Cristián Rodríguez F.

Dos semanas han pasado desde que el país se conmocionó al conocer la historia de Ámbar Lazcano, la pequeña de sólo un año y ocho meses, oriunda de la comuna de Rinconada, quien falleció tras ser violada, presuntamente, por la pareja de su tía biológica y cuidadora legal, Andrés Aravena.

A partir de su caso, el Gobierno anunció el envío de una moción para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores, mientras que el Ministerio Público decidió otorgarle dedicación preferente al fiscal Ricardo Reinoso para darle celeridad a la investigación.

En esa línea, la abogada jefe la Defensoría Penal de Los Andes, Alicia Rojas, visitó el jueves pasado al único imputado del crimen de Ámbar, quien permanece en prisión preventiva -por 180 días- en el Complejo Penitenciario de Valparaíso. "Él está en un módulo en que hay una protección más importante. Está con bastantes medidas de seguridad y, de momento, diría que su integridad personal no está en riesgo", dijo a este Diario la abogada que asumió la defensa.

Si bien Rojas se limitó a referirse sobre lo que conversó con el imputado, sí aclaró que él no ha prestado otra declaración oficial, por lo que mantiene su versión de que es inocente y que la menor sufrió lesiones producto de una caída.

"Lo que existe de momento son los informes de ambos hospitales que dan como causa de muerte una presunta violación anal, pero ese es el informe inicial y, sin perjuicio de cualquiera sea el resultado, quien debe establecer la causa de muerte es el Servicio Médico Local, que demora cerca de tres meses", dijo la defensora, agregando que el imputado se sometió voluntariamente a un examen de ADN para detectar si existe presencia de él en el cuerpo de la menor.

"Primero hay que establecer si hubo violación, y segundo si eso tiene un nexo causal con la muerte de Ámbar", indicó Alicia Rojas, recordando que "la ciudadanía fácilmente olvida que mientras no se dicte una sentencia el imputado debe presumirse inocente, y por más que pueda ser una frase común, en este caso es real".

Cerca de dos mil personas asistieron al funeral de Ámbar, que se realizó el jueves de la semana pasada en Los Andes. Ante la repercusión que tomó su caso a nivel nacional, la abogada sostuvo que "me parece natural la reacción de la comunidad en términos del dolor, por lo tanto no puedo objetarlo sino que sólo entenderlo".

Pese a ello, se mostró confiada en que la presión mediática no incida en la decisión que adopte la justicia. "En cuanto al actuar de los Tribunales de Justicia, en mi trayectoria nunca he advertido que, por lo menos los jueces, se dejen influenciar por la reacción, que es por lo demás lo que uno espera", comentó la abogada.

Y agregó: "Evidentemente este es un caso que concita la atención de la ciudadanía, pero más allá de eso aquí se requiere de mucha investigación y no nos podemos adelantar a una situación en la que no sabemos dónde va a terminar".

También, la defensora tuvo palabras sobre las peticiones por restablecer la pena de muerte para este tipo de delitos. "La sanción cumple un objetivo, que es el castigo y la resocialización. Y con una pena de muerte lo segundo es imposible", explicó Rojas, quien frente a las críticas que reciben los abogados defensores en este tipo de casos sostuvo que "nadie es tan frío para decir que no nos pasa nada, pero uno está aquí para asegurar que todo imputado va a tener derecho a una defensa".