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Cirujanos confirman estrategia judicial por acusación y notificación de la FNE

JUDICIAL. La semana pasada la entidad comunicó a la asociación que tiene 20 días para dar respuesta al TDLC.
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El presidente de la Asociación de Cirujanos de la V Región (ACG), Arturo Paillalef, confirmó que finalmente fueron notificados de la acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por supuesta colisión de la agrupación, quienes - según la entidad pública-, habrían fijado precios en las prestaciones de servicios médicos.

Según la notificación recibida por los médicos los facultativos tienen un plazo de 20 días para dar respuesta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

El presidente de la AGC aclaró que "los abogados van a aplicar la estrategia que ya han estado estudiando, en eso vamos a mantener bastante reserva porque está en el área netamente judicial. Por lo demás, quiero insistir lo importante que fue para nosotros la presentación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde pudimos poner en conocimiento de los parlamentarios, que bajo nuestra visión, quién perjudica a los pacientes de la salud privada es la isapre".

Esto, dijo el médico, está generado por "sus bajas coberturas, su disminución en los topes, su sin número de seguros anexos y una cotización creciente en un contexto de integración vertical".

Paillalef insiste en que "aquí no existe colusión, los problemas de la salud principalmente tienen que ver con la integración vertical y la estrechez en el mercado de las aseguradas oferentes de los seguros, es decir las isapres".

Expertos alertan de incremento en índices del suicidio en jóvenes

VIÑA DEL MAR. Profesionales abordan importancia de salud mental y elaborarán propuesta.
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Katherine Escalona M.

El abandono, la precariedad económica, la falta de apoyo en temas de salud mental, el crimen, la victimización, la violencia en las comunidades y la inestabilidad del hogar son, según expertos internacionales en materia de infancia y adolescencia, algunos de los factores que inciden en el suicidio de jóvenes, fenómeno que va en aumento en Chile y que genera preocupación.

En el "Primer Encuentro Científico Especializado en Infancia y Adolescencia", organizado por Fundación Tierra de Esperanza, se dio a conocer que "de acuerdo a los datos entregados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 40 segundos en el país una persona pone fin a su vida".

Chile es el segundo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que presenta mayor tasa de suicidio adolescente. Además, "más del 73% de la población infantil ha sufrido algún tipo de maltrato en su vida, según UNICEF", informó la fundación.

La especialista en suicidio en la adolescencia, Carolina Hausmann- Stabile, investigadora y docente de Bryn Mawr College de Philadelphia, Estados Unidos, afirmó que "Chile en el continente es el tercer país con índices más altos de conducta suicida, entonces es un problema serio. Nosotros vemos suicidios a partir de los ocho años".

Según explicó la profesional, antes el fenómeno ocurría en hombres adultos por problemas serios de salud, drogas, alcohol u otra patología. Sin embargo, recalcó, "ahora esto está cambiando (...) más conductas suicidas en mujeres y sobre todo en jóvenes. Un grupo etéreo que tiene índices de salud muy buenos y sin embargo el suicidio es una de las principales causas de muerte de jóvenes en Chile".

Entre los 15 y 16 años, aseveró la experta, se ven "los índices más altos de ideación suicida y los intentos de suicidios no letales. Tienden a declinar o a bajar al resto de la vida".

Además, entre los jóvenes de 18 y 24 años, según explicó, el fenómeno es la segunda causa de muerte después de los accidentes automovilísticos. Es importante, dijo, "prestar atención, porque jóvenes que presentan conductas suicidas en la adolescencia tienen peores trayectorias de salud a lo largo de la vida. Más problemas de depresión, abuso de sustancias, etc.".

Para cambiar la situación y crear una población adulta sana, los expertos postulan que se debe trabajar en políticas públicas para generar una red de apoyo global, prevenir e intervenir de forma individual, con las familias y la comunidad. Estarán una semana analizando el tema y el viernes viajan a Santiago para presentar proyectos en la materia.

"En Chile tenemos una buena construcción teórica de cómo implementar las soluciones para los problemas sociales. Sin embargo, hay un tema que nos hemos ido quedando atrás, la intervención social que hacemos está más bien sustentada en tema teórico y estamos fallando en la verificación de saber si lo que estamos haciendo, es lo que hay que hacer", explicó el psicólogo experto en infancia y director ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza, Pedro Canales.

En el país, dijo, "se implementa un programa porque cree que va a resultar, pero no se recoge el impacto que tiene ese programa. Hay que pensar que lo que hacemos de verdad transforma. Por ejemplo, la responsabilidad penal adolescente, hablan parlamentarios del endurecimiento de penas y nosotros sabemos no disminuye el delito, no es la solución. No estamos midiendo correctamente, queremos medir y evaluar que lo que se implementa, es lo correcto".

En materia de polivictimización, la doctora investigadora y psicóloga de la Universidad de Cataluña, España, Anna Segura, puntualizó que "no sólo hay que ver cuando un joven llega a un sistema de protección, sino que hay que ver cuando tenía 2 o 3 años. Hay programas que son de prevención cuando nacen y se hacen seguimiento, reducen el maltrato y hay un sistema de protección".

Pleno de la Corte porteña acoge el desafuero del diputado Ignacio Urrutia

VALPARAÍSO. Abogado del parlamentario ya anunció que apelará ante la Suprema.
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El Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la solicitud de desafuero contra el diputado Ignacio Urrutia Bonilla, que fue presentada por representantes de agrupaciones de Derechos Humanos por sus dichos vertidos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados el 19 de abril de 2018.

En fallo dividido, el Pleno concluyó que "existen en el proceso antecedentes suficientes para establecer que el honorable diputado don Ignacio Urrutia Bonilla abría vertido los dichos que se le reprochan, a través de medios de comunicación social; lo que permite desechar las alegaciones de la defensa en sentido contrario".

Agrega que "en efecto, se habría imputado a los querellantes la calidad de terroristas -lo que constituye un delito sancionado por la ley N°18.314, además, que abusarían de su calidad de víctimas de prisión política y de torturas para obtener reiteradas e injustificadas regalías del Estado, lo que implica necesariamente un descrédito y menosprecio grave de los querellantes, que afecta su honra, crédito, fama y honor; quienes por formar parte de un grupo determinado de personas fácilmente individualizables a través de instrumentos oficiales, no pueden ser considerados un colectivo indeterminado".

El Pleno establece que "lo señalado por el honorable diputado señor Ignacio Urrutia Bonilla, calificando la conducta de particulares, no dice relación directa con las funciones propias de la Cámara de Diputados antes referidas, por lo que no puede entenderse que fueran vertidas en el ejercicio de su cargo".

Por último, la resolución afirma que "no obsta a lo anterior la circunstancia de que los dichos fueran vertidos mientras varios honorables diputados discutían acerca de la conveniencia y consecuencias políticas del retiro del proyecto de ley que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile -materia acorde a los cargos políticos que detentan- porque no se estaba analizando el contenido del proyecto".

La defensa del parlamentario, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, apelará a la Corte Suprema, argumentando que la votación del pleno desobedece los fallos recientes del máximo tribunal y extralimita las reglas expresas de la Constitución, así como la ley de prensa y opta por una mirada histórico - política de los hechos.

A la espera de esa decisión final, el diputado continuará ejerciendo sus funciones.