Cristián Rojas M.
El informe del Ministerio de Educación dado a conocer por Ciper, que estableció la fuga de 219 mil millones de pesos desde las tres universidades chilenas del grupo Laureate International (U. Viña del Mar, U. Andrés Bello y U. de las Américas) hacia ese grupo controlador, no dejó indiferentes a los parlamentarios de la Región de Valparaíso que integran las comisiones de Educación en el Senado y la Cámara de Diputados, algunos de los cuales buscarán la fórmula para que aquello no quede sin sanción.
Uno de ellos es el diputado Rodrigo González, quien dijo haber quedado "impresionado" tras leer sobre la situación financiera en la Universidad Viña del Mar (UVM), pues a su juicio "este informe revive el escándalo que se abrió cuando constituimos las primeras comisiones investigadoras sobre el lucro en la Cámara de Diputados, mostrando que sigue existiendo, vivito y coleando, el lucro en el sector universidades, con abusos que pueden llegar a situaciones críticas como las que sucedieron con la Universidad del Mar, especialmente en lo que se refiere a la Universidad Viña del Mar".
González subrayó que "al igual que ocurre con los informes de Contraloría en la Municipalidad de Viña, no ha habido ningún escarmiento, porque se hace el informe, se conoce la realidad, se ve que se ha abusado de la confianza pública, se han violado las normas, se ha reclutado a algunos políticos que han profitado de esta situación".
A su juicio, una de las situaciones más graves es que "se ha alimentado a grupos internacionales que son verdaderos succionadores de los recursos que deberían ser para los jóvenes en Chile, a vista y paciencia, en forma impune, sin que haya ninguna consecuencia sobre esos actores, entonces hoy, más que nunca, lo que se exige es destapar completamente esta situación y tomar medidas que corrijan hacia adelante".
Para González, es crucial "aplicar sanciones, porque no puede quedar impune el comportamiento del grupo Laureate en relación con las universidades, los jóvenes y las familias chilenas. Aquí puede haber sanciones administrativas, que tienen que ser muy drásticas y de alto monto, porque son muchos los recursos que le han drenado a la educación chilena; y también sanciones penales, porque existen normas que sancionan el lucro y que debieran aplicarse ya a aquellos que siguen lucrando".
Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional derogó el artículo 63 de la reforma a la educación superior que prohibía que las universidades tengan en sus directorios controladores con fines de lucro, el diputado planteó que "si eventualmente todavía esas leyes no fueran aplicables, a partir de la normativa existente, de que el lucro no es aceptado en las universidades, hay que encontrar caminos para aplicar sanciones, porque no es posible que se siga burlando a la gente, a las instituciones, de la manera como lo está haciendo el grupo Laureate".
El parlamentario espera "ver qué pasó con los cuantiosísimos recursos que ya se birlaron y que se siguen drenando. Los datos son demasiado escandalosos, el total de lo que le han esquilmado a las familias, al Estado y a las actividades educacionales de los jóvenes es brutal, porque el hecho que la UVM haya pagado a las sociedades relacionadas más de $ 12 mil millones entre 2012 y 2016 es una cifra demasiado grande".
González estima que "debiera restablecerse el artículo 63 y eliminar a entidades con fines de lucro en los grupos controladores y los consejos directivos de las universidades, que son esencialmente sin fines de lucro, porque son absolutamente incompatibles y, en estricto rigor, ahora puede darse el caso de que una universidad tenga puros controladores con fines de lucro, siendo una entidad sin fines de lucro. ¿En qué país existe un engendro de esa naturaleza?".
Más escueta fue la diputada María José Hoffmann (UDI), quien consideró "lamentable que el gobierno de Bachelet nos ocultara información valiosa en un proceso tan relevante. Esperamos tener los resultados para ser responsables en nuestras opiniones y tomar medidas".
Por su parte, la diputada Camila Rojas (IA) enfatizó que "es lamentable que se siga exponiendo a los estudiantes y a sus familias a la incertidumbre de no saber que pasará con sus instituciones de educación. Una y otra vez se repite la imagen en que los empresarios de la educación rompen las expectativas y los sueños de quienes ven en la educación superior la posibilidad de mejores condiciones de vida".
A su juicio, "lo más trágico es que desde el Ministerio se intente confundir sobre qué es el lucro y se siga poniendo en duda la necesidad de erradicarlo. Todo indica, incluido este caso, que es imperante que se termine el negocio con los derechos sociales, en este caso educación, porque el sistema de usura hace aguas por todos lados. Básicamente, o se prohíbe en todo el sistema o se es cómplice y aval del enriquecimiento de los empresarios del rubro y de cargar una mochila extra a los jóvenes del país".
Para Rojas, "la prioridad hay que ponerla en los estudiantes y en entregar certezas respecto de lo que pasará con su futuro. Laureate tiene que hacerse responsable".
En tanto, el diputado Luis Pardo (RN) estima que es "complicado anticipar opiniones respecto de informes que han sido filtrados y que no pueden darse a conocer mientras no concluyan los procesos administrativos en curso. Respecto del fondo del asunto, y sin conocer oficialmente lo que resolvieron respecto de este caso las autoridades del gobierno anterior, hay que ver cómo opera la nueva ley, con el conjunto de instrumentos que establece para fiscalizar y sancionar el lucro".
En opinión de Pardo, son "improcedentes y abusivas las generalizaciones que se hacen a partir del caso Laureate -cuyo funcionamiento tendrá necesariamente que ajustarse a las exigencias de la nueva ley-, para cuestionar el conjunto de las universidades privadas y mantener artificialmente el debate sobre el lucro en la educación superior".
A su vez, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) remarcó que "aquí lo que preocupa es la situación de los estudiantes y la viabilidad de la institución. Lo que aquí está en juego es la calidad de la educación por la cual apostaron miles de estudiantes de las universidades del grupo Laureate".
Para Latorre "ésta es una prueba más de que el lucro sí le está produciendo un daño a la educación superior en nuestro país, y que cuando el ministro Varela le baja el perfil, sólo se equivoca, porque en realidad está generando una crisis. Como integrante de la comisión de Educación del Senado, solicitamos al Ministro la información oficial que han recopilado respecto de la investigación al grupo Laureate y estaremos encima de lo que pueda resolverse en definitiva".
González espera que Armanet deje el PPD
Teniendo en cuenta que quien presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional buscando derogar la prohibición del lucro fue la exrectora de la UDLA, Pilar Armanet (PPD), el diputado Rodrigo González subrayó que "si bien en lo formal ella es militante del partido, ella no forma parte del ADN del PPD ni de sus principios, ni de su línea política ni de los valores que nosotros representamos, y por lo tanto, está muy bien que se encuentre en el Tribunal de Disciplina y yo espero que pronto deje de pertenecer a nuestras filas, porque ella no calza con lo que nosotros somos y lo que queremos ser".
"Hay que encontrar caminos para aplicar sanciones, porque no es posible que se siga burlando a la gente como lo está haciendo Laureate"
Rodrigo González, Diputado (PPD)"
millones traspasó la UVM a Laureate entre 2012 y 2016, según el informe del Mineduc. $ 12.000
millones traspasaron las tres universidades de Laureate a ese controlador entre 2012 y 2016. $ 219.000
