Rosario Harrison C.
Han pasado más de treinta años desde que en Chile se aplicó por última vez la pena de muerte. Fue en el marco del caso de los psicópatas de Viña y afectó a los sentenciados Carlos Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, quienes enfrentaron el pelotón de fusilamiento el 29 de enero de 1985.
En 2001, la pena capital se derogó en el país y se optó por el presidio perpetuo calificado, que condena a 40 años de cárcel efectiva, tras lo cual se puede solicitar la libertad condicional. Para algunos, este duro castigo hoy no parece ser suficiente.
La abogada Camila Flores (RN), diputada electa por el Distrito 6, volvió a poner el tema sobre la mesa hace unas semanas cuando propuso restituir la pena capital, a raíz del terrible caso de la pequeña Sophie, de 1 año y 11 meses, que fue asesinada por su padre, Francisco Ríos, de 26 años, en el sector de Alerce, en Puerto Montt.
El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), Joe González, dice que hablar de pena de muerte es llegar a un nivel extremo, advirtiendo, además, que no se estaría tomando en cuenta a quiénes estarían encargados de su ejecución, es decir, personal de Gendarmería, en el hipotético caso de que se reponga la cuestionada pena.
- ¿Cuál es la posición de los gendarmes respecto a la discusión de la pena de muerte?
- Lamentamos que sea una discusión importante para el país y que no se tome en consideración la opinión del personal, en el caso hipotético de la restitución de la pena de muerte, de quienes tendrían que aplicarla. Hay que entender que la pena de muerte fue reemplazada por el presidio perpetuo calificado. La última aplicación de la pena de muerte fue con los psicópatas de Viña del Mar, donde efectivamente, aparte de ser un hecho terrible por la connotación de los delitos y también por aplicar la misma pena, existe hay un daño colateral terrible para las personas que tienen que ejecutar la pena de muerte. Hay que reformar el sistema penitenciario, más allá de seguir hablando de endurecer las penas o de la restauración de la pena de muerte. La discusión debería ser cómo se logra cierto nivel de rehabilitación o cómo se logra pesquisar a tiempo a estos infractores de ley que ejecutan delitos tan terribles, como es la violación a menores de edad. Ahí está la discusión, porque efectivamente muchos de estos infractores han tenido pasadas por tribunales o algunas penas menores y es ahí donde la institucionalidad no logra comprender y entender que estas personas pueden volver a reincidir en delitos tan graves. Hay que discutir cómo reformamos este sistema, donde el sistema penitenciario en Chile se basa en políticas de gobierno, no en políticas estatales, más allá de estar discutiendo de si restablecemos la pena de muerte, que creo que es muy difícil que pueda ocurrir. Nos preocupa que cuando ocurren estos hechos de gravedad, siempre se recurra a discutir sobre situaciones o medidas extremas y no se hable sobre lo que verdaderamente necesita el país para poder avanzar en justicia y dignidad y evitar que nuestros niños sean objeto de abusos sexuales, homicidios y otras cosas que son tan graves y que todos rechazamos.
- En este contexto, y de generarse una discusión formal sobre esta materia, ¿debería ser un punto de análisis también la posible vía para llevar a cabo la ejecución?
- El último cuerpo legal que regula o que reguló en su momento la pena de muerte habla de un pelotón de fusilamiento, entonces hoy día tendríamos que discutir si sería fusilamiento, inyección letal, silla eléctrica. Hay un abanico de posibilidades de las cuales podríamos estar discutiendo. Yo creo que es muy difícil sentarse a conversar de manera civilizada cómo vamos a matar a otro. Yo creo que es muy complejo y muy raro que llegase a ocurrir una discusión de esa magnitud, donde tengamos que sentarnos distintos actores, ya sea el Ministerio de Justicia, los funcionarios de Gendarmería, la Fiscalía y todos los actores, a conversar y ponernos de acuerdo en cómo vamos a matar al infractor de ley. Es una conversación muy compleja y que puede traer muchas complejidades a todos los involucrados y generar un miedo profundo a los que hipotéticamente tengan que ejecutar esa pena. Ya sea por la forma en que se ejecute.
- ¿Cuál era la metodología aplicada para la elección de los funcionarios que debían ejecutar la pena?
- En su minuto, el cuerpo legal que regulaba la pena de muerte en Chile trataba de, en primer lugar, que todo fuera por sorteo, para que así fuese al azar la definición del pelotón de fusilamiento. Segundo, instalaban salvas en algunos de los armamentos para que el funcionario no supiera si su arma tenía o no la bala que mataría al condenado. Hoy día, en el año 2018, en que Chile prima el Estado de derecho y es un país democrático, no podemos dejar al azar tal situación de cosas en la que no afecta solamente al condenado, sino que a los propios ejecutores de la pena. Hoy día eso no podría ocurrir y no sería amparado por ningún convenio internacional en materia de derechos humanos el tratamiento de la privación de libertad.
- Quienes están a favor de la pena de muerte critican también la efectividad del presidio perpetuo calificado.
- No comprenden cómo se aplica la condena, no entienden que el presidio perpetuo calificado consigna que recién a los 40 años de la pena los reos pueden pedir libertad condicional, lo que no significa que accedan a ella sólo por ese hecho. Se deben reunir ciertas condiciones establecidas en la norma respectiva como, por ejemplo, buena conducta, haber aprendido algún oficio o haber asistido con regularidad a la escuela del establecimiento (la Comisión de Libertades Condicionales aprobará o rechazará la solicitud).
- A su juicio, ¿qué fallas existen en la actual institucionalidad que, de alguna manera, están promoviendo que temas como éste vuelvan a ser foco de discusión?
- La sensación de impunidad que manifiesta tener la gente radica principalmente en que en instancias tempranas de un delincuente, el sistema de persecución penal debiese ser más acucioso y aplicar penas o medidas cautelares efectivas, pero eso no ocurre generalmente. La discusión debe girar en torno a la prevención del delito, a romper los círculos de la delincuencia y avanzar en mayores niveles de rehabilitación y reinserción.
"La discusión debería ser en relación a cómo se logra cierto nivel de rehabilitación o cómo se logra pesquisar a tiempo a estos infractores de ley que ejecutan delitos tan terribles, como es la violación a menores de edad""
"Nos preocupa que cuando ocurren estos hechos de gravedad, siempre se recurra a discutir sobre situaciones o medidas extremas y no se hable sobre lo que verdaderamente necesita el país para poder avanzar en justicia y dignidad "En instancias tempranas de un delincuente, el sistema de persecución penal debiese ser más acucioso y aplicar penas o medidas cautelares efectivas, pero eso no ocurre generalmente""
