El excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) nuevamente fue formalizado ayer por la emisión de dos facturas ideológicamente falsas, en el marco de la investigación por el financiamiento irregular de la política, en el caso SQM. "Pido que la justicia, y confío en ella, opere", señaló el líder del Partido Progresista (PRO), al salir de tribunales.

"Muchas gracias por el interés. He hecho un paréntesis en mi aspiración política, mi combate político y, por tanto, no voy a agregar nada a lo que pasó ahora", dijo ME-O en la audiencia de formalización.

El líder del PRO ya pasó por este proceso en 2016, a causa de la emisión de 36 facturas a SQM Salar, a través de la empresa de su excolaborador Cristian Warner, por un monto equivalente a $391 millones.

Sin embargo, este verano, el exgerente general de la empresa, Patricio Contesse, confirmó ante los persecutores la presunta implicancia de ME-O, lo que provocó una nueva querella por parte del Servicio de Impuesto Internos (SII), por un total de 38 facturas exentas de IVA emitidas entre 2009 y 2014 -dos a Soquimich S. A. y 36 a SQM Salar- por $420 millones.

El excandidato escribió en, aquel momento, en su cuenta de Twitter: "Contesse miente. Exijo un juicio para probar mi inocencia. Quiere salvarle el pellejo a sus amigos. Les aseguro que pretenden cerrar el caso y que todos queden libres de polvo y paja. Exijo ir a un juicio".

Su defensa ingresó, por esto, una solicitud de sobreseimiento ante el 8° Juzgado de Garantía. Tras la audiencia, el imputado señaló ayer que "he dicho muchas cosas, todas ciertas, y pido que la justicia, y confío en ella, opere. (...) Creo que justicia que se demora es justicia denegada y es impropio algo que se demora ya casi tres años, pero bueno, así es. Estamos en otra etapa de nuestras vidas, no tengo mucho que decir", apuntó.

CDE no participará en demanda contra Ministro F. Larraín

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió, en las últimas horas de ayer, no participar de la querella por el viaje a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que realizó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, con fondos estatales.

La entidad argumentó que "no se aprecia la existencia de un hecho que revista caracteres de delito", en la participación del Secretario de Estado en un encuentro de exalumnos, viaje financiado en parte con recursos públicos.

Tras la polémica, Larraín señaló que reembolsó el dinero a Hacienda, gesto que fue valorado por el Gobierno.

Los cuestionamientos, sin embargo, prosperaron en la oposición, por lo que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte envió, hace unos días, al CDE los antecedentes preliminares sobre el caso, en el contexto de la querella por malversación de caudales públicos contra el secretario de Estado presentada por el abogado Luis Mariano Rendón.

El ministro Felipe Larraín declaró por este asunto ante la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, representada por la abogada Ximena Chong, el jueves por la tarde, informó ayer radio Cooperativa.

La diligencia fue ejecutada en la oficina de Carlos Cortés, abogado del secretario de Estado, en Las Condes, en la Región Metropolitana.

"La fiscal nos informó que ella tomó declaración al ministro, que se le había pedido copia de toda la correspondencia que intercambió con Harvard o con las autoridades del Ministerio, a propósito de las autorizaciones que tenían que darse", dijo el querellante.

La decisión de investigar la procedencia y modo de retronar los fondos estatales empleados en el polémico viaje fue adoptada por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, tras acoger la presentación del caso efectuada por Rendón, quien también es conocido como activista medioambiental.