El proceso judicial del denominado Caso Penta y la actual discusión en el Senado del proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto a este delito señala como una preocupación ciudadana cómo se tipifican y sancionan las prácticas de sobornar a una autoridad o funcionario público para obtener un beneficio privado.

En principio, esto nos parece que apunta en la dirección correcta. Sin embargo, hay señales que nos parecen del todo desalentadoras.

La decisión del fiscal Manuel Guerra de no incorporar el delito de cohecho en contra de Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner nos parece una decisión que va en contra del enfoque que deberían tener las instituciones encargadas de fortalecer la persecución penal en contra de este delito.

El cohecho es una grieta que debilita nuestra democracia, ya que esta es capturada por intereses privados en desmedro de los organismos públicos, los que precisamente buscan el bienestar común. No es posible que veamos delitos de robo de un celular con mayores penas que el robo de millones al Estado.

Desde Fundación Multitudes apoyamos las propuestas de Espacio Público y Ciudadano Inteligente para aumentar las penas, tipificar el delito de soborno entre particulares y de administración desleal, así como el proyecto que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas en el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.

El caso Penta pone en juego la fe pública respecto a la persecución de estos delitos, por lo que su alcance es mayor que la acción delictual a perseguir, y que es de tanto o más valor jurídico que el daño patrimonial implicado.

Es necesario castigar con inhabilidad absoluta en cualquiera de los grados de cohecho simple de mera actividad, así como considerar una pena de 541 días a 10 años según el monto. Es decir, tener como piso la penalidad contenida actualmente en la legislación y aumentar en 5 años lo propuesto en el proyecto.

Debería determinarse también la inhabilitación absoluta perpetua para los delitos de Cohecho con Infracción deberes y Cohecho con delitos, con una pena para el primero de 3 años y 1 día a 15 años según monto, y de 5 años y 1 día a 15 años para el segundo.

"El cohecho es una grieta que debilita nuestra democracia, ya que esta es capturada por intereses privados en desmedro de los organismos públicos, los que precisamente buscan el bienestar común""

Por Paulina Ibarra

*Directora ejecutiva de la Fundación Multitudes.

Hasta la Región de La Araucanía se fue la Viña San Pedro para intentar conseguir el que esperan sea un pinot noir de calidad, pero con un agregado especial: un sello indígena, con denominación de origen (Malleco) y comercializable en mercados internacionales.

El proyecto nació en la comunidad mapuche de Buchahueico (La Araucanía), junto al apoyo de la Comisión Nacional de Riego (CNR) e Indap. Ahí se selló un acuerdo para trabajar con cuatro familias mapuche, que plantaron uvas y que serán utilizadas para la producción del primer vino mapuche de Viña San Pedro. La producción ya está en guarda por los próximos 10 meses.

La enóloga jefe del proyecto, Viviana Navarrete, afirmó que "este proyecto significó para las familias de la zona tener una nueva fuente de desarrollo, trabajando su propia tierra. Antes vivían de prestar servicios esporádicos a empresas forestales y debían salir de sus tierras en busca de empleo. Hoy, recibieron herramientas y asesoría para trabajar sus predios, con un modelo de trabajo rentable y sustentable, que les ha permitido tener viñas productivas en sus propios campos".

Luego de generar las confianzas necesarias para desarrollar un proyecto de este tipo para un negocio que no está asentado de manera intensiva en la zona sur del país, Navarrete agregó que "esperamos que sea el principio de una nueva forma de trabajo colaborativo con distintas comunidades en Chile". Para ella, "es un modelo de negocios sustentable de largo plazo, perfectamente replicable".

El futuro

"Lo que sigue ahora es ver los resultados de la primera cosecha que dará vida al primer vino elaborado con uvas producidas por una comunidad mapuche. Será un momento de celebración para todos los que hemos aportado a este proyecto", resaltó la enóloga. En términos económico, añadió San Pedro, los agricultores tienen garantizada la venta de toda su producción. Independiente de la calidad o el volumen, la viña les comprará a un precio mínimo garantizado las uvas que produzcan cada año.