Después de dos años de presentada la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía de Valparaíso decidió formalizar la investigación en contra de ocho funcionarios de la Municipalidad de Papudo -la mayoría de ellos directores de departamentos- por los delitos de fraude reiterado al Fisco y negociación incompatible.
La audiencia, que se realizará el próximo viernes 29 de junio en el Juzgado de Garantía de La Ligua, involucra a Alejandro Osorio, secretario municipal; Andrés Mejías, secretario comunal de planificación (Secpla); Cristóbal Jaque, director de Administración y Finanzas; Hernán Palacios, auxiliar del municipio; Daniel Sammur, encargado de Dideco; Guillermo Velasco, encargado de la Unidad de Control; Mario Bustamante, administrador municipal; Jorge Rubio, director de Obras Municipales, y Wilson Astudillo, ingeniero.
La querella presentada por el CDE en mayo de 2016 tuvo como sustento un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso que detectó una malversación por cerca de $ 90 millones, entre 2011 y 2014.
Según el documento, el perjuicio se originó luego que diferentes funcionarios de planta y contrata del municipio pactaran prestar otros servicios en calidad de honorarios, lo que según la Contraloría se hizo "con la finalidad de incrementar sus patrimonios" personales.
Respecto a la decisión de formalización el caso después de dos años, el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Patricio Toro, comentó a este Diario que durante la investigación se logró comprobar la existencia de una suerte de comité que definía el tipo de asesorías que debía prestar cada funcionario.
"Ellos (trabajadores) integraban un comité que resolvía precisamente la necesidad de la contratación y la naturaleza de los servicios que se debían prestar a honorarios, resultando que varios de los que integraban el referido comité -y que por tanto debían prestar esos servicios- aparecían resolviendo precisamente la necesidad de esos servicios y la necesidad de esa contratación", dijo el fiscal, agregando que "esto nos llevó a formalizar la investigación por negociación incompatible y fraude a la obtención de remuneraciones".
En cuanto a la calidad de los trabajos a honorarios que se autodefinieron realizar los funcionarios, el persecutor de la Urac explicó que "varios de los informes estaban fundados en antecedentes que se pueden obtener fácilmente de vías tan accesibles como Google".
Cuando se presentó la querella, quien también fue cuestionada en el eventual fraude fue la propia alcaldesa de Papudo, Rosa Prieto. Sin embargo, el fiscal Patricio Toro explicó que finalmente decidieron no formalizarla porque no participaba de dicho comité.
"Ella no integraba esos comités técnicos y no intervenía en la revisión de los informes. Entonces, la alcaldesa no jugó un rol penalmente respecto a la generación del contrato ni en la revisión de los informes que los contratados presentaban al administrador municipal", sostuvo el persecutor.
Consultado al respecto, el asesor jurídico de la municipalidad, Juan Luis Tobar, explicó que todos los funcionarios que serán formalizados mantienen una defensa privada.
Además, el abogado agregó que actualmente existe un juicio de cuentas que presentó la Contraloría en contra de los funcionarios, y que tras conocerse el informe fue el propio organismo fiscalizador el que inició un sumario administrativo, el que según Tobar derivó en multas para los implicados pero no en una destitución.
