Alexis Paredes

Enmarcada dentro de las múltiples acciones para abordar la seguridad pública y el cuidado de las personas, la gobernación provincial de Valparaíso aumentó las fiscalizaciones e inició un proceso de regularización de todos aquellos establecimientos que en la zona realizan eventos masivos con capacidad superior a mil personas, incluso menores a esa cifra.

La medida se basa en una serie de riesgos e ilícitos que traen aparejados estos eventos, entre ellos el tráfico y consumo de drogas, excesos con el consumo de alcohol, incivilidades y reclamos por parte de vecinos producto de la alteración del orden público a raíz de fiestas que no cumplen con las exigencias contenidas en la resolución exenta N° 3093, que data del 2007, que establece el procedimiento general que regula este tipo de actos y espectáculos que proliferan en la zona durante los fines de semana, tanto para recintos privados, públicos o de uso público.

La gobernadora de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz, lideró la primera reunión con los encargados de recintos que habitualmente realizan estas fiestas -Enjoy, Espacio Sporting, Club Naval Las Salinas, Estadio Español y otros- además de los principales productores de eventos de la región.

Junto con coordinar las próximas acciones, se entregaron las directrices sobre la aplicación de la normativa vigente, que incluye la solicitud de los permisos a la gobernación, que durante el fin de semana realizó una intensa fiscalización que derivó en la suspensión de un evento en avenida Perú.

"Estos recintos, por tener la patente municipal, ya sea comercial o del alcohol, creían que no debían pedir autorización bajo la reglamentación vigente - N° 3093-, que dispone que la gobernación de Valparaíso tiene la facultad de autorizar o no aquellos eventos que impliquen un riesgo para la seguridad de las personas", explicó la autoridad.

De la Paz recalcó que los organizadores de estos eventos no estaban presentando un plan de seguridad ni tampoco el visto bueno por parte de entidades como la SEC o Seremi de Salud para funcionar. Para tales efectos se redactará un instructivo que incluye regular aspectos como los decibeles, instalaciones eléctricas por parte de la SEC y coordinación con las policías para fiscalizar a los asistentes de estas fiestas.

"Nos hemos dado cuenta que gran cantidad de personas están asociadas al consumo de alcohol y drogas, eso hace que se produzcan excesos, incluso la comisión de delitos. La PDI posee antecedentes en los que se produce tráfico de drogas, y queremos dar la señal de que la seguridad pública también se está coordinando desde la gobernación para autorizar o no estos eventos", acotó la gobernadora.

La autoridad recalcó que "la normativa está vigente, sólo que no se estaba aplicando", con una cantidad de guardias según el público asistente. Además se creará un registro único de dueños de locales que se dedican a realizar estos eventos y así acotar los plazos para tramitar los permisos.

"Queremos que la actividad nocturna en la provincia sea la adecuada, que ojalá produzca mucho empleo pero en forma segura", concluyó.

De la misma manera, las productoras apuntaron a evitar la proliferación de "piratas o ilegales", que generan eventos y que no cumplen con la normativa en seguridad y exigencias legales.

El director de "Boca ideas", Adolfo Aliaga, solicitó generar un registro de empresas del rubro (ver recuadro) a fin de evitar la proliferación de productoras piratas que no cumplen con ningún requisito y "muchas veces terminan estafando al cliente", enfatizó el empresario .

Una disputa legal enfrenta la municipalidad de Concón en la Corte de Apelaciones de Valparaíso tras el cierre de la fábrica "Eca Picha" que se ejecutó este año por parte de la Dirección de Obras (DOM), que determinó la clausura por ampliaciones no declaradas en el la construcción, propiedad de la Inmobiliaria Meingar.

La clausura, según los dueños, afectó a 100 trabajadores que fueron reubicados en diversas funciones. Acusan ilegalidad y descoordinación en el accionar municipal, entre diferentes departamentos, situación que fue desmentida por el municipio.

El abogado representante de la inmobiliaria, Juan Carlos Manríquez, explicó que existen varios puntos cuestionables respecto al cierre de la empresa, lo que perjudicó directamente al dueño que no ha podido acceder totalmente a su territorio.

"La regularización que se aplicaba a la inmobiliaria (por expropiación ante cambios del Premval) seguía adelante y renuncia a la eventual expropiación. Se dictan actos administrativos para abrir algunas puertas y sacar cosas que quedaban dentro con prohibición de funcionar. Lo que no se llevó a cabo porque otros departamentos cerraron la empresa y contra eso se recurrió de protección", explicó Manríquez.

"Recurrí a protección deduciendo que la inmobiliaria, dueña del terreno, producto de la descoordinación notable (entre diferentes departamentos municipales) se habría incurrido en una arbitrariedad notoria que afectaba el principio de coordinación de los actos de la administración", dijo el abogado.

En tanto, el abogado municipal, Patricio Anders, aclaró que "la clausura no es vinculante a la situación de la inmobiliaria". La causa de cierre, dijo, estaba judicializada por lo que no se cerró antes y el 8 de marzo salió la resolución en donde perdió la empresa por lo que el municipio clausuró porque no estaba la recepción de obras municipales de toda la edificación.

Luego solicitan, precisó Anders, "un plazo de 10 días para hacer apertura del local para retirar los productos y la Municipalidad dicta un decreto alcaldicio en donde lo autoriza para entrar en esos 10 días. Con ese permiso, van e interponen un recurso en la Corte de Valparaíso, no tiene ni sentido ni objeto. El permiso se cumplió el 25 de abril".