Cristián Rodríguez F.

Por más que el ministro de Justicia, Jaime Campos, haya dicho que son antecedentes "que no nos sorprendieron", puesto que aseguró conocerlos desde hace ya 15 años, el último informe sobre la situación penitenciaria del país, elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, no dejó indiferente a nadie.

Tras visitar 53 recintos carcelarios durante el año pasado, el máximo tribunal concluyó que en la mayoría de ellos se presentan situaciones "graves" que constituyen "significativas violaciones" a los derechos humanos de los internos, los que, además, no contribuyen a una adecuada reinserción social y laboral de los condenados.

Una de aquellas vulneraciones que denunció la Corte Suprema está directamente relacionada con uno de los mayores problemas que enfrenta el sistema penitenciario: los altos niveles de hacinamiento en las cárceles. De acuerdo al informe, 25 de los 53 recintos del país presentan distintas magnitudes de sobrepoblación, generando una diferencia con los otros 28 penales, los que sí disponen de un número no menor de vacantes.

Lo anterior, a juicio del máximo tribunal, produce "nefastas consecuencias" y un "grave atentado a la dignidad de las personas que lo sufren", sobre todo donde la población de un recinto penal llega a casi el triple de su capacidad, como ocurre en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Limache.

Tomando en consideración el número de internos registrados en las nueve cárceles de Valparaíso, la sobrepoblación hasta el 31 de marzo de 2017 llegó a un 46,5%, superando en 40 puntos al promedio nacional (6,5%) y ubicándose como la tercera región con el mayor índice del país detrás de Atacama (70,4%) y el Maule (57,1%).

Si bien en la región hay 3.146 cupos, el informe reveló que hasta dicha fecha existían 4.580 internos (4.251 hombres y 329 mujeres), desencadenando en que la mayoría de los centros -salvo el de Isla de Pascua y el de Casablanca, que fue remodelado en 2017- se encuentren sobrepoblados.

Uno de ellos es el de Limache, cuyo centro es el que presenta el mayor índice de hacinamiento en todo el país: al momento de la visita (23 de agosto de 2017) había 279 reclusos, siendo que la capacidad es para sólo 110 personas, lo que equivale a una sobrepoblación de un 154%.

Ya en 2014 el Instituto Nacional de Derechos Humanos había puesto los ojos sobre el centro de Limache. Ese año, el organismo aseguró que había 303 reclusos para sólo 84 cupos, provocando una sobreocupación de un 260%.

El recinto que aparece por debajo del de Limache es el de San Antonio, con un exceso de internos que llega al 88% (450 reclusos para 240 plazas), seguido por los de Petorca (77,5%) y Quillota (75,9%).

En tanto, el que figura con el índice más bajo (sin considerar a Isla de Pascua, donde sólo hay seis internos para 32 cupos) es el Complejo Penitenciario de Valparaíso, ubicado en el Camino La Pólvora. Sin embargo, aunque sólo registra una sobrepoblación de un 38,4%, el alto número de internos allí presentes (2.563) hace aún más compleja la situación, puesto que sólo hay 1.919 vacantes.

En esa línea, la Corte Suprema cuestionó los informes elaborados por Gendarmería que establecen que la sobrepoblación en el país llega solamente a un 1%. Dicha cifra, según el máximo tribunal, corresponde a un promedio obtenido entre todos los centros penitenciarios -incluido los que sí tienen vacantes-, lo cual "termina ocultando la dramática realidad de que algunos establecimientos tienen graves problemas de superación de su capacidad de ocupación".

Además de la problemática del hacinamiento, la Corte Suprema incluyó en su estudio otros nueve asuntos que atentarían contra los derechos humanos de los internos, como el acceso al agua potable.

Allí, advirtieron que el CP de Valparaíso es uno de los cuatro penales del país donde el suministro es interrumpido algunas horas. "El Complejo Penitenciario de Valparaíso está construido en un cerro. El agua no sube al recinto y los estanques son insuficientes. Por ello, los internos cuentan con agua sólo algunas horas, es decir, esporádicamente", indica el informe.

Pese a que el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, Joe González, coincidió en que lo revelado "es una realidad que nosotros palpamos a diario", criticó al ministro de Justicia (ver página 12) por "hacer creer que el reglamento para los establecimientos penitenciarios que elaboró el Gobierno va a ser la gran solución".

En ese contexto, sostuvo que el Estado debe impulsar una reforma penitenciaria que trascienda a las administraciones de turno, puesto que "no podemos quedar a la suerte de lo que mejor le parezca a un gobierno o a otro". Además, el dirigente criticó que no se tome en cuenta que "la precariedad que se denuncia también lo vivimos los funcionarios de Gendarmería".

En tanto, desde la vereda política la diputada electa Camila Flores (RN) insistió en que un buen mecanismo para mejorar la reinserción es que los internos trabajen mientras cumplen su condena.

"Por más que tengamos un sistema sobrepoblado, no podemos dejar de condenar a quienes están cometiendo delitos. La justicia tiene que seguir funcionando. Por eso es que hay que empezar a disminuir las tasas delictuales, y una alternativa es que los internos trabajen. Lo más dignificante para una persona es trabajar. Se les entregaría esas herramientas y una vez que terminen su condena podrían reinsertarse laboral y socialmente", dijo la futura parlamentaria.

Por su parte, el también diputado electo Marcelo Díaz (PS) comentó que uno de los mayores errores que ha cometido el país es que "nos hemos preocupado de meter gente presa, pero no de reinsertarlos".

"En las mismas cárceles se relacionan personas con una amplia carrera delictual con primerizos, o quienes están cumpliendo condena con los que se encuentran en prisión preventiva. Eso es un error que no pasa por un problema de infraestructura", indicó el exvocero de Gobierno, agregando que "lo que se requiere es una ingeniería en el sistema".

"Aquí se requiere una medida integral, por más que se diga que invertir en los presos es poco popular. Si el próximo gobierno quiere hacer de esto un tema de Estado, va a contar con todo nuestro apoyo", aseguró el diputado electo.

"El CP de Valparaíso está construido en un cerro. El agua no sube al recinto y los estanques son insuficientes. Por ello, los internos cuentan con agua sólo algunas horas"

Informe de la Fiscalía, Judicial de la Corte Suprema"

"Si bien tenemos una sobrepoblación, no podemos dejar de condenar a quienes están cometiendo delitos. Hay que disminuir las tasas delictuales y una alternativa es que los internos trabajen"

Camila Flores, Diputada electa (RN)"

"En las cárceles se relacionan personas con una amplia carrera delictual con primerizos, o los condenados con los que están en prisión preventiva. Eso es un un error"

Marcelo Díaz, Diputado electo (PS)"

279 internos había en 2017 en el Centro de Detención Preventiva de Limache. Sin embargo, el recinto fue construido para recibir a un máximo de 110 reclusos. La sobrepoblación llega a un 154%.

7 de los nueve centros penitenciarios que existen en la Región de Valparaíso están sobrepoblados. Los únicos que no se encuentran en dicha condición son los de Isla de Pascua y Casablanca.

46,5% es el promedio de sobrepoblación que hay en los centros penitenciarios de la zona, ubicando a Valparaíso como la tercera región con el mayor índice del país. El promedio nacional es de 6,5%.