K. Escalona / A. Paredes

El Ministerio Público confirmó ayer que dos fiscales de la Unidad Anticorrupción (Urac), acompañados de funcionarios de la PDI, acudieron el miércoles de esta semana hasta las dependencias del municipio de Viña del Mar para recabar antecedentes sobre el pago de horas extraordinarias, en el marco de una investigación que busca detectar la eventual ocurrencia de ilícitos en este ámbito.

La diligencia fue cumplida por los fiscales Claudio Rebeco y Patricio Toro, quienes estuvieron acompañados por efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec). De acuerdo a la información oficial entregada por el Ministerio Público, dichos personeros levantaron "documentación relativa a pagos de horas extras, en el marco de una investigación de la Fiscalía".

La investigación del persecutor se lleva a cabo porque dada a conocer el déficit municipal de la Ciudad Jardín, en marzo de este año, los diputados Rodrigo González y Daniel Verdessi presentaron una querella por el delito de malversación de caudales públicos o fraude al Fisco en contra de quienes resulten responsables en la Municipalidad de Viña del Mar por el pago inadecuado de horas extraordinarias.

En el libelo, los parlamentarios pidieron que se cite a declarar en calidad de testigos a la alcaldesa Virginia Reginato, al administrador municipal, al director de Finanzas, a la encargada de Contabilidad y Presupuestos, al jefe de Remuneraciones, al director del Departamento de Personal y al jefe de Control de Personal.

El jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, subprefecto Claudio González, precisó que recibieron la instrucción para coordinar con el director de personal del municipio la incautación de documentación, ya sea física como digital. Oficiales entregaron un listado con el material requerido, que será retirado dentro de los próximos días.

Se informó que por el momento no existe una orden de investigar sobre este caso, lo cual podría ocurrir una vez que se someta a peritajes y análisis el material incautado. "El Ministerio Público nos instruyó coordinar la recuperación de una documentación en el Departamento de Personal. Una vez que se rescate todo este material, va a quedar a disposición del Ministerio Público para que determine el siguiente paso, los plazos del decreto son alrededor de 20 días pero se podrían prorrogar", detalló el oficial.

El escenario dentro del municipio respecto a la diligencia de los fiscales es incierto y ante esto, hoy, en el Concejo Municipal, el edil Víctor Andaur (PC) planteará el tema.

"Hay opiniones contradictorias de funcionarios del municipio respecto de esta situación, porque no tenemos la certeza de una investigación más a fondo de los temas planteados. Ante esto, mañana (hoy) vamos a saber con más certeza lo que sucede y plantearé la situación en el Concejo extraordinario que se citó por el tema de los parquímetros. Ahí preguntaremos directamente sobre este tema, porque incluso hay desmentidos al respecto y es muy confusa la información que se maneja", aclaró el concejal.

Reginato: "He actuado de buena fe, con la frente en alto y las manos limpias"

En la Cuenta Pública de la Municipalidad de Viña del Mar, que se llevó a cabo en un tenso ambiente en el Hotel O'Higgins, con la realización de una protesta en el exterior y el descontento de dirigentes sociales por el déficit municipal e indignados por no poder acceder a la sala de exposición, la alcaldesa Virginia Reginato reconoció el duro escenario que acarrea la Casa Consistorial.

En medio de los anuncios de proyectos millonarios para la ciudad en materia de infraestructura y el anuncio del plan de ahorro para sobrellevar la situación financiera, Reginato, quien ya había reconocido que no es primera vez que pasa por momentos difíciles, expresó: "Gracias a Dios y mis valores, tengo la humildad y la valentía para representar a todos mis dirigidos, reconocer que pudimos hacer algunas cosas y considerar este momento como una gran oportunidad para mejorar nuestra gestión municipal. Por sobre todo, tengo la tranquilidad que siempre he actuado de buena fe, con la frente en alto y las manos limpias".

Fue aplaudida, terminó su exposición y salió por una puerta lateral del salón sin dar declaraciones a la prensa. Afuera la molestia seguía. Los anuncios de proyectos millonarios fueron considerados por los concejales como "un sueño". Mencionó el teleférico desde el cerro al centro, arreglos de aceras en el centro de Viña del Mar, la extensión del Metro hasta Reñaca y más infraestructura deportiva, entre otros proyectos.

Presentan recurso al TC para anular reposición del lucro

Un grupo de 17 profesores de Derecho de diversas universidades del país presentó un inédito recurso en el Tribunal Constitucional (TC) buscando que éste anule su proceder en la derogación del artículo 63 de la reforma a la educación superior, que prohibía que las universidades tuvieran entre sus consejos directivos a miembros que representaran los intereses de entidades con fines de lucro.

La acción cuenta con el apoyo de la Confech y uno de los abogados que la firmó es el académico de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa, quien detalló que presentaron "un incidente de nulidad de todo lo obrado, que le pide al TC que anule todo lo que se hizo en el procedimiento que controla la constitucionalidad del proyecto de ley de educación superior, desde que se interpuso el téngase presente por parte de Pilar Armanet en representación de la Corporación de Universidades Privadas".

En cuanto a la argumentación, el jurista explicó que "las razones que hay detrás es que, apoyándose en ese téngase presente, el tribunal habría excedido sus competencias, al abocarse a conocer de materias para las cuales no tiene autorización constitucional".

En tal sentido, precisó que "en el téngase presente, Pilar Armanet afirma que el artículo 63 del proyecto de ley tiene quórum de Ley Orgánica Constitucional, por lo que entra en la categoría del control obligatorio que debiera hacer el TC. Sin embargo, esa es una calificación que le corresponde al Congreso, entonces el TC, al hacer la interpretación de Pilar Armanet, opera como si se tratara de un control de constitucionalidad preventivo de carácter obligatorio, cuando en realidad se trata de un control eventual".

La importancia de esa diferencia, explicó, radica en que "el control eventual que hace el TC sólo puede estar motivado en caso de que un grupo de parlamentarios recurra al TC, pero en el caso concreto de la tramitación del proyecto de ley ningún parlamentario, ningún sector de las cámaras recurrió al TC, y específicamente, respecto del artículo 63, tampoco hubo una reserva de constitucionalidad, por lo tanto, no hay ninguna causal constitucional que habilite al TC a pronunciarse sobre el artículo 63, de modo que si lo hace, incurre en nulidad, sería un acto nulo".

Se trata de un recurso inédito, pues "esta es una estrategia jurídica, procesal que inventamos nosotros, esto no forma parte de la normalidad del TC, sino que estamos recurriendo a las normas generales del procedimiento civil para impugnar la actuación del tribunal".

Ayer el TC publicó la sentencia sobre el recurso que interpuso Armanet, pero no se pronunció sobre este incidente de nulidad.

profesores de Derecho de diversas universidades del país presentaron el incidente de nulidad ante el TC. 17