Cristián Rodríguez F.

La pena de diez años de presidio efectivo que alcanzó la Fiscalía Regional de Valparaíso en contra de la exconcejala de Limache y exjefa de gabinete de la Gobernación de Valparaíso, Cynthia Marín (Ind. pro RN) -por el delito de fraude reiterado al Fisco-, abrió el debate sobre la diferencia que a juicio de algunos ha existido en los principales casos de corrupción en el que las personas investigadas ostentan grandes cargos públicos, como los parlamentarios.

El primero en hacerlo fue el exfiscal de los casos SQM y Penta, Carlos Gajardo, quien la semana pasada en entrevista con este Diario aseguró que la sentencia en contra de Marín "pone muy de manifiesto la falta de rigor que ha tenido la persecución penal en los demás casos", lo que "deja en evidencia un problema grave de desigualdad ante la ley respecto de las personas que no son altos funcionarios públicos versus los demás".

Muchos diputados de la región también coincidieron con el exfiscal cuando fueron consultados, concordando que ninguna persona está por sobre la ley. Sin embargo, otra línea de debate que se abrió tras la condena apunta al delito que la Fiscalía le imputó a la exconcejala, el que terminó siendo acreditado por un tribunal de primera instancia y posteriormente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Esto, porque según varias organizaciones pro transparencia reconocieron que más allá de la persona que estaba siendo enjuiciada -que se podría entender como alguien que ya no ocupada un cargo público-, la gran diferencia que marcó esta indagatoria en comparación a los casos más bullados es que el fraude al Fisco tiene una penalidad mucho mayor a otros delitos, como los tributarios, el cohecho o el enriquecimiento ilícito.

"En nuestra legislación se sanciona de manera más alta el fraude al Fisco y la malversación de caudales públicos que otros delitos de corrupción, como el cohecho y tráfico de influencias, por lo que es muy difícil que el Ministerio Público pueda llegar a sanciones similares dado que las leyes son más débiles", indicó la directora de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada.

Para revertir aquello, la abogada sostuvo que es esencial que el Congreso avance en proyectos que aumenten las sanciones a otros delitos donde ha estado involucrado el dinero con la política. "Dado lo difícil de detectar y demostrar estos casos, que son tan graves para nuestra democracia, deben introducirse herramientas para facilitar su persecución, como la delación compensada y la protección de denunciantes", comentó una de las directoras del centro de estudios.

En ese contexto, el 12 de junio pasado volvió a sesionar en el Parlamento la comisión mixta que estudia el proyecto de ley que busca aumentar las penas en diferentes delitos. En la instancia, tras recoger la propuesta del Ejecutivo, se aprobó que las penas por malversación de caudales públicos comiencen en 541 días, aunque también se espera que se suban los grados en delitos como el cohecho -incluso a funcionarios públicos extranjeros-, soborno, negociación incompatible y también el fraude al Fisco.

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, el aumentar la penalidad en otros delitos vinculados a la corrupción es lo que justamente requiere el país para dejar atrás la sensación de una desigualdad ante la ley.

"Existe una desigualdad en cuanto a los delitos que imputa la Fiscalía y cuáles son las penas asociadas a estos. Y ahí claramente sí tenemos un problema, porque a diferencia del fraude al Fisco, el cohecho -que es lo que se está investigando en algunos de los casos de financiamiento de la política- tiene penas que realmente son irrisorias. Estamos hablando de penas que -aplicadas en el 90% de los casos- parten en 61 días", criticó el director.

A juicio de Precht, será precisamente dicha batalla la que se deberá dar durante la discusión del proyecto de ley. "La gran pelea que se está dando es que también el cohecho tenga efectivamente penalidades tales como las tiene el delito de fraude al Fisco. Y ahí claramente habría mucha mayor razonabilidad. Incluso, para la opinión pública quedaría mucho más claro que los delitos de corrupción sí tienen una pena efectiva, que hoy en el caso del cohecho no la tienen en el país", comentó el director ejecutivo de Chile Transparente.

Al igual que la directora de Espacio Público, Precht comentó que otra de las diferencias tiene que ver con la capacidad de comprobar los hechos, la que difiere según el tipo de delito que se está imputando.

"En general, los delitos de corrupción tienen una dificultad probatoria muy alta. Además, normalmente ocurren atenuantes. De hecho, la defensa de Cynthia Marín (representada por el abogado Juan Carlos Manríquez) señala que hay algunas atenuantes que no se ponderaron y por eso la pena llegó a ser tan alta", comentó el representante de Chile Transparente, quien pese a ello valoró la condena que se alcanzó en contra de la exconcejala de Limache, y además consideró que este caso perfectamente puede marcar un precedente para futuras investigaciones sobre la materia.

"Aquí efectivamente se aplicó la pena justa para delitos que son tan graves, como un fraude al Fisco. Y por eso es que este caso en específico es tan relevante, porque si bien puede parecer que hay una disparidad con otros, claramente este es un caso donde a nuestro juicio el razonamiento de los tribunales y de la Corte de Apelaciones fue el correcto", expresó Alberto Precht.

Y agregó: "Si bien en Chile no existe el precedente y las sentencias no son vinculantes unas con otras, claramente éstas van marcando una ruta. Y este es un cambio relevante, por tanto también esperamos que sea una señal para que nuestros legisladores también logren poner en otros tipos de delitos las penas que sean efectivas de cárcel".

Durante la tramitación del proyecto de ley que eleva las penas en delitos vinculados a la corrupción, una de las organizaciones que ha participado de manera más activa en la discusión (ver recuadro) es la fundación Ciudadano Inteligente, querellantes en los casos SQM, Penta y Corpesca.

Al igual que el resto de las organizaciones, la subdirectora de la fundación, Colombina Schaeffer, consideró como "adecuada" la pena que recibió Cynthia Marín por el delito que se le comprobó.

Pero a partir de ello, la socióloga indicó que "lo que nos parece problemático es que el Ministerio Público ha entregado salidas alternativas para delitos que son igual de graves para la democracia chilena".

"En casos como Penta, la Fiscalía optó por un procedimiento abreviado excluyendo de su acusación el delito de cohecho que se estaba investigando, dejándolo en la impunidad", recordó la subdirectora, quien también dijo esperar que la investigación a Marín marque una diferencia.

"Esperamos que el caso de la exconcejala sirva para demostrar que la justicia debe asignar responsabilidades a todas y todos quienes corresponda, no sólo a quienes no están ligados a grandes grupos empresariales", dijo Schaeffer.