Cristián Rodríguez F.

Con bastante atención han seguido los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename) la etapa de cierre en la que entró hace una semana el Cread de Playa Ancha. Y es que la repentina decisión adoptada por el Ministerio de Justicia -sumada a la incertidumbre que ha rodeado al proceso los primeros días- hizo que los hogares privados no escondieran su preocupación frente al destino que podrían tener los cerca de 65 niños y jóvenes que allí residen.

Por ello, este martes seis fundaciones de la región se reunieron para definir qué tipo de postura adoptarán frente a las decisiones del servicio que eventualmente los podría involucrar. De hecho, a su juicio resulta casi evidente que buena parte de los menores del Cread serán trasladados a sus hogares, lo que haría modificar el sistema de residencia con el que cuentan actualmente.

Tras discutir los alcances que podría tener la decisión del actual Gobierno, las fundaciones María Ayuda y Padre Alfonso Boes, María de la Luz San Felipe, Patronato de los Sagrados Corazones, Refugio de Cristo, Aldeas Cardenal Punta de Tralca y el proyecto Padres Capuchinos de Villa Alemana suscribieron una carta en la que manifestaron, como primera cosa, que se encuentran disponibles a colaborar abiertamente en el proceso de cierre.

"El motor que nos impulsa es el bien superior del niño, de modo que nos preocupa saber qué será de estos niños y niñas", indicaron los hogares, los que calificaron la decisión como "acertada", debido a las "graves vulneraciones de derechos que hemos conocido en los últimos años" al interior del recinto playaanchino.

Por lo mismo, las fundaciones no se opusieron a recibir a los menores del Cread si así lo dispone el Sename. Sin embargo, advirtieron que dichos traslados deben ir asociados a la entrega de mayores recursos debido a la alta complejidad que presentan la mayoría de ellos. "Queremos poner a disposición de la autoridad del servicio nuestra experiencia para apoyar la planificación y ejecución del cierre del Cread de Playa Ancha, que permita tomar las mejores decisiones para cada uno de los niños y niñas internos", indicaron las fundaciones colaboradoras.

Uno de los escenarios probables, según ha trascendido desde el propio servicio, es que se habiliten entre tres y cuatro nuevos hogares en la región -separados entre hombres y mujeres- que permitan crear un ambiente de residencia con no más de doce menores en cada lugar.

No obstante, dicha alternativa sería posible sólo en el mediano y largo plazo, por lo que no podrían cumplir con la exigencia que habría hecho el Comité de Derechos del Niño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ambos pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas.

De allí que la alternativa más próxima es que los organismos colaboradores acojan en pequeños grupos a los menores. "Queremos participar de manera activa en la toma de decisiones respecto de los ingresos que se generarán a raíz del proceso de cierre", indicaron los organismos, destacando que una de sus preocupación es "evitar que se afecte gravemente la convivencia en nuestras residencias".

Para ello, sin embargo, indicaron que es indispensable la entrega de mayores recursos por parte del Estado. En esa línea, cabe recordar que durante los últimos años los organismos colaboradores han advertido que si no se aumentan las subvenciones deberán empezar a cerrar los hogares.

"En aquellos casos en que podamos acoger a algunos de los niños y niñas trasladados del Cread, se hace necesario contar con recursos financieros equivalentes, a lo menos, a los que tenían en dicho centro", comentaron las fundaciones. "Lo anterior -agregaron- nos permitirá entregar una atención integral, especializada y oportuna, dirigida a lograr la restitución de sus derechos, especialmente el de vivir y crecer en familia, evitando con ello que esta nueva intervención se convierta en una nueva vulneración".Para contextualizar la situación, lo que ha trascendido en los últimos años es que el Estado gasta entre $1,6 y $2 millones por cada menor que reside en uno de los diez Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) que existen en el país. La diferencia es abismante si se compara con los $250 mil que, en promedio, recibe un hogar privado por cada menor, lo que en algunos casos sólo alcanza a cubrir un 40% de los gastos mensuales.

"En Chile no hay niños y niñas de primera o segunda categoría. Todos ellos, independiente de sus contextos de mayor o menor complejidad, pueden ser competencia de nuestra labor como organismos colaboradores", comentaron las seis fundaciones.

Al respecto, Lisette Allende, gerente general de la Fundación María de la Luz, que atiende a 40 menores en la residencia Pablo VI en San Felipe, sostuvo que es excluyente que el organismo disponga de mayores recursos si es que decide trasladar a los menores del Cread a un hogar privado.

"Si no es con igualdad de recursos estamos imposibilidatos de recibir a menores con alta complejidad. No podemos asumir una decisión de esa naturaleza sin una planificación previa y sin la entrega de recursos", comentó la gerente, quien también mostró su preocupación ante la falta de un Cread en la región. "Nosotros hemos tenido que derivar a menores al centro de Playa Ancha, por lo tanto no sabemos qué va a pasar ahora si es que se nos presenta un caso similar", agregó Allende.

Por su parte, el Padre Enrique Opaso, director del Refugio de Cristo, explicó que "cada menor requiere una atención especializada y un trato preferencial, pero no todos los hogares pueden entregárselo".

"Si uno entra a una de nuestras residencias se va a dar cuenta que no estamos capacitados para entregarles una atención adecuada. Entonces, aparte de alterar el normal funcionamiento, a ese niño lo vamos a volver a vulnerar en sus derechos porque es como si lo mandáramos a una casa donde no hay comida", explicó el director, agregando que "queremos ser parte de una buena solución que termine con el menor de vuelta con su familia".

A raíz de lo mismo, los organismos firmantes se reunirán este lunes con representantes del servicio en la Región de Valparaíso.

"Si no es con igualdad de recursos estamos imposibilidatos de recibir a menores de alta complejidad"

Lisette Allende, Gerente general Fundación, María de la Luz"

"Como organismos colaboradores queremos ser parte de una buena solución que termine con el menor de vuelta con su familia"

Padre Enrique Opaso, Director del Refugio de Cristo"

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