Diputadas de oposición ingresaron ayer una acusación constitucional en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices, a ocho días de que la Contraloría declarara ilegal los cambios al protocolo de objeción de conciencia por aborto en tres causales.

Las modificaciones, que fueron impulsadas por el secretario de Estado, eliminaban la prohibición de los recintos de salud privados de declararse objetores si recibían recursos del Estado.

El oficio presenta las firmas de las diputadas del Frente Amplio (FA) Claudia Mix (PP), Gael Yeomans (IL) y Maite Orsini (RD), además de Karol Cariola (PC), Camila Vallejo (PC), Marisela Santibáñez (PRO), Emilia Nuyado (PS), Daniella Cicardini (PS), Cristina Girardi (PPD) y Carolina Marzán (PPD).

Yeomans, quien será la coordinadora del libelo, ingresó la solicitud en la oficina de partes del Congreso en compañía de legisladoras y legisladores del FA, así como también de las bancadas del PPD, PS, PRO y PC.

"Estamos presentado esta acusación de manera transversal, por distintas diputadas del Congreso, no sólo del FA. Estamos viviendo el contexto de una ola feminista, porque no somos tratadas por igual y porque continuamente somos violentadas", dijo la legisladora.

"Es por eso que el Congreso tiene que responder si va a estar del lado de las mujeres o de las minorías parlamentarias", añadió Yeomans.

La diputada Cariola dijo que "como bancada del PC decidimos apoyar esta acusación constitucional. Los argumentos están sobre la mesa y la acusación que nos han propuesto los compañeros y compañeras del FA es sólida".

Daniella Cicardini manifestó que "como mujer, parlamentaria y socialista tengo la convicción de que esta es la herramienta que nos queda para poder defender los derechos de las mujeres de Chile".

El próximo 29 de mayo, la acusación será notificada en la sesión legislativa de la Cámara de Diputados, para sortear la constitución de la comisión que estará a cargo de su análisis y emisión del informe, que será presentado con plazo máximo de seis días en la Cámara Baja para ser votado.

Desde la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma cuestionó la acción de la oposición, asegurando que "tiene que haber un mínimo de apoyo jurídico en los argumentos" y dijo que tras el libelo "sólo hay un interés político".

La Corte Suprema rechazó ayer el recurso de casación presentado por comunidades indígenas que mantenía frenado el proceso para el pago compensatorio de los $7 mil, en el marco del caso de colusión en el mercado del papel Tissue, visando así el acuerdo conciliatorio.

En fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Héctor Carreño, Guillermo Silva, Rosa María Maggi, Rosa Egnem y Juan Eduardo Fuentes- descartó infracción de ley en la aprobación del acuerdo conciliatorio, suscrito en abril de 2017, con lo que da vía libre al pago compensatorio acordado entre el Sernac, CPMC y las organizaciones de consumidores.

El fallo del tribunal fue celebrado por el director del Sernac, Lucas del Villar, quien señaló que "este es un fallo contundente de la Corte Suprema. Es histórico, inédito, del cual no existe precedente en un plan de compensación que aborde cerca de catorce millones de consumidores de todo el país".

El jefe del organismo anunció que "de acá a diez días más se espera que el fallo se ponga en ejecución" y explicó que "todas las personas que tengan rut y cédula vigente, al día y que hayan cumplido más de dieciocho años, a partir del cúmplase, que aproximadamente se va a dar en diez días más, tienen derecho a esta compensación de siete mil pesos".

Cuando el fallo sea ejecutado, el 75% de las personas que cumplen con el requisito van a recibir la compensación dentro de los primeros dos meses, indicó el funcionario.

Del Villar, además, rechazó el acuerdo de casación dispuesto por el abogado de las comunidades indígenas de la Región de La Araucanía, Jaime Moraga, que buscaba dejar sin efecto el acuerdo compensatorio debido a que acusaba "discriminación".

La autoridad había señalado anteriormente que el pago se realizará a través de la cuenta RUT a cerca del 58% de los afectados, mediante abono automático al Instituto de Previsión Social (IPS) se indemnizará al 17% de los perjudicados, y previa inscripción, en una página web especialmente destinada para estos efectos, se compensará al restante 25% de las personas.

de abril del 2017. En esa fecha el Sernac, la CMPC y las organizaciones de consumidores acordaron el monto. 12

Matías Jullian Velásquez

Gerardo Varela, el ministro de Educación, salió ayer a explicar sus polémicos dichos del miércoles en el Congreso sobre los casos de acoso y abuso sexual contra mujeres, asegurando que fue malinterpretado y que tiene "cero tolerancia" con este tipo de actos en establecimientos educacionales.

"Ellas tienen la experiencia más reciente de haber transitado por universidades prestigiosas del país y haber experimentado esas pequeñas humillaciones y discriminaciones que son las que estamos llamados a solucionar", dijo en su presentación del miércoles, a raíz del acoso que sufrieron las integrantes de su equipo ministerial, al explicar los protocolos del Mineduc frente a casos de abuso sexual.

Sobre estas declaraciones, Varela explicó ayer que "lo que yo dije es que el derecho penal siempre ha recogido las humillaciones que tienen una dimensión criminal como es la violación y el abuso. De lo que estamos preocupados hoy día son por las humillaciones cotidianas y por eso dije que teníamos que bajar el umbral de tolerancia".

El secretario de Estadio indicó que desde el Mineduc "estamos preocupados y le hemos sugerido a las universidades que establezcan protocolos de sana convivencia". En esa línea, añadió que "lamento que se me haya malinterpretado porque, al contrario, estoy en el mismo bote de ellos diciendo tolerancia cero sobre estos temas".

Luego, al ser consultado si es que fue un error usar dicho término, dijo que habló "de las experiencias de vida de las dos personas que me acompañaban. Ellas se referían a pequeñas humillaciones, de manera que no he equivocado".

Ayer, el decano de Derecho de la PUC, Carlos Frontaura, se refirió a la causa feminista que llevan adelante las estudiantes de su facultad, asegurando que "nuestra comunidad no es generalizadamente machista. Es muy minoritario en relación a los casos, porque si no tendríamos más denuncias y esta comunidad ya se habría destruido".

Frontaura añadió que "estas alumnas expresaron un sentimiento que hay que acoger. Lo que sí les pido es que tengan la capacidad de decir que esto no es una cosa generalizada. Estos hechos son tan inaceptables que producen un impacto en sí".