Carolina Collins

La conformación de la Comisión por la Infancia ya generó divisiones en la oposición, entre quienes decidieron sumarse y quienes no, y ayer diputadas del Frente Amplio (FA), el PC y el PPD conformaron una mesa de seguridad ciudadana paralela a la que inaugurará hoy el Gobierno.

A eso se suma que el senador PS, José Miguel Insulza, decidió restarse de la mesa de trabajo que comenzará hoy, a las 9 horas, la que será liderada por el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda y que se enmarca en los cinco acuerdos nacionales que busca impulsar el Gobierno.

Confirmaron su asistencia el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (MA) y sus pares de Santiago y La Pintana, Felipe Alessandri y Claudia Pizarro, respectivamente, además del senador Felipe Harboe (PPD) y el ex ministro Jorge Burgos (DC).

Tras haber aceptado integrar la instancia, el senador José Miguel Insulza le informó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que no asistirá a la cita a consecuencia de las presiones de su partido.

"Siempre he creído en el diálogo y el PS cree en el diálogo y entiendo, como lo dije en su momento, la preocupación del partido por el hecho de que no se hubiera convocado a los partidos, sino que se hubiera convocado a personas", detalló Insulza a Emol.

"Creo, sin embargo, que en el caso de esta comisión de seguridad pública, de alguna manera los requisitos se cumplían", agregó el senador PS.

En paralelo, las diputadas del FA Maite Orsini (RD) y Gael Yeomans (IL), junto a sus pares del PC y el PPD Camila Vallejo y Andrea Parra, realizaron una invitación con un enfoque centrado en las organizaciones de la sociedad civil.

Según consignó Emol, las parlamentarias que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara señalaron que "hemos visto cómo las recetas contra la delincuencia se han repetido y fallado una y otra vez. Y porque creemos que como legisladoras debemos estar en contacto permanente con la ciudadanía".

A la cita, que será el próximo lunes en el ex Congreso de Santiago, ya confirmaron su asistencia el alcalde de Valparaíso y los de Recoleta, Daniel Jadue (PC) y Lumaco, Manuel Painequeo.

La visión de Huenchimilla

El senador por La Araucanía Francisco Huenchumilla (DC) explicó ayer por qué decidió restarse de la mesa del Gobierno en materia de Seguridad ciudadana. "La respuesta mía no es contra los acuerdos, sino contra un método que a mí juicio es equivocado", dijo sobre la invitación extendida por el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

"El método de invitar a parlamentarios a dedo genera un problema con el resto", agregó el ex intendente, a la vez que señaló que "cuando pasa esto, yo no sé si el Gobierno buscó buena fe".

Otra razón que dio el senador Huenchumilla es la reforma a la Ley Antiterrorista anunciada por el Gobierno en su región. "Se me invita a mí, donde supuestamente vamos a ver la Ley Antiterrorista, pero antes de conversar el Gobierno va y pega un garrotazo ¿Esa es la manera de buscar acuerdos?", cuestionó el senador de la DC.

Que el desarmado equipo de Carabineros detrás del software "Antorcha" sólo lo utilizó en tres ocasiones para interceptar teléfonos y recuperar mensajería instantánea, aseguró ayer el general director de Carabineros, Hermes Soto.

El jefe de la institución señaló que en ese equipo participaron "personas de la Dirección de Inteligencia con el señor (Álex) Smith, que era el encargado en esta materia" y quien fue el creador de la aplicación que se conoció tras la fallida "Operación Huracán", que es motivo de dos investigaciones.

Tres ocasiones

Según informó Soto, las causas en las que se utilizó la aplicación cuestionada corresponden a investigaciones en Valdivia, Temuco e Iquique. Una de esas tiene relación con la desaparición de 28 armas desde una comisaría en el norte; la quema de 58 camiones en La Araucanía, tras lo cual se formalizó y sobreseyó a ocho comuneros, entre ellos al líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitúl, en la "Operación Huracán". La otra causa se relaciona con la quema a 29 camiones de la empresa Sotraser en San José de la Mariquina, en Los Ríos, ésta última se conoce como "Operación Huracán 2".

Las declaraciones del general director de Carabineros se dieron en la misma semana en que se hizo público que el mismo equipo habría interceptado las comunicaciones de una persona que fue indagada por la Fiscalía Sur por la colocación de un artefacto explosivo al interior del domicilio del presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, en enero del año pasado.

"En los tres casos hubo sanciones o aplicación de medidas administrativas en tiempos anteriores al mando mío (...) No tenemos conocimiento de otras situaciones y espero que no las haya respecto a este tipo de materias", aseguró Soto.

El jefe de la policía uniformada además se refirió a la investigación que se lleva a cabo al interior de Carabineros, que aseguró que continúa.

"Si vemos que hubo alguna injusticia o situación irregular de medidas que se adoptaron, tendremos que rectificarlas", afirmó Soto.

El Consejo de Defensa del Estado se querelló el miércoles contra el exjefe de inteligencia de Carabineros, el general (r) Gonzalo Blu, y también contra otros tres involucrados, entre ellos Smith, por los delitos de sabotaje informático y obstrucción.

Luego de que la Confech entregara el miércoles al Ministerio de Educación una carta solicitando que el subsecretario Raúl Figueroa se inhabilite de la investigación que lleva la cartera contra los planteles del grupo Laureate, la autoridad de Gobierno rechazó el supuesto conflicto de interés y aseguró que mientras trabajó en la Universidad Andrés Bello -de propiedad de dicho conglomerado- no vio lucro.

"Entre los años 2008 y 2010 cumplí funciones estrictamente académicas en la Universidad Andrés Bello. Fui profesor de media jornada, después fui secretario académico de la Facultad de Derecho hace 8 ó 10 años atrás y eso no me inhabilita para nada en cualquier función que yo tenga que cumplir como subsecretario de Educación", respondió el subsecretario de Educación, en entrevista con radio "Universo".

"Fue una relación estrictamente académica, yo nunca tuve vínculos directivos con la universidad ni manejo de recursos ni ninguno de esos elementos, fue una relación estrictamente académica. Por eso es bueno que se eviten confusiones, a veces se tratan de instalar temas para desviar la atención o generar polémicas que son, a mi juicio, artificiales (…) No hay ninguna causal ni moral ni legal para inhabilitarme del cumplimiento de esta función", agregó ante la solicitud de inhabilidad por parte de los estudiantes agrupados en la Confech.

Figueroa explicó que su paso por la UNAB "está en el CV del Mineduc desde el día que asumí. Nunca ha sido un misterio. Para mí no es ningún complejo".

Consultado respecto de si durante el tiempo que trabajó en esa casa de estudios observó alguna de las irregularidades que se conocen del grupo Laureate, Figueroa respondió que no e insistió en que su "labor era estrictamente académica, yo era un profesor de jornada, luego como subsecretario académico tenía que hacerme cargo de la circulación con los profesores, hicimos cambios en las mallas curriculares, mi función estaba muy abocada a aspectos académicos de la facultad y no tuve, desde ese punto de vista, ninguna dificultad para cumplir mi trabajo ni tampoco ningún elemento que me llamara la atención".

La autoridad de Gobierno recalcó que estar al tanto de un posible caso de lucro no estaba "dentro de mis atribuciones".