En octubre de 2017, los entonces ministros de Medio Ambiente, Marcelo Mena; Obras Públicas, Alberto Undurraga; y Defensa, José Antonio Gómez, firmaron un decreto que establece como "zona saturada" a la cuenca del lago Villarrica de la Región de La Araucanía. Esto, porque, según estudios de 2016, los niveles máximos permitidos de fósforo, nitrógeno, clorofila y transparencia superan en un 80% los establecidos en la Norma Secundaria de Calidad Ambiental. Pero para que comenzara a operar el plan de descontaminación en el lugar, este documento debía ser firmado por la Presidenta de la República, lo que ocurrió el 7 de marzo pasado, cuando lo hizo la ex Presidenta Michelle Bachelet, según consignó ayer "Emol". Actualmente, el decreto se encuentra "en trámite" de "toma de razón" por Contraloría para que posteriormente se publique en el Diario Oficial. Esto implicará que la zona pueda acceder al plan de descontaminación.

El Mineduc extiende el plazo para postular a la gratuidad, becas y créditos

El Ministerio de Educación decidió extender el plazo de postulación a los distintos beneficios estudiantiles como la gratuidad y a las diferentes becas y créditos, a los que se accede a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). El proceso finalizaba ayer a las 14.00 horas, pero el ministerio decidió extender el plazo hasta el próximo viernes 23 de marzo. La postulación para acceder a los beneficios se puede hacer a través de los sitios www.fuas.cl, www.beneficiosestudiantiles.cl o también www.gratuidad.cl. Las asignaciones de esta postulación se conocerán el 30 de abril.

Fonasa posterga venta de bonos web por "problemas de implementación"

En febrero pasado comenzó la venta de bonos online para los afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), a través del sitio web del organismo y en los centros médicos. Sin embargo, este sistema fue suspendido indefinidamente debido a "problemas de implementación". Así lo confirmó ayer el director de Fonasa, Marcelo Mosso, quien apuntó a la administración anterior como responsable de esos problemas. "La administración anterior se había comprometido a que a fines de mes ya no habría venta de bonos en sucursales, pues todo iba a ser en forma digital. Esta situación la vamos a postergar hasta que no tengamos claros los impactos que podamos tener", dijo. Mosso explicó que esta decisión es debido a que "luego de haber estudiado hemos concluido que nos hemos encontrado con serios problemas de implementación" ya que el sistema ha tenido sufrido caídas durante el mes, siendo la última el lunes pasado.

Carolina Collins

Cambiar su detención en Punta Peuco por arresto domiciliario total es la petición que 70 internos de ese penal le hicieron al ministro en visita extraordinaria para causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza.

Así lo informó a través de un comunicado el abogado de la Multigremial de las Fuerzas Armadas en Retiro, Raúl Meza, que lidera la defensa de los internos del penal Punta Peuco, donde se encuentran recluidos exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

El defensor señaló que, en caso de que no reciban la venia del juez, recurrirán al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y al Presidente Sebastián Piñera con el objetivo de que evalúen la posibilidad de "otorgar indultos (…) a los reos terminales", "internos de avanzada edad sanos", además de aquellos con "enfermedades crónicas y terminales".

En el texto, el abogado detalló que la petición se fundamenta en las normas de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Según indicó, la edad promedio de los reclusos es de 74 años.

El abogado Meza argumentó que "aquí lo que se pide es que, por primera vez en Chile, se haga una aplicación expresa de esa convención internacional (promulgada el 7 octubre 2017 durante el Gobierno de Michelle Bachelet), que establece respecto a las personas mayores que se les haga un trato igualitario".

El documento consigna que "se establezca la no discriminación de personas mayores y, por lo tanto, desde ese punto de vista, la petición formal, se le permita a estos reos -en su mayoría de avanzada edad, muchos enfermos crónico y terminales-, la sustitución del cumplimiento de prisión preventiva bajo el arresto domiciliario total".

Respuesta de larraín

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, indicó que "para poder otorgar un indulto, no bastan consideraciones generales. La pura avanzada edad, me parece, no es un argumento suficiente para proceder un indulto. Tiene que ser una situación excepcionalísima, en donde, por ejemplo, haya una enfermedad terminal avanzada".

"La regla general es que las personas tienen que cumplir la sentencia por la cual han sido condenados", agregó.

Un día antes, el titular de Justicia había confirmado que el Gobierno buscaría avanzar en el proyecto para conmutar penas de reos enfermos terminales, independiente del tipo de delito por el que esté cumpliendo condena.

Que las filtraciones nunca son convenientes para el funcionamiento de los organismos del Estado, pero que se trata de información de interés público, comentó el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, a raíz de la filtración de la hoja de vida del general director de Carabineros, Hermes Soto.

Fue el diputado del PC Hugo Gutiérrez quien cuestionó el nombramiento de Soto en el cargo, al publicar una serie de sanciones que el uniformado recibió durante la década de los 80, incluido un arresto ocurrido en 1985 por concurrir "periódicamente a un lenocinio" y ser "amigo íntimo de la regente del prostíbulo".

Al ser consultado por la polémica, Drago dijo que "las filtraciones nunca son convenientes para el funcionamiento de los organismos del Estado. Esto no puede funcionar en base al modelo Wikileaks. Las decisiones tienen que ser cuidadosas, porque la documentación puede contener información delicada. Nuestra Constitución es clara sobre aquellas materias en las que debe mantenerse la reserva".

Sin embargo, contradijo lo argumentado desde la institución respecto de que se trata de información de carácter reservado, señalando que se trata de antecedentes de interés público y que "cualquier ciudadano puede solicitar documentación del Estado a través de la Ley de Transparencia y eso incluye la hoja de vida de un funcionario".

"La hojas de vida son de interés público. El problema en este caso fue el procedimiento, pues el documento podría haber contenido información de carácter personal o de terceros. No se puede liberar a diestra y siniestra (esta documentación), tratando de buscar un efecto. Los procedimientos para obtener información del Estado son bien nítidos y son comprobadamente efectivos", agregó.

Decreto de contraloría

Pese a esto, según publicó Bío-Bío, Gutiérrez no debió tener acceso a esos antecedentes, ya que debieron ser borrados según establece un decreto de Contraloría de 2009, firmado por Ramiro Mendoza, que señala que los funcionarios que no cometan alguna falta durante tres años tendrán derecho a pedir que queden sin efectos las sanciones y que con esto la información no figure en su hoja de vida.

El mismo medio publicó ayer que la Dirección General ya logró dar con la persona que filtró los antecedentes de Soto.