligadas al buen desarrollo de la vida comunitaria. Por eso mismo, urge que los indicadores presentados por el Consejo de Desarrollo Urbano aporten algo más que al mero diagnóstico, pero también urge trabajarlos con cautela. Y es que, si bien la estandarización de la evaluación aportará información más que relevante en cuanto al desarrollo inequitativo de nuestras ciudades, quienes estudiamos, vivimos y trabajamos en provincias bien sabemos que los territorios son ricos en su complejidad y diversidad. El gran desafío, entonces, es planificar y desarrollar nuestras ciudades en torno a sus inherentes identidades. Lamentablemente, esto no se asegura con indicadores estandarizados, sino que más bien con descentralización.

Ya hemos aclarado que la propuesta del Consejo de Desarrollo Urbano representa una gran noticia. Sin embargo, debemos estar plenamente conscientes de que la heterogeneidad territorial opera en todo orden de cosas. Desarrollemos nuestras ciudades desde su historia, sólo así podremos fortalecer la vida social y comunitaria.

Director de Estudios de Fundación Piensa y Académico UAI

Pedro Fierro Zamora

Todos los tiempos y todos los lugares tienen palabras que adquieren preponderancia, que son relevadas en su uso, que asumen una dimensión mayor, si hacemos el ejercicio de comparar. Algunas de ellas de vieja estirpe, de origen milenario incluso, que suben y bajan en la montaña rusa de las preferencias y las tendencias. También hay palabras que tienen un bagaje intelectual que las sostiene, construido a través del pensamiento, el estudio, las experiencias, los triunfos y las derrotas, las caídas y el progreso de la humanidad. Las hay, por tanto, antiguas y nuevas, aunque siempre reflejan el devenir. Así, por ejemplo, ciudadanía y ciudadanos se encuentran hoy en uso frecuente. La cuestión a preguntarse, más allá de la bondad de tan importantes conceptos y su construcción e historia, es si estos tienen un mismo significado para quien los usa. O, más aún, si su uso tiene una misma intencionalidad. Claro, un buen pensador podría darnos una rápida y certera respuesta a una pregunta que podría ser inútil. O un dogmático, seguro de sí mismo, podría sostener la misma inutilidad de este escrito.

Una visita a los diccionarios nos abre perspectivas acerca de los significados y las interpretaciones establecidas hasta hoy. También en la literatura se podrá encontrar un interminable número de estudios -de diverso rigor- y reflexiones sobre ciudadanía y ciudadanos y su vinculación a muchos otros conceptos constituyentes de la familia de la cosa pública. En diversos países podemos encontrar organizaciones políticas que la incluyen como el propio nombre de la agrupación, o en sus estatutos. Eso prueba la relevancia del concepto. Más aún, se pueden encontrar líderes altamente preparados intelectualmente y con años de profunda experiencia en la cuestión política que adhieren y usan la palabra en sus discursos. Por tanto se puede concluir que es algo que vale la pena, que tiene sentido para la gobernanza, que se vincula a la democracia, que se hermana a la participación auténtica, que puede ser vertiente del bien común, que dice relación con la dignidad humana.

¿Puede uno dudar de las intenciones de otros cuando hacen uso de ella? Difícil respuesta, pues la intención radica en la consciencia de ese otro. Afortunadamente, todos seremos medidos por los hechos, las conductas, la coherencia entre el discurso y la acción. Todo ello en el ambiguo mundo de las percepciones humanas y la dificultad para tocar la realidad, donde las palabras que pueden explicar todo, además de la condición de fenómeno percibido que tiene la credibilidad. Podríamos, tal vez, hablar de la pureza de los conceptos ciudadanía y ciudadanos, de un estado ideal, profundamente ético que no da espacio a la instrumentalización de la persona humana para ponerla al servicio de una ideología, de las asumidas como insuperables ideas y objetivos, cuando se siente como igual el objetivo personal (la búsqueda del mero poder) y el social. Igual como con la palabra pueblo, existen ejemplos variados y opuestos, nobles y abusivos, del uso de ciudadanos. Larga es la historia. La palabra ha estado en boca de dictadores, de candidatos a dictadores, de los que camuflan su deseo íntimo, y -afortunadamente- de nobles servidores que por sus hechos serán conocidos.

Bernardo Donoso Riveros

Profesor PUCV

En un grato ambiente sureño el Presidente electo Sebastián Piñera, junto a su comité político, estudia la designación de 33 subsecretarios y 15 intendentes. Se analizan 160 nombres para esos cargos. Es posible que el 19 de febrero se conozcan las nominaciones. Pero la tarea no termina ahí, pues hay que designar gobernadores provinciales, ocho en el caso de la Región de Valparaíso, y secretarios regionales ministeriales. Muchos cargos, muchos nombres y, seamos realistas, muchas presiones. Finalmente la última palabra es del Presidente de la República.

Tarea compleja, pero queda otra materia en el capítulo de los cargos públicos. Aquellos nombrados por el sistema de Alta Dirección Pública, ADP, norma legal que busca, idealmente, excelencia funcionaria mediante concursos abiertos, donde en último término, aparecen condicionantes políticas.

En la Región de Valparaíso hay 32 altos funcionarios en esa calidad. El exintendente Raúl Celis declaró al respecto que "en el caso de los servicios que cumplen una tarea más bien política, me parece que lo lógico es remover a la autoridad. Pedirles la renuncia es una posibilidad, pero me parece que muy pocos lo harían". Por su lado, los diputados electos de RN Luis Pardo y Andrés Celis sostienen que aquellos funcionarios que actúen como operadores políticos deberían renunciar. Matiza el punto Celis afirmando que se deberían mantener quienes "tienen un formación técnica y han tenido buen desempeño".

Conforme a la norma actual sobre ADP el Presidente Piñera podría remover a 12 altos cargos, previa indemnización, pues tienen contrato de trabajo a tres años. Muchos de los actuales titulares tienen connotación política (al igual como pasó en el primer gobierno de Piñera), tanto por su actuación en las recientes campañas presidenciales y parlamentarias, como por su designación.

La materia es delicada, pues las reparticiones de las cuales son titulares finalmente son las ejecutoras de políticas oficiales que corresponden a un programa que, necesariamente, no se ajusta al pensamiento y al trabajo previo de esos profesionales. Y esos funcionarios, en teoría, deben actuar en sus áreas en sintonía con las nuevas autoridades.

Hay materias clave con nuevos enfoques como salud, educación y servicios de alcance económico, por ejemplo, donde debe existir coordinación vertical y horizontal. Está también el factor confianza, cuestión subjetiva, pero importante para el desempeño de las nuevas autoridades. Ahora, si ha habido un buen desempeño, porqué removerlos. Ahí pierde el sentido original de la Alta Dirección Pública; por el contrario, si son cargos eminentemente políticos, porqué están bajo ADP.

Estamos a menos de un mes del cambio de gobierno. Días de definiciones, de nuevos nombres y de decisiones que idealmente buscan lograr coordinación, sintonía y confianza, cuestión que pasa, justamente, por los aciertos o desaciertos en nominaciones o remociones en decenas de cargos públicos. Nada nuevo bajo el sol…