"Falta una visión común del futuro del sector pesquero en Chile, una política nacional"
Eve Crowley, Representante Regional Adjunta de la FAO para América Latina y el Caribe y Representante de la FAO en Chile, conversó con este medio sobre las principales conclusiones del informe, asegurando que el camino propuesto por La Moneda es el correcto. Además, resaltó la importancia de nuestro país como modelo en la industria pesquera, destacó las cualidades de la actual legislación y evaluó el desarrollo de la industria acuícola. También habló sobre la compatibilidad entre pesca artesanal e industrial, el mecanismo de asignación de recursos y el rol de que deben tener los pueblos originarios en la nueva ley.
-Bajo la actual ley de Pesca, ¿existe un marco legislativo que permita asegurar la sostenibilidad de la industria pesquera y acuícola?
-Bajo la ley actual sí existe. En la revisión que hemos hecho, comparándola con otras leyes en el mundo, lo de Chile tiene una dimensión de sostenibilidad muy importante e incluye algunas buenas prácticas alabadas a nivel internacional. Incluye una serie de conceptos importantes como el enfoque ecosistémico. Chile ha sido muy proactivo en la ratificación de convenios y legislaciones que ayudan a fomentar una pesca más sostenible y con menos ilegalidad. Ahora, hay cosas que Chile todavía puede fortalecer, incluso en las áreas en que ya es bueno. Hay algunas cosas que no están completamente actualizadas y otras en que, en la interpretación actual, se toman solo algunas partes, como en el tema ecosistémico, (en el que) se tuvo en cuenta la parte biológica de algunas especies y no la mirada de las relaciones entre especies y con el medio ambiente. Entonces, en la parte de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social, e, incluso, de la sostenibilidad económica hay espacio para mejorar.
-El subsecretario de Pesca, en entrevista con este mismo medio, aseguró que el modelo chileno es muy valorado en el mundo. ¿Es realmente así? ¿Cuáles son sus principales fortalezas?
-Realmente es así. Chile, en las últimas décadas, se posicionó como uno de los sectores pesqueros más modernos, con mucha atención a las buenas prácticas internacionales asociadas, sobre todo con la vigilancia de la pesquería y con la utilización de tecnologías. Eso sí, también hay muchos desafíos en el sector, que no son únicos para Chile. En términos generales sí es considerado un referente en muchos aspectos y, como buen referente, siempre tiene cosas por mejorar.
-¿Cuál es la mirada de la FAO respecto a la compatibilidad entre pesca industrial y artesanal?
- Todos los países que tienen industria pesquera tienen actores artesanales. Uno puede tener una mirada más inclusiva o exclusiva, pero son actores importantes y no solamente para el sector pesquero en sí, sino que para el desarrollo de los territorios rurales. Esta función de los pescadores artesanales es fundamental. Nuestra mirada es que todos los países tienen estos dos sectores, que coexisten en una forma u otra. Todos los países tienen conflictos, puntos comunes, sinergias, y es el rol del Estado crear las condiciones para que esta complementariedad pueda generar beneficios. Esto se hace a través de consensos y todavía falta eso, una visión común del futuro del sector pesquero en Chile, una política nacional que incluya a todos estos elementos y actores diferentes, de corto y largo plazo. Para tener una gobernanza sostenible y responsable necesitamos respeto mutuo, se requieren espacios de conversación entre los actores que permitan crear confianzas, transparentar el cómo y el porqué de hacer las cosas, y ese es un rol fundamental del Gobierno. Ahora, en la práctica, hay muchas cosas que hacen juntos los dos sectores. Por ejemplo, muchos pescadores artesanales venden sus anchovetas a empresas grandes para hacer harina de pescado u otros productos, lo hacen por su voluntad y benefician a ambas partes. Pero para superar la parte conflictual hay que traer expertise.
-En ese sentido, el Gobierno anterior les pidió su colaboración y el Ejecutivo actual se ha mostrado abierto a conversar con otros actores, como la OCDE. ¿Es ese el camino? ¿Han tenido ya contacto con el actual Gobierno?
- Sí, nos reunimos hace unos días y fue una cita muy positiva. Leyeron con mucho interés el informe, lo que nos hace muy felices porque invertimos mucho esfuerzo para hacer algo que podría servirle a toda la sociedad chilena. Ese nuevo impulso de tratar de implementar algunas de estas recomendaciones es algo positivo. Por otro lado, FAO y OCDE llevamos mucho tiempo trabajando juntos sobre temas como agricultura, economía verde, cadenas de suministros sostenibles y responsables, etcétera. Esos son temas que en el sector pesquero podrían crear un ambiente neutro, de reflexión, de conversación, que expanda los horizontes sobre los temas más complejos, como la asignación de recursos, que no incluimos en nuestro informe. Pero traer personas con experiencia, que han optado por una forma de asignación de recursos y otras que han optado por el contrario, y aprender de las repercusiones de esas decisiones, cinco o diez años después, sobre cómo cambió la sociedad, los costos asociados, es un buen paso. Hasta ahora, además, no hemos trabajado conjuntamente en el sector pesquero, por lo que esta idea no es solo útil para Chile, sino que para el resto de la región, el mundo entero. Después es el Gobierno y sus aliados los que deben decidir cuál opción y cuál mezcla de opciones funciona mejor en el contexto chileno.
-Uno de los puntos más polémicos de la actual ley tiene que ver justamente con eso, las licitaciones y con las designaciones de recursos, sobre todo con esta pugna entre pescadores artesanales e industriales. ¿Cuál es la visión de FAO en esto?
- El tema de la asignación de recursos es uno muy delicado en cualquier país. Un país puede optar más por licitaciones que favorecen en mayor medida al sector privado o industrial, de mayor escala, y otro puede favorecer a los de menor escala. Hemos visto en algunos países nórdicos, por ejemplo, que han favorecido la pesca industrial sin tomar en cuenta a los pescadores artesanales. Esto llevó, primero, a que los pescadores artesanales desaparecieran y después lo hicieron las comunidades costeras. Luego siguieron los mercados y las poblaciones rurales. Tuvo una serie de consecuencias y los países no siempre se dan cuenta de lo complejo que es este tema y las repercusiones que podría tener en toda la sociedad. No hay un modelo único que funcione en todos los casos. Uno tiene que ver los valores nacionales hacia la equidad, hacia la sostenibilidad, hacia el crecimiento económico, para encontrar la solución que hace sentido para Chile. Por esto es que pensamos que, junto con OCDE y otros actores, podemos traer expertos que han optado por varias opciones y pueden hablar en retrospectiva qué funcionó y qué no. Podría ayudar mucho en alimentar el debate aquí y en encontrar un proceso para solucionar este problema que sigue siendo uno de los grandes temas.
-Otro de los puntos polémicos ha sido el génesis de esta Ley de Pesca ¿Cuál es su opinión de esto?
-Esto es un ejemplo perfecto de procesos políticos nacionales en los cuales FAO no se mete. Por otro lado, recomendamos que los comités técnico-científicos, para poder funcionar bien, necesitan ser inclusivos, necesitan más participación. Una cosa positiva de la ley chilena es la base científica para la determinación de cuotas y otras cosas, pero lo que falta es una participación mayor en los comités de pescadores artesanales, pueblos originarios y otros. Porque no solo trae una sabiduría y un reconocimiento del medio ambiente diferente, sino que ayuda a transparentar, crear un conocimiento mutuo y una confianza en el modo en que se están determinando cosas científicamente. Sin crear esas instancias de participación científica mayor va a ser difícil crear la confianza en la institucionalidad pesquera y eso es fundamental para una visión nacional consensuada.
-Sobre el actual programa del Gobierno para modificar la Ley de Pesca, que va a incluir una ley corta, ¿cuáles son los aspectos que más valoran en la FAO?
-En primer lugar, creo que hay mucho espacio para mejorar la legislación nacional actual. Esto en términos de técnica legislativa, de normativas complementarias y también en la aplicación efectiva. En esas tres áreas básicas hay mucho lugar para mejorar, con soluciones a largo plazo y corto plazo. Entre las cosas de corto plazo que está viendo el Gobierno, desatacamos cuatro, ya que no las consideramos como una ganancia rápida, sino que como una necesidad. En primer lugar, el proyecto de ley relacionado con la pesca bentónica, de todas las actividades relacionadas con esto y la relocalización de las concesiones de mitílidos (choritos), por ejemplo. Estas dos cosas son muy necesarias, porque estos sectores en particular han tenido una expansión explosiva en los últimos años, incluso media desordenada. La idea de revisar esto va muy en línea con la idea de un enfoque ecosistémico, porque así se pueden gestionar de una forma más sostenible las concesiones, tomar más en cuenta el cargo medioambiental, asegurar no solamente las vedas mínimas, sino también las distancias entre concesiones y hacer algo mucho más saludable para el medio ambiente y mejor también económicamente. Potencialmente, además, con mayores oportunidades para acuicultores de menor escala.
- ¿Cuáles son los otros aspectos?
- La modernización de Sernapesca fue algo que recalcamos explícitamente en nuestro informe. Hemos reconocido la importancia de Sernapesca en términos de inocuidad y fiscalización. En particular tuvimos recomendaciones asociadas a un fortalecimiento del rol en inocuidad para aumentar los estándares de la pesca que es consumida a nivel nacional, para que sea conforme a los estándares para la importación. Sobre el otro aspecto, el de la fiscalización, consideramos que es fundamental. Sernapesca puede centrar sus esfuerzos en la certificación de los elementos de toda la cadena, en coordinación con otros actores como carabineros, seremis de salud y autoridades marítimas, porque la verdad es que la pesca ilegal es la tercera actividad ilícita más lucrativa en el mundo, después del tráfico de armas y drogas. Sin embargo, no se sabe bien cuáles son las prioridades para abordar esto, porque aparentemente todos los actores tienen un rol. Entonces necesitamos saber bien dónde enfocar los esfuerzos. Actualmente, Sernapesca tiene un rol de sanciones más administrativas con multas, pero consideramos, junto a otros actores, que debería reforzar este rol para tener la capacidad de determinar si se comete o no un delito. Ese enfoque de reforzar ese rol es fundamental. En tercer lugar, consideramos que es maravilloso el decreto con fuerza de ley que da vida al Indespa. Actualmente hay muchos fondos que van a la pesca artesanal, pero en el pasado eso no fue complementado con un apoyo técnico, de diseño de planes de manejo, de investigación, de expansionismo ni de prácticas y herramientas hacia los pescadores. Entonces esto va a poder potenciar mucho más la inversión. Además, ojalá, va a poder llenar lagunas relacionada con información social asociada con la pesca. No se sabe mucho sobre los distintos roles que cumplen el hombre y la mujer en la pesca artesanal, por ejemplo. Hay dimensiones que asoman muy novedosas con el establecimiento de esta institución. Por último, asociado con la sostenibilidad, hay una serie de nuevos desafíos. Casi más que cualquier otro sector, la pesca es afectada por el cambio climático de una forma muy incierta. El gran dilema de este sector, que es tan importante socialmente, para la economía nacional y tan relevante para el consumo mundial, es que cada vez más tenemos que encontrar modos de sacar un beneficio, una renta para los pescadores, sin aumentar el cargo en el medioambiente. Y no es como en la agricultura, donde la tecnología te permite un número ilimitado de posibilidades, en la pesca hay límites absolutos para algunas especies. Entonces, innovación, tecnología, formas de mejorar el uso de los recursos pesqueros, que permitan una renta pero disminuyendo la carga sobre el medio ambiente es absolutamente fundamental y actualmente hay dos o tres iniciativas importantes en esa línea.
-¿Qué aspectos deberían considerarse en la ley de Pesca respecto a los pueblos originarios?
-Este es un tema sensible, pero basándonos en nuestra mirada en frío, comparando la ley actual con las normas y las buenas prácticas internacionales, hemos recomendado reconocer los derechos de acceso de los pueblos originarios a los recursos pesqueros, incluido su manejo y conservación, y también su participación sin detrimento a los derechos que ya existen.
"Para una gobernanza sostenible y responsable necesitamos respeto mutuo, espacios de conversación entre los actores que permitan crear confianzas, transparentar el cómo y el porqué de hacer las cosas. Ese es un rol fundamental del Gobierno"."
Matías Jullian Velásquez matias.jullian@mediosregionales.cl
La reforma a la actual ley de Pesca asoma como una de las prioridades para el Gobierno de Sebastián Piñera, tanto por el polémico génesis de ésta y por la forma en que se asignan los recursos, como por la necesidad de modernizar las industrias pesquera y acuícola del país. Con ese objetivo, el Gobierno de Michelle Bachelet le solicitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que elaborara un informe evaluando la actual ley y que entregara recomendaciones para su modificación.
"LOs pescadores son actores importantes y no solamente para el sector pesquero", dice.