Tras dos días de intensas reuniones en la ciudad de San Antonio, los alcaldes de las ciudades puerto, tanto públicos como concesionados, acordaron una ofensiva comunicacional para lograr que sus peticiones, especialmente la que se relaciona con obtener más recursos derivados de la actividad portuaria, se concrete.

Tras la cita, los jefes comunales acordaron coordinar reuniones con las nuevas autoridades de los ministerios de Hacienda y Transportes, más la Subdere y también con todos los parlamentarios en forma transversal para que apoyen la iniciativa de modificar la Ley de Puertos.

Todo esto con la finalidad de concretar el anhelo de las comunas para que parte de las ganancias que generan los puertos pasen a los presupuestos de los municipios donde están instalados. Es decir, que no sólo sufran las externalidades negativas para las comunidades, sino que esa actividad se vea reflejada también en un aumento de los presupuestos municipales para diversas obras.

"Dentro de las prioridades que nos hemos fijado con el alcalde (Omar) Vera y el resto de los asociados es tener una agenda muy apretada y en conjunto con los distintos parlamentarios de las regiones donde están nuestros puertos, por lo que hay un año con mucha esperanza, donde creemos que podemos pedirle al Presidente Piñera que envíe el proyecto para modificar la ley de puertos que hoy existe", recalcó el alcalde de Quintero y presidente de los puertos concesionados, Mauricio Carrasco.

En esa línea, el jefe comunal destacó la unión que existe entre los enclaves privados y públicos, estos últimos encabezados por el alcalde de San Antonio.

"Hemos tenido mucho trabajo y hemos compartido experiencias, destacando el documento que firmamos en Valparaíso hace algunos meses, donde nos comprometemos ambas asociaciones a trabajar por una misma causa que es, en definitiva, la mejora de los ingresos de las comunas con puertos que representa cada alcalde a nivel nacional. Al unir las dos asociaciones tenemos prácticamente todo el borde costero de Chile cubierto y trabajamos en conjunto para lograr una mejoría efectiva en cada una de nuestras comunas", añadió.

asociaciones se reunieron en la cita de San Antonio: los puertos públicos y los concesionados. 2

ciudades puerto estuvieron representadas en la cita, entre ellas Valparaíso y San Antonio. 9

Claudio Ramírez

Más de dos mil personas se espera que sean beneficiadas en la zona con la ley de inclusión que empieza a regir desde el próximo 1 de abril para las empresas con 200 o más trabajadores, las que deberán tener una reserva legal del 1% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez.

En abril de 2019, la medida se ampliará a las compañías con 100 o más trabajadores. Tras ello se efectuará una evaluación para medir el impacto de la normativa que fue impulsada en la administración anterior.

"En Chile, las empresas con más de 200 trabajadores representan al 55,5% del total de las relaciones laborales; y según el último Estudio Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, hay 2.606.914 personas discapacitadas mayores de 18 años, de los cuales un 42,8% participan del mercado laboral. En la región, de acuerdo a datos entregados por el exseremi de Economía, son 246 mil personas en situación de discapacidad, lo que representa aproximadamente un 17,9% de la población", comenta el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso (CRCP), Pier-Paolo Zaccarelli.

El líder gremial afirma que la entidad apoya "decididamente la inclusión", aunque advierte que "no estuvimos de acuerdo en la imposición obligatoria de cupo, porque nos hubiera gustado que se establecieran incentivos para aquellas empresas que faciliten la incorporación de personas en situación de discapacidad. Consideramos que debe ser facilitado por todos los participantes, empresas, trabajadores y autoridades pertinentes, mediante la colaboración y entendimiento del propósito de esta normativa legal y reglamentaria".

Zaccarelli remarca que todas las personas pueden incorporarse a la fuerza laboral si cuentan con las competencias requeridas para los distintos tipos de empleo que considera la oferta laboral. "Por lo tanto, se deberá ir adecuando el proceso formativo y de adaptación empresarial, de forma de reconocer las diferencias y brechas entre las empresas y personas en situación de discapacidad, de tal forma de lograr a través de la práctica que se generen beneficios para todos los involucrados y construir una sociedad realmente inclusiva".

Una firma que ya inició el proceso es Empresas Demaria de Viña del Mar, que en la actualidad cuenta con cuatro personas bajo esta condición. "Desde hace tiempo que estamos preocupados por este tema y queremos ir más allá como empresa", comenta el gerente de personas de la firma, Sebastián Cobos, quien remarca que ellos son sometidos a las mismas evaluaciones formales que el resto de los empleados. "En ese sentido, se han integrado completamente. De hecho, hay un trabajador que lleva 15 años con nosotros", agrega el ejecutivo.

Desde las pymes, la presidenta regional de Unapyme, Gianina Figueroa, señaló que pese a que por la cantidad de trabajadores quedan fuera de la normativa, el sector siempre se caracterizó por incorporar personas con capacidades distintas.

"Vamos a estar atentos a cómo funciona esta ley porque en algún momento también va a incluir a las pymes. Creemos que este va a ser un año de ajustes y en particular nuestro sector estará observando para ver de qué forma nos planteamos este desafío con personas que sin duda van a aportar a los negocios", comentó la dirigente gremial, quien también recalca algunas carencias de la normativa en cuestión.

"Por ejemplo, que esta ley no contemple desde su formulación la intermediación laboral como estrategia para apoyar el proceso de inclusión es algo que se echa de menos (...). Otra incongruencia, a mi juicio, es que para la incorporación de personas en esta etapa se pide que estén inscritas dentro del registro de discapacidad, pero solamente el 8% de la gente en esa condición aparece allí y cuenta con esa certificación", enfatiza Figueroa.

"Este periodo va a ser clave porque se va a revelar lo que es necesario modificar, introducir o facilitar. Pienso que en un comienzo puede ser dificultoso para las empresas iniciar este avance", mencionó.

El director del Centro Regional de Inclusión e Innovación Social de la Universidad Viña del Mar, Juan Pablo Prieto, destacó que ya desde el año 2013 la UVM inició un proceso de inclusión efectiva, sumando a cinco funcionarios que tenían algún grado de discapacidad. "No se trata sólo de incorporar personas porque no es algo asistencialista lo que hay que hacer. La ley de inclusión socio laboral no es para hacer marketing ni relaciones pública, sino que hay que entenderlo como algo vital para las organizaciones y requiere un aprendizaje que es complejo", comentó el profesional, añadiendo que se debe conjugar que el trabajo sea interesante para los individuos y que sean un aporte para la institución pues, recalca, no es beneficencia. "Sería equivocado que las empresas lo vieran así", señaló Prieto.

"(Hay que) lograr a través de la práctica, que se generen beneficios para todos los involucrados y construir una sociedad realmente inclusiva"

Pier-Paolo Zaccarelli, Presidente CRCP"

de abril comienza a regir la normativa que este año se aplicará a empresas con más de 200 trabajadores. 1

de la población regional tiene algún grado de discapacidad, de acuerdo a las cifras. 17,9%