Una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) comenzó ayer una misión oficial en Nicaragua en medio de la crisis sociopolítica que desde hace más dos meses atraviesa este país y que, según un organismo humanitario, ha dejado 285 muertos.

La misión de la ACNUDH, encabezada por la representante regional para América Central de la ONU para los derechos humanos, Marlene Alejos, condenó "el nivel de violencia e inseguridad que ha vivido el país" desde el pasado 18 de abril. "La muerte de un niño de 14 meses a consecuencia de un disparo durante el fin de semana se añade a una trágica lista de al menos 212 personas que han fallecido de forma violenta en el marco de las protestas", reprochó Alejos. "Estos hechos son inaceptables y no pueden quedar impunes", continuó.

El diálogo con la entidad de la ONU tiene como actores a representantes del Presidente Daniel Ortega y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos. La presencia de la ACNUDH se suma al de un equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en Nicaragua desde el pasado domingo.

Mientras, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) reportó en un informe que al menos 285 personas han muerto -incluido 20 menores de edad-, 2.500 han resultado heridas, 156 desaparecidas y 46 lisiadas de forma permanente debido a la crisis sociopolítica que afecta al país. El Gobierno se ha valido de sus "fuerzas combinadas que cubren sus rostros con pasamontañas" para realizar "actos ilícitos e impunes", como "torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de morada sin orden judicial y daños a la propiedad", denunció el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva.

Por su parte, el canciller nicaragüense Denis Moncada sostuvo que "en Nicaragua se vive un intento de desestabilización social de grupos internos con apoyo internacional, del que se han aprovechado grupos delincuenciales y de narcotráfico" generando una ola de violencia, criminalidad e inseguridad sin precedentes, afectando los derechos humanos y la vida de los ciudadanos. "Estas son acciones encaminadas a una ruptura del orden constitucional con una exigencia de renuncia del Gobierno y adelanto de elecciones para hacer un cambio de Gobierno por la vía fáctica", denunció.

personas han resultado heridas, 156 desaparecidas y 46 lisiadas en medio de la ola de violencia. 2.500

Diversos hechos de violencia ocurridos en el último año muestran que la tensión en la zona limítrofe entre Brasil y Bolivia está aumentando en forma alarmante. Son 3.400 kilómetros en los que existe un fuerte tráfico de armas, droga, madera, piedras semipreciosas, fauna y automóviles robados. Es una zona, además, escasamente poblada y constituida mayormente por selva y ríos de la cuenca del Amazonas.

En el asalto del 16 de junio la policía boliviana identificó la presencia de miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) de Brasil y donde aparentemente fueron sustraídas armas de alto poder.

El hecho ocurrió en la Capitanía Menor de Bruno Racua en la fronteriza Porvenir, en Pando. Unos siete atacantes hirieron con armas de fuego a un militar para luego huir con nueve fusiles AKT-56-2, más sus cargadores y cinco pistolas de dotación individual marca Taurus PT-24/7, además de dos cargadores.

El Gobierno boliviano decidió reforzar la seguridad en puestos militares fronterizos y además instruyó que se responda con disparos ante posibles nuevos intentos de atraco. "Nuestras Fuerzas Armadas están en apronte", dijo el ministro de Defensa boliviano, Javier Zavaleta. En Brasil, policías y militares realizan operaciones conjuntos en la frontera amazónica en procura de capturar a miembros de bandas criminales.