No cabe duda de que en el último tiempo Chile ha figurado en importantes vitrinas internacionales. La firma de los decretos para la creación de la Red de Parques de la Patagonia, que generó más de 800 artículos de prensa en el extranjero, la elección como el destino 2018 por Lonely Planet y la portada obtenida en National Geographic por la protección de casi un tercio de nuestros mares, son sólo algunos de los espacios a los que hago referencia.

Se trata de hitos importantes, que vuelcan la mirada del mundo a Chile impactando favorablemente nuestro posicionamiento global, lo cual es fundamental ya que una imagen país positiva es un activo que permite incrementar exportaciones, inversiones, turismo y generar, finalmente, mejores y mayores oportunidades de crecimiento para la nación y sus habitantes.

Ciertamente, es difícil que alguien ponga en duda que Chile ha logrado sobresalir con éxito en temas de gobernanza y desarrollo económico. Así lo demuestran diversos rankings, como el Best Country for Bussiness, de Forbes, que categoriza 139 países según las condiciones que otorga para la inversión, en el cual nos situamos en el puesto 33. Del mismo modo, en el Global Entrepreneurship Index 2018, figuramos en la casilla 19 entre más de 130 considerados, siendo líderes en Latinoamérica. Sin ir más lejos, el valor atribuido a Chile como marca en 2017 fue de 301 billones de dólares, según el informe Nation Brands de la consultora Brand Finance.

Todos estos logros, fruto de la disciplina y el trabajo sistemático a lo largo de los años, sin duda deben llenarnos de orgullo. No obstante, son también un llamado a recordar que persiste un gran desafío, pues necesitamos traspasar con mayor fuerza ese capital de marca a la percepción de las audiencias masivas extranjeras, para que nos conozcan más y reconozcan con mayor claridad aquellos rasgos que nos convierten en un destino relevante en los ámbitos comerciales, culturales y turísticos.

En este contexto, resulta prioritario enfatizar en que promover imagen país no puede ni debe ser tarea de una sola institución, sino que tiene que ser una labor que nos movilice a todos.

Cada chileno tiene que tomar parte y ser un activo embajador de las bondades de nuestro país. Y ese llamado es aún más relevante para todos los referentes públicos y privados, de distintos sectores, que desde su ámbito de acción proyectan a Chile en el extranjero. Debemos generar aún mayores niveles de coordinación, dialogar en torno a la estrategia de posicionamiento y consensuar un proyecto conjunto para seguir difundiendo de manera favorable la Marca Chile. Ese es justamente el objetivo del primer Encuentro Imagen de Chile, que convocará a más de 100 líderes de opinión de diferentes sectores el próximo 1 de marzo, y que esperamos sea un paso dentro de un esfuerzo sistemático, permanente y que debe despertar el más amplio compromiso.

Porque estamos convencidos de que seguir fortaleciendo la imagen país es posible si lo entendemos como una política de Estado, de largo plazo, que trascienda contingencias y aúne transversalmente voluntades. De este modo, nuestra Marca Chile seguirá siendo un referente, un activo que continúe valorizándose en el tiempo, abriendo oportunidades para todos los chilenos.

Myriam Gómez

Directora Ejecutiva Imagen de Chile

En los últimos días hemos podido leer reiteradamente acerca de la preocupación del alcalde Jorge Sharp por "avanzar en hacer realidad la vivienda como un derecho social". Suena bien. El problema es que tal propósito está fatalmente afectado por las típicas confusiones y contradicciones del Frente Amplio. Por lo pronto, sus propuestas requieren de fondos -sobre cuyo monto no hemos visto un solo número-, que el Municipio no tiene, y que no será fácil obtener cuando el gobierno de Michelle Bachelet ha dejado el lastre de un déficit fiscal del 2,8% del PIB y la alcaldía se ha ocupado sistemáticamente de ahuyentar la inversión privada de la ciudad. Pero eso no es todo. Lo peor es que las políticas que impulsa Sharp dentro del ámbito de competencia municipal apuntan exactamente en la dirección contraria: a dificultar el acceso a la vivienda, volviéndola más escasa y más cara.

El elevado precio de las viviendas es un problema grave en muchas partes del mundo. Y quienes lo han estudiado con rigor no tienen dudas sobre las causas. Salvo situaciones puntuales, como la burbuja crediticia de Estados Unidos y otros sitios en la década pasada, tal carestía es consecuencia de la insuficiente oferta de viviendas, lo que, a su turno, es obra de regulaciones excesivamente restrictivas en materia de uso de suelo y densidad y altura de las construcciones. Ese es el gran punto.

De ello no se sigue que el camino sea el "laissez faire" para la construcción. La planeación urbana -y en nuestro caso incluso metropolitana- es imprescindible y la construcción debe estar regulada. El meollo del asunto es que las reglas sean sensatas. Y la pretensión de Sharp de imponer contra viento y marea límites máximos de 7 a 9 metros a la altura de las viviendas en amplios sectores de la ciudad -y acaso después en toda ella- definitivamente no lo es. Es una política profundamente regresiva. Haría que las viviendas fueran irremediablemente más caras en Valparaíso y que el costo de las viviendas sociales para el Estado aumentara, de modo que podrían levantarse menos de ellas con el dinero disponible, cualquiera sea éste.

Se espera que en los próximos años cientos de miles de personas se muden a eso que aún llamamos Gran Valparaíso. Pero, si las políticas de Sharp se imponen, Valparaíso mismo no sólo no podrá recibirlos. Muchos de sus propios hijos tendrán que emigrar a Curauma y a las demás comunas del Gran Valparaíso. Eso es también socialmente regresivo, pues hace que las personas más vulnerables deban dedicar mucho más tiempo a trasladarse a su lugar de trabajo o estudio. Pero tal vez Sharp nos diga que ya está solucionando ese problema alentando la fuga de los puestos de trabajo.

Esas son algunas de las contradicciones de un Alcalde que exige más fondos públicos mientras ahuyenta la inversión privada y apoya las políticas que han llevado el déficit fiscal a niveles preocupantes; que pide subsidios estatales para abaratar lo que sus propias medidas encarecerían mucho más; y que reclama mayor poder para sí, precisamente cuando la Alcaldía se muestra más distante del bien común de Valparaíso y aparecen actitudes autoritarias que han padecido hasta los concejales de su coalición.

Claudio Oliva Ekelund

Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso

El jueves en la tarde, el Consejo Regional aprobó $2.500 millones para la compra de 12 hectáreas en el fundo Parracias, en la parte alta de Valparaíso para la construcción de viviendas sociales; además dio el visto bueno a la entrega de 5 mil millones para levantar un Cesfam en San Antonio y al inicio de los estudios para un consultorio en Putaendo. Nada fuera de lo común en lo que es la labor de los cores, sin embargo, esta situación generó una dura reacción de parte de los consejeros de Chile Vamos bajo el argumento que quedan menos de tres semanas para el cambio de Gobierno y ya se han comprometido cerca del 90% de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para la gestión 2018.

"Mezquindad política", "irresponsabilidad", "egoísmo extremo", "aprobación desmedida de recursos", fueron sólo algunas de las expresiones emanadas desde los consejeros de Renovación Nacional y la UDI, criticando la actitud del intendente Gabriel Aldoney, pese a que esas iniciativas presupuestarias fueron aprobadas con el voto a favor de esos partidos. En el fondo, aquí lo que molestó a los cores es la supuesta poca capacidad de decisión respecto a estos recursos, que superan los 70 mil millones de pesos, que tendrá la nueva autoridad regional que debería ser designada por el Presidente electo Sebastián Piñera en los próximos días.

La reacción de Aldoney no se hizo esperar y acusó un "doble estándar" de quienes han levantado la voz en la asignación de recursos para distintas obras en la Región de Valparaíso. "Me parece insostenible que una persona que ostenta un cargo de representación popular no tenga el coraje, la valentía, de oponerse a una propuesta que cree que no corresponde", acotó la autoridad regional respecto a esta polémica por los dineros.

Más allá de este cruce de declaraciones entre representantes de Chile Vamos y el intendente regional, el fondo de la discusión es establecer si por el hecho de que exista una nueva administración se deben paralizar -desde las elecciones en adelante- cualquier tipo de entrega de recursos o compromiso de proyectos a la espera de las autoridades que tomarán el mando a contar del próximo 11 de marzo. Al igual, por ejemplo, de inauguraciones de obras que claramente no están finalizadas como ha ocurrido en el pasado. Es legítimo criticar el excesivo compromiso, pero también es entendible que la región debe seguir funcionando pese a estar en las vísperas de un cambio de gobierno.

Lo que sí no puede ocurrir es que en este proceso de aprobación de recursos exista un interés político por sobre el de beneficiar a una comunidad determinada. A la luz de los hechos, más allá del escueto presupuesto que le estaría quedando al próximo intendente y consejo regional, este no sería el caso.

Es bueno que las instituciones del país sigan su funcionamiento y alejar de ellas cualquier acento político que no refleje la necesidad de cubrir las urgencias del ciudadano común y corriente.