Tras haber sido sobreseído definitivamente por la Justicia junto a los otro siete comuneros mapuche detenidos en la llamada "Operación Huracán", el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, aseveró que el caso "se cae a pedazos" y que la supuesta implantación de pruebas falsas para incriminarlos "es sólo la punta del iceberg de lo que está detrás".

En una conferencia de prensa en Santiago, junto a su abogado Rodrigo Román, Llaitul afirmó que "entre los poderes no hay diálogo de cómo abordar no sólo esta causa, porque ésta es solo la punta del iceberg de lo que está detrás".

Llaitul aseguró que "las forestales, las hidroeléctricas y los latifundistas están detrás de todo el proceso de criminalización. Ellos presionan, fuerzan al gobierno de turno a tomar medidas como estas con un afán desmedido de llevar a los dirigentes mapuches a prisión".

Llaitul sostuvo que "toda esta operación se basa en la mensajería que se ha visto que ha sido implantada, se supone por personal de Carabineros". "Aquí hubo detenciones sin los antecedentes suficientes, porque si analizan en materia jurídica, los antecedentes de mensajería no son suficiente, aun así si estos fueran implantados", añadió el líder de la CAM.

Llaitul también criticó al Gobierno, que se querelló por la presunta manipulación de pruebas, y expresó que "no tiene la altura de miras de reconocer un error, porque las policías no se mandan solas, están bajo la orden constitucional del gobierno central".

Montajes en el wallmapuEl vocero de la CAM también se refirió al supuesto papel que habría cumplido el capitán Leonardo Osses, de Inteligencia de Carabineros que, según una investigación de Ciper Chile, envió archivos de texto al perito informático Alex Smith con las supuestas conversaciones de Llaitul y que serían los mismos que después encontraron en el celular del líder de la CAM.

"El capitán Osses no es nuevo en las operaciones de inteligencia. Está acostumbrado a desarrollar montajes en el Wallmapu", afirmó agregando que el correo de Osses a Smith se habría enviado cuando él y otros siete comuneros ya estaban detenidos por la quema de camiones. "(El correo) fue enviado antes de que los aparatos fueran periciados, lo que da cuenta de que hay implantación, direccionalidad de los contenidos, de los mensajes que nos fueron implantados para acusarnos artificiosamente", aseguró.

Crítica al gobiernoLa abogada defensora de otro de los comuneros sobreseídos, Manuela Royo, se sumó a las críticas contra el Gobierno. "Durante toda la Operación Huracán el Gobierno ni siquiera pidió copia de la carpeta investigativa, no se querelló por asociación ilícita ni pidió ninguna diligencia para esclarecer estos hechos", aseveró.

"Que el Gobierno quiera seguir adelante sabiendo que el Ministerio Público señala que hay pruebas adulteradas, falsas, es pasar por alto todas las garantías del sistema procesal penal", añadió Royo.

Más de dos semanas después de su más reciente declaración pública, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, anunció ayer sanciones tras el sumario realizado por las denuncias de manipulación de pruebas en la denominada "Operación Huracán".

Así, comunicó que llamó a retiro al general Marcelo Teuber, jefe de la zona de La Araucanía de Control de Orden Público, al capitán Patricio Marín y al capitán Leonardo Osses.

Villalobos señaló también que decidió terminar el contrato con el empleado civil Alex Smith, creador del software "Antorcha", que habría captado las supuestas conversaciones de los comuneros mapuche acusados del incendio de camiones que finalmente fueron sobreseídos.

Villalobos explicó que esta sanción es el resultado del sumario administrativo y que, aunque dura, es "necesaria para darle objetividad y transparencia". Asimismo, resaltó que el ministro del Interior, Mario Fernández, está al tanto de esta decisión y que le reportó los "pormenores" de la misma.

Críticas al gobierno

"Inconsistencia" por parte del Gobierno, acusó Marisa Navarrete, la abogada de los siete carabineros investigados por los delitos de violación de secreto, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, infracción a la Ley de Inteligencia, uso malicioso de información y sabotaje informático.

La abogada calificó como "inconsistente" la decisión de La Moneda de querellarse en la causa, acción que concretó el miércoles por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público y que se produjo luego de que apelara al sobreseimiento de los comuneros imputados.

Ejecutivo se defiende

"El gobierno ha hecho dos cosas: una, no estar de acuerdo con el sobreseimiento y, luego, se querella por los hechos en los cuales no está de acuerdo", dijo Navarrete a Radio Universo.

Críticas que fueron descartadas por el ministro vocero de Gobierno (S), Omar Jara, quien dijo que "no hay ninguna señal contradictoria. El Gobierno está trabajando y vamos a dar cuenta de cada uno de los pasos que hemos tomado". "Nosotros nos atenemos a los hechos y hemos presentado recursos que están bien fundamentados", agregó.

Jara dijo que el Ejecutivo recibió, en las últimas 48 horas, información relevante que le hizo tomar la decisión, entre ellas, datos aportados a la causa "por la defensa de los imputados y una reunión entre el fiscal de Aysén (Carlos Palma) y el abogado del ministerio del Interior".

El Juzgado de Garantía de Temuco rechazó ayer la petición de la defensa de los carabineros acusados de manipulación de pruebas y resolvió que la causa se mantenga en la capital de La Araucanía.

La defensa de los funcionarios había solicitado que la causa fuera trasladada a Santiago, argumentando que el principio de ejecución del delito que se investiga ocurrió en la capital.

La fiscalía y los querellantes, por su parte, afirmaron que las diligencias de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros en La Araucanía "se desarrollaron en el segundo piso del inmueble" que utiliza en la calle Pablo Neruda de Temuco.

En la misma audiencia, el tribunal decretó la legalidad de diligencias del Ministerio Público en la investigación contra la unidad de inteligencia de Carabineros. Asimismo, autorizó el acceso de la defensora a la carpeta investigativa y aprobó una nueva declaración ante un tribunal imparcial, que será en tres bloques, el 2, 5 y 6 de marzo.

"Es un caso puntual e involucra a personal de una fiscalía con personal de Inteligencia. No es un problema de la institución".

Bruno Villalobos, General Director de Carabineros."