TC elimina artículo que prohíbe lucro en controladores de Ues.
EDUCACIÓN. El fallo, que le quita un elemento clave a la Ley de Educación Superior impulsada por Michelle Bachelet, desató una ola de críticas de la oposición. POLÉMICA. El Ejecutivo asegura que buscará aunar postura en el oficialismo.
El pleno del Tribunal Constitucional (TC), por seis votos contra cuatro, declaró ayer inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que prohíbe la presencia de personas jurídicas que tengan fines de lucro en directorios de universidades particulares, centros de formación técnica e institutos profesionales.
Cabe recordar que este proyecto fue enviado, discutido y aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado durante el Gobierno de Michelle Bachelet, por lo que la decisión del TC fue condenada de forma transversal por la oposición.
"El Pleno del Tribunal Constitucional ha terminado el examen preventivo de constitucionalidad del proyecto de ley sobre Educación Superior, concluyendo declarar, por mayoría de votos, la conformidad a la Constitución de la generalidad de sus disposiciones, en especial lo relativo al régimen de gratuidad de la educación superior y su financiamiento", dice el TC en un comunicado.
"Por otra parte, y sin perjuicio de lo anteriormente señalado, por mayoría de votos se acordó declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto, y del artículo 18 transitorio en relación al mismo, referidos al estatuto jurídico de los controladores de universidades", añade. La sentencia definitiva debe ser emitida a más tardar el próximo 26 de abril.
La oposición reaccionó de forma inmediata para condenar la eliminación del artículo 63. "Fallos del TC se acatan. Es lo que corresponde en un Estado de derecho, pero con su pronunciamiento sobre el lucro, que contradice el análisis de constitucionalidad de todos los sectores en el Congreso, distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la educación superior", publicó en su cuenta de Twitter la ex Presidenta Bachelet.
El presidente del Senado, el PS Carlos Montes, afirmó que la decisión del TC "daña a todo el sistema democrático" y sostuvo que "hay que reformar el TC".
En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, recordó que el Parlamento "recogió una sentida demanda de la ciudadanía por una educación gratuita y de calidad y para eso, durante el periodo legislativo que terminó debatimos ampliamente, deliberamos y legislamos".
El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, dijo que a la cartera le corresponde acatar el fallo y que "la prohibición al lucro en las universidades está claramente establecida por la ley".
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores (CRUCh) y rector de la Universidad de Valparaíso (UV), Aldo Valle, enfatizó que "la decisión del Tribunal Constitucional tiene efectos gravísimos sobre el sistema de educación superior y específicamente sobre el financiamiento, pero a partir de ahí sobre las funciones propias de un sistema universitario".
A su juicio, el fallo del TC de dejar sin efecto artículo 63 lo que hace es "privar de eficacia a la prohibición de lucro, porque una manera de dar efectividad a la prohibición de lucro en la educación superior era precisamente establecer la prohibición de que las instituciones de educación superior sin fines de lucro no estuvieran controladas por entidades de carácter lucrativo".
En este sentido, lamentó que planteles con controladores con fines de lucro, "como aquellas que pertenecen a empresas transnacionales de la educación, que han declarado públicamente incluso sus fines lucrativos, puedan acceder al financiamiento público proveniente de la política de gratuidad".
Ante ello, el rector Valle precisó que "vamos a quedar en una situación más precaria que la que había hasta antes de la reforma, en que la legislación vigente de Chile desde luego no consideraba una política en gratuidad, pero a su vez estaba vigente, al menos formalmente, la norma que prohibía el lucro en la educación superior, para todas las instituciones universitarias".
Por tal motivo, el vicepresidente ejecutivo de CRUCh adelantó que "lo más probable es que (esta determinación) genere una reacción en el movimiento estudiantil, explicablemente a mi juicio, porque se restablece lo que existía al año 2010 o 2011, es decir, la situación que generó el movimiento estudiantil. Entonces, es razonable entender que si se volvió a la situación anterior o que regía al año 2011, desde luego se genere también un rechazo social a esa situación, ahora sin embargo legitimada por la decisión del Tribunal Constitucional".
"Lo más probable es que genere una reacción en el movimiento estudiantil, explicablemente a mi juicio"
Aldo Valle, Vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores"
Estudiantes se encadenaron al TC
Durante la mañana, antes de conocerse el fallo del TC, representantes de la Confech llegó hasta la sede del organismo para reclamar contra la, en ese momento, eventual eliminación del artículo 63 de la Ley de Educación superior, encadenándose al edificio. Durante la tarde, Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis y vocera de la Confech, sostuvo que "esto es enorme daño a la educación chilena, es una burla a nuestras familias. Esto hay que denunciarlo, esto es solamente es una triquiñuela jurídica".
Identidad de género: UDI y Ossandón critican al Gobierno
La presidenta de la UDI, Jaqueline van Rysselberghe, y el senador de RN y ex precandidato presidencial, Manuel José Ossandón, demostraron ayer la variedad de posturas legislativas que hay en Chile Vamos respecto a temas como el aborto en tres causales, la adopción homoparental y la identidad de género.
Por un lado, ante el trascendido de que el Ejecutivo optará por incluir a los menores de edad en la ley de identidad de género, van Rysselberghe aseguró a T13 Radio que no es partidaria de esta opción y que el Gobierno "no debería presentar indicaciones en lo que no hay acuerdo entre los mismos conglomerados. Porque no es sólo la UDI, también hay un número muy importante de parlamentarios, tanto senadores como diputados, que tampoco concuerdan que deben ser incorporados los niños".
Agregó que "entonces a mí me parece poco prudente que el Gobierno, dado que no es un proyecto de ellos, que no estaba en el programa, tome como bandera cosas que dividen al conglomerado".
Ossandón, por su parte, señaló a radio Cooperativa que La Moneda no puede presionar a los partidos oficialistas en la discusión de este tipo de proyectos. "Estamos hablando de un tema de principios y el Gobierno no puede obligar a ningún partido en los temas valóricos (…) repetimos lo mismo: en los temas valóricos nadie puede obligar a otro, así que esperemos qué es lo que venga y ahí lo vamos a conversar", dijo.
Aunar postura oficialista
Ante esto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que, al menos con respecto a la ley de identidad de género, en el Gobierno "vamos a definir una postura una vez que terminemos este proceso de consulta".
Según explicó Larraín, el Ejecutivo aún no define si presentará una indicación al proyecto que se discutirá a partir de la próxima semana en comisión mixta o si sólo trabajará en base a una propuesta parlamentaria. "(Son) materias complejas, delicadas donde hay legítimos puntos de vistas y matices. No queremos anticipar para no generar conflicto, un debate, sino que buscar soluciones", declaró.
El titular de Justicia enfatizó en que se quiere "fijar una postura que logre interpretar la voluntad de nuestro sector, de acuerdo al liderazgo que ejerce en esta materia el Presidente Piñera".
Caso Matute: jueza cree que joven fue drogado para ser abusado sexualmente
POLÉMICA. El Ejecutivo asegura que buscará aunar postura en el oficialismo.
La ministra a cargo de las indagaciones del caso Matute Johns, Carola Rivas, hizo público ayer el informe final e íntegro con los resultados de las investigaciones de la desaparición del joven, ocurrida el 20 de noviembre de 1999. Según el trabajo desarrollado por la magistrada y un equipo de la Brigada de Homicidios de la PDI, el deceso de Jorge Matute se dio producto de la ingesta de un fármaco pentobarbitral, suministrado con la intención de inhibir su voluntad y agredirlo sexualmente. Esta tesis, denominada "Hoja de Parra", había sido desechada en los primeros días de la investigación y permaneció 15 años archivada.