La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó ayer, de manera unánime, la suspensión condicional de la causa por cohecho que enfrentaba la empresa SQM como persona jurídica, luego del acuerdo entre la empresa y la fiscalía que fue validado por el Octavo Juzgado de Garantía el pasado 28 de enero.

Dicho acuerdo con la Fiscalía compromete a la minera no metálica a pagar un total de $2.550 millones, de los que $900 millones son para a beneficio fiscal y otros $1.650 millones para fundaciones. Entre las organizaciones están Fundación Debra,Pequeño Cottolengo de Cerrillos, el Hospital Sanatorio Marítimo de Viña del Mar y la ONG Toki de Isla de Pascua. A esto último se suma la entrega de un informe de cumplimiento de medidas anti corrupción.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrió ayer al tribunal de alzada para impedir ese acuerdo de SQM con el Ministerio Público, cuestionando que esa salida alternativa pueda ser interpretada como una señal por parte de la ciudadanía.

El acuerdo se produjo en el marco de la investigación contra la firma por presunto cohecho, en una arista del caso surgida en 2016 que involucra al ex senador de la UDI y ex ministro de Economía, Pablo Longueira.

Según la indagatoria, la ex autoridad firmó en 2011 dos contratos de invariabilidad tributaria con representantes de SQM y SQM Salar, cuando ya ejercía el segundo cargo político, generando millonarias pérdidas al fisco.

Gómez celebra fallo

Tras conocer la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, celebró que se haya dado luz verde a un acuerdo que calificó como "excelente".

"Estamos muy satisfechos. Creemos que es una excelente salida para el caso", dijo Gómez tras conocer la sentencia.

"Lo primero que he hecho ha sido comunicarme con las fundaciones receptoras de estas grandes sumas de dinero, y la alegría de ellos era total, porque se va a hacer mucho bien a mucha gente, y eso nos tiene muy contentos a nosotros como Ministerio Público", agregó el persecutor.

"lo esperábamos"

Reacción similar tuvo el abogado de SQM Hugo Rivera, quien en declaraciones que consignó "Cooperativa", manifestó que "confiábamos plenamente (en la ratificación), porque lo que se estaba pidiendo es lo que la ley dice".

"La ley es la ley y estamos en un Estado de Derecho. Hay que sujetarse a la ley", dijo Rivera, que aseguró que sus alegatos del martes demuestran que "todos los argumentos de política criminal caen por su propio peso".

"(El veredicto) lo esperábamos, pero siempre uno quiere ver las resoluciones escritas, así que obviamente estamos contentos", agregó el profesional que representa a la minera no metálica.

El Ministerio del Interior concretó ayer la apelación al sobreseimiento definitivo de los comuneros mapuche investigados en la denominada "Operación Huracán".

El abogado Matías Moya presentó ayer, ante la Corte de Apelaciones de Temuco, un recurso contra la resolución que decretó el sobreseimiento definitivo de la causa y pidió que el Juzgado de Garantía de Temuco reabra el caso. El profesional, además, interpuso un recurso de queja en contra del tribunal por la resolución que no admitió la reapertura de la investigación, así como para hacer una presentación ante el Fiscal Nacional sobre las situaciones que ocurrieron en el proceso.

El documento, de 20 páginas, realiza una crítica al trabajo de la Fiscalía, acusando una indagatoria incompleta, con falta de rigurosidad y errores en la metodología.

El Gobierno, asimismo, solicitó al tribunal de alzada que un organismo calificado haga un informe para aclarar la "evidente opacidad" de la investigación, acusando contradicciones entre los informes de la Fiscalía y Carabineros respecto a la veracidad de las pruebas, según consignó "Cooperativa".

Esto luego de que el Ministerio Público comunicara, la semana pasada, su decisión de no perserverar en la investigación debido a las acusaciones de presunta manipulación de las pruebas por parte de Carabineros, lo que a su vez derivó en dos investigaciones: una administrativa de la institución y una de la Fiscalía.

Ésta última está a cargo del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien en entrevista con "T13" explicó que la Fiscalía no ha pedido la colaboración del FBI para su indagatoria y que ésta fue solicitada por Carabineros para su investigación administrativa.

Carabineros pidió a comienzos de mes la colaboración del FBI para analice los mensajes de Whatsapp y Telegram que habrían intercambiado los comuneros mapuche que fueron sobreseídos.

Palma señaló que no se descarta la participación de más civiles en el caso, en el que hasta ahora el único no uniformado es Alex Smith, el creador del cuestionado software "Antorcha".

"No puedo descartar nada, hoy existen varias personas que están siendo investigadas y que tienen el rótulo como imputados en el marco de las querellas y denuncias que se han presentado y que son varias", dijo. "Por lo tanto, a medida que avancemos en las pesquisas obviamente que pueden existir nuevas personas que tengan el carácter de imputado", añadió.

Palma, asimismo, comentó los antecedentes expuestos por una publicación de Ciper Chile, que asegura que los presuntos diálogos virtuales que habría sostenido el líder de la CAM, Héctor Llaitul, con otro de los detenidos fueron enviados por el miembro de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIEO), capitán Leonardo Osses, a Smith para que éste, supuestamente, los ingresara a los celulares de los detenidos.

Al respecto, Palma comentó que hay que corroborar esa información y que eso "forma parte de las pesquisas".

"A medida que avancemos en las pesquisas obviamente que pueden existir nuevas personas imputadas".

Carlos Palma, Fiscal regional de Aysén."