Cristián Rojas M.

La propuesta del Gobierno para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) ha generado reacciones dispares entre rectores y académicos de las universidades. Dicha propuesta contempla sacar a la banca del instrumento crediticio, medida que genera sólo comentarios positivos, pero también considera que los alumnos que pertenezcan a los seis primeros deciles y que no alcancen la gratuidad, no pagarán un peso mientras estudien y el diferencial entre el arancel real y el de referencia deberá cubrirlo cada institución si es que lo supera en 50%, algo que no todos comparten.

Sobre este punto, el el economista de la Universidad de Santiago de Chile (USACh) Víctor Salas, especialista en economía de la educación y autor del libro "Claves y nudos en la reforma a la educación superior chilena", advirtió que este aspecto del eventual nuevo crédito implicará una mayor presión para los recursos de las universidades, principalmente, las estatales, dado que la recién promulgada Ley de Fortalecimiento de Universidades del Estado no consideraría recursos suficientes para costear este ítem.

"Lo que pague el Estado no va a bastar, ni el arancel considerado para la gratuidad ni para financiar el crédito, considerando lo que los planteles estiman que cuesta financiar su actividad docente", enfatizó Salas, advirtiendo que costear esta diferencia puede perjudicar la calidad de la educación que imparten y la investigación que realizan, debido a que deberán redistribuir los mismos recursos que utilizaban en estos aspectos para cubrir el diferencial que provocará el nuevo sistema de financiamiento.

Por su parte, el rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza, fue más cauto, al señalar que "primero queremos hacer todos los cálculos", aunque coincidió con Salas en que "no podemos crear un sistema que afecte las finanzas de las instituciones, porque eso al final termina siendo un bumerán que afecta la calidad, y no podemos aceptar aquelllo".

Sanhueza subrayó que los rectores del CRUCh "siempre hemos pensado que las universidades tienen que tener más subsidios a la oferta que subsidios a la demanda, o sea, debiéramos asegurar un piso de funcionamiento y de calidad, más aún cuando la propia Ley de Universidades Estatales establece que debieran ser referente de calidad".

En ese contexto, detalló que están haciendo "un estudio sobre los diferenciales que se producen entre el arancel real y los beneficios, tanto de gratuidad, de becas, como también de créditos, porque las universidades tampoco pueden subsidiar más de lo que ya subsidian en muchos otros aspectos, pues requieren, para su propio desarrollo, invertir permanentemente en tecnologías, en laboratorios, en equipamientos, en bibliotecas, en fin, y eso limitaría ese desarrollo necesario para nuestras universidades".Sanhueza, quien preside la Agrupación de Universidades Regionales, es consciente de que "esto está recién en una especie de propuesta de ley, no es un proyecto de ley todavía lo que el gobierno está planteando", pero frente al nuevo escenario, adelantó que los rectores del CRUCh buscarán reunirse con el ministro y el subsecretario de Educación, "para que nos aclaren aquellas dudas que tenemos".

En tanto, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Claudio Elórtegui, calificó como "un avance" el que la propuesta gubernamental considere eliminar a la banca de este tipo de crédito y que se haga cargo de quienes no alcanzan la gratuidad, pero difiere con la visión del académico de la USACh, haciendo notar que "en el caso de las universidades estatales, los jóvenes que pertenecen al 60% de la población de menores ingresos están cubiertos por gratuidad, y por lo tanto, no van a ser usuarios de este tipo de crédito".

No obstante, agregó, podría darse el caso de que alumnos de las universidades estatales lo requieran si es que no terminan su carrera en los años que ésta dure, pues la gratuidad sólo dura ese periodo.

"Me parece que este crédito, uno de los destinos que debiera tener es justamente permitir financiar los estudios de los jóvenes que quedan excluidos de la gratuidad porque no alcanzan a finalizar su carrera en el periodo nominal de estudios, y un gran número de estudiantes en nuestro país está en esa situación, así que un crédito de este tipo me parece una buena fórmula para permitir que esos jóvenes continúen con sus carreras sin realizar desembolsos de dinero", planteó Elórtegui.

En tal sentido, estima que "este crédito contribuiría a solucionar un problema muy complejo que se va a ir generando, y ya se comienza a generar, debido a la forma en que fue aprobada la legislación de la reforma a la educación superior en lo relativo a la gratuidad".

Para Sanhueza, en tanto, este nuevo CAE "tal como está planteado, más bien favorece a las instituciones privadas de educación superior, porque pone menos exigencias académicas al ingreso de los estudiantes, mientras que nosotros tenemos un sistema de admisión que es regulado".

Una visión distinta a ese planteamiento tiene el rector de la Universidad Viña del Mar, Carlos Isaac, quien señaló que esperan conocer el proyecto para analizar sus alcances, pero de manera preliminar estima que "no reconoce el valor y aporte que hacen las universidades privadas, aquellas que atendemos a los alumnos más vulnerables, porque es este sector el que requiere, sin duda, más programas de apoyo. Hoy aún no están claros los criterios que fijan los aranceles, pero esperamos no agudicen la diferencias del sistema de financiamiento entre planteles estatales y privados".

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"Siempre hemos pensado que las universidades tienen que tener más subsidios a la oferta que subsidios a la demanda"

Patricio Sanhueza, Rector de la UPLA"

por sobre el arancel de referencia contempla financiar el nuevo crédito a los alumnos que lo requieran. 1,5

de menores ingresos y que no tenga gratuidad es el estudiantado que sería sujeto de este crédito. 60%