Alexis Paredes R.

El intendente Jorge Martínez está dispuesto a dar un golpe de timón en la orgánica que administra el Parque Cultural de Valparaíso, que producto de una mala gestión administrativa mantiene sin rendir recursos que superan los $ 1.500 millones. Se trata de dineros recibidos anualmente por Ley de Presupuesto a través del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Rendiciones no presentadas en forma mensual, gastos sin justificar, proveedores que presentan conflicto de interés con altos funcionarios del parque, pagos de horas extras sin acreditar y reajuste de sueldos desmedidos, sumado a graves falencias en la administración y falta de control por parte del directorio, son parte las irregularidades detectadas durante los últimos años de gestión de la entidad, que funciona como una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que anualmente recibe casi $ 1.200 millones por parte del Estado.

"Si hay un hecho ilícito, que nadie tenga la menor duda que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y si esto implica reestructurar completamente el Parque Cultural de Valparaíso y cambiar su estructura por una que sea fiel a lo más básico que se espera de un parque, que es que se cumpla su objetivo y no se hagan negociados particulares y se cuiden los fondos públicos, no tengan la menor duda que lo vamos a hacer", fue la categórica respuesta del intendente Jorge Martínez luego que se hicieran públicas las graves irregularidades que afectan a uno de los recintos más emblemáticos de Valparaíso.

Con una trayectoria ligada a la academia y gestión cultural, Martínez es una voz autorizada al momento de analizar la crisis financiera que afecta al recinto, administrado por la Asociación Parque Cultural de Valparaíso. La autoridad regional adelantó que "esto es grave y estamos muy preocupados. Los antecedentes que nos entregó la actual directora, Nélida Pozo, eran más que alarmantes sobre las administraciones anteriores. Uno puede suponer, incluso, que detrás de esto puede haber figuras ilícitas, incluso delictivas".

Dentro de las medidas que instruyó, Martínez solicitó a la directora, Nélida Pozo, recabar todos los antecedentes, ante el riesgo de "que se perdiera información o computadores. Ella me había comentado que solicitó una auditoría a la Contraloría y yo le pedí solicitar una auditoría externa. Hay mucha información que no estaba disponible y que se está pidiendo a distintas entidades, como bancos, entre otros".

El intendente ofició a la Contraloría "darle prioridad a la auditoría de gestión al Parque Cultural, además de una auditoría externa para tener dos fuentes para ordenar la cifra tremenda, de más de $ 1.500 millones, que se presumen no han sido bien justificados".

Además se resolvió prorrogar "sólo por 90 días el permiso de uso al Parque Cultural, con la única y exclusiva finalidad de nombrar a los tres integrantes del directorio que me corresponde designar como intendente, pedirle la renuncia a aquellos directores que no la han presentado y que eran de confianza del anterior intendente y reconstituir ese directorio para el solo efecto de poder esclarecer en detalle qué fue lo que ocurrió en la anterior administración del Parque, que nos tiene a toda la comunidad impactados, sobre todo aquellos que nos sentimos muy cercanos al mundo de la cultura y queremos mucho al Parque Cultural. Saber qué hicieron con nuestro parque, dónde están esos dineros, en qué se utilizaron, quiénes son los autores, cómplices o encubridores de eventuales figuras irregulares que creemos es muy posible se encuentren".

Transcurridos estos 90 días, se evaluará el permiso de uso que tiene la Asociación Parque Cultural de Valparaíso en relación al inmueble fiscal.

Sobre la responsabilidad del actual directorio y directores ejecutivos anteriores en las irregularidades y crisis financiera que afecta a la administración del parque, el intendente enfatizó que "hay que ver los estatutos de la propia fundación que establece las responsabilidades. Acá puede haber responsables por acción o por omisión, todos los directores son elegidos no para ocupar cargos figurativos, sino para velar por el buen uso del parque y de los fondos públicos. Hay una glosa presupuestaria que se le asigna directamente al Parque Cultural, que es más de mil millones de pesos al año, por tanto, de haber una figura ilícita, sería respecto de fondos públicos y esto puede ser mucho más grave de lo que se ha comentado hasta este minuto".

En relación a una nueva institucionalidad y el posible término de la actual figura de la corporación que administra estos millonarios recursos, Martínez no lo descarta, pero enfatiza que "primero debemos ordenar la casa, ver qué pasó en la administración anterior para que se produjera un 'desorden' de la magnitud que estamos hablando. En estos noventa días esperar el resultado de las dos auditorías y, tercero, llegó el minuto de evaluar una reestructuración completa del parque porque nos ha desilusionado a todos. Nadie de los actores culturales de esta región esperaba una sorpresa de esta magnitud en el Parque Cultural".

Durante la jornada de ayer, las seremis de Bienes Nacionales y Cultura, Rosario Pérez y Constance Harvey, respectivamente, efectuaron una fiscalización al Parque Cultural, donde se entrevistaron con la directora del recinto, Nélida Pozo.

La seremi Pérez subrayó que "junto a la seremi de Cultura hemos realizado una fiscalización en el inmueble de propiedad fiscal, estamos atentos de cómo sigue el curso de las investigaciones. Sabemos que hay una investigación en Contraloría, esperamos que sea lo más pronto posible para poder tener a la mano los antecedentes para otorgar una concesión en el futuro a una organización que tenga las condiciones para poner en valor la cultura en Valparaíso". La extensión del actual permiso de uso al Parque Cultural, dijo Pérez, es "de manera última y provisoria, para que el parque pueda seguir funcionando, con la condición que este permiso sirva para reestructurar el directorio y establecer los responsables de este desvío de fondos".

En cuanto a la continuidad de la actual directora ejecutiva, Nélida Pozo, quien antes de asumir por concurso interno se desempeñó como seremi de Cultura en el anterior gobierno, el intendente enfatizó que "esas responsabilidades tienen que ser fruto de la investigación, hay que recordar que asumió en enero de este año y que, más allá de su tendencia política, fue ella quien concurrió hasta la intendencia para darme cuenta de las irregularidades que, recién asumida, se había encontrado con las administraciones anteriores. Por el momento no tengo ningún elemento para dudar de ella y su integridad, es una persona muy conocida y con un prestigio en la zona, espero que no esté involucrada, pero aquí hay que esperar que todos los órganos fiscalizadores realicen su tarea".

Una de las aristas políticas en este caso apunta a indagar eventuales responsabilidades de la exministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, en su intento de otorgar una concesión a 50 años a una entidad con un directorio acéfalo y con una auditoría de Contraloría que establecía irregularidades.

"Los antecedentes que nos entregó la directora, Nélida Pozo, eran más que alarmantes. Uno puede suponer incluso que, detrás de esto, puede haber figuras ilícitas, incluso delictivas"

Jorge Martínez, Intendente regional"

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En ningún momento (la empresa concesionaria de los parquímetros) informó el cambio de dueño (...) esto constituye una infracción grave"

pablo staig, director jurídico Municipalidad de Viña, sobre contrato con Global Parking