Fiscalía y CDE buscan ratificar condena a exconcejala Marín
JUDICIAL. Ambos intervinientes alegarán ante la Corte Suprema en contra del recurso de queja presentado por Manríquez. Caso entra en su recta final.
En su etapa final entrará por estos días el caso de la exconcejala y exjefa de gabinete de la Gobernación de Valparaíso, Cynthia Marín (Ind. pro RN), quien a inicios de abril fue condenada a diez años de presidio efectivo tras comprobarse su participación como autora del delito reiterado de fraude al Fisco.
Su caso no terminó ahí, porque dos meses después, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó la sentencia tras rechazar un recurso de nulidad presentado por su abogado, Juan Carlos Manríquez, lo que derivó finalmente en que el Juzgado de Garantía de Limache emanara una orden de detención en contra de la exedil de esta comuna, por no presentarse a cumplir su condena.
Desde ese día, Manríquez comenzó a formular una nueva estrategia judicial que tuvo su primera victoria el pasado 2 de julio, cuando Marín cumplía nueve días como "prófuga" de la justicia, en que la Corte Suprema decidió acoger una orden de no innovar y suspendió la búsqueda que pesaba en contra de la hermana del presidente del Consejo Regional de Valparaíso, Percy Marín, y cuñada de la diputada Camila Flores, ambos de Renovación Nacional (RN).
Para lograr la paralización de la orden de arresto y de la misma sentencia, el abogado porteño presentó un recurso de queja ante la Suprema en contra de los integrantes de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, que fue la que rechazó su solicitud para anular el juicio oral de la exconcejala.
Justamente, de acuerdo a lo ordenado por el máximo tribunal, hasta hoy viernes los ministros Patricio Martínez Sandoval y Silvana Donoso Ocampo, además de la abogada integrante Sonia Maldonado Calderón, tenían plazo para responder a las "faltas o abuso grave" que acusó Manríquez, quien en su recurso calificó la sentencia de la Corte como "arbitraria y/o injusta".
En medio de la presentación del recurso de queja, y tal como ya había ocurrido durante la solicitud de nulidad, el fiscal nacional, Jorge Abbott, le pidió a la Corte Suprema que declarara inadmisible la acción presentada por Manríquez.
A juicio del jefe del Ministerio Público, en el escrito ingresado por la defensa de Cynthia Marín no se explicaba "en forma clara y específica la falta o abuso" que se le imputaba a los ministros de Valparaíso, agregando que "se vuelven a plantear los elementos ya analizados y resueltos en el juicio oral y en la sentencia de nulidad".
"La verdad es que, en las condiciones en que se plantea el recurso, no resultan claras las faltas o abusos graves que se denuncian, desde que se entremezclan distintos tópicos que van desde supuestas tres infracciones de garantías hasta aspectos que reflejan más bien diferencias de criterio", expuso Abbott en su presentación.
Y agregó: "Es notorio el propósito de forzar una nueva revisión -ahora en sede disciplinaria- de los aspectos cuestionados en el recurso de nulidad, lo que ciertamente resulta improcedente pues, como es sabido, el recurso de queja no constituye una nueva instancia de análisis del mencionado recurso, sino un mecanismo extraordinario de revisión de precisas faltas o abusos denunciados y señalados en forma clara y específica, lo que tampoco se cumple en este caso".
Sin embargo, pese a los intentos del Ministerio Público por frenar la tramitación de la causa, la Suprema dio por interpuesto el recurso de queja, por lo que se espera que una vez que contesten los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso se convoque a los intervinientes a los alegatos (ver recuadro).
Respecto al rechazo a la solicitud del fiscal Jorge Abbott, Manríquez aseguró ayer que "se trató de una objeción previa de procedimiento que levantó el Ministerio Público, la cual no fue atendida por la Corte Suprema en la etapa de admisibilidad", agregando que "todas esas alegaciones deberán renovarse en su minuto en una audiencia de alegatos ante la misma Corte Suprema".
Con esto, los escenarios son diversos. Según explicó el abogado de Marín, el máximo tribunal puede anular la sentencia de la Corte de Apelaciones -por consiguiente la del Tribunal de Quillota-. De ser así, la Fiscalía debería solicitar un nuevo juicio oral, o en su defecto acceder a un procedimiento abreviado, lo que implicaría ofrecer una pena menor que, eventualmente, la exconcejala podría cumplir en libertad.
Pero también está la opción de que la Suprema ratifique la sentencia, aunque en ese caso Manríquez ya advirtió que estarían dispuestos incluso a llegar hasta los tribunales internacionales.
"La verdad es que, en las condiciones en que se plantea el recurso, no resultan claras las faltas o abusos graves que se denuncian"
Jorge Abbott, Fiscal Nacional"
CDE se hace parte de recurso de queja
Además de la Fiscalía Nacional, quien también participará de los alegatos será el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que este miércoles se hizo parte ante la Corte Suprema. Cabe recordar que además de los diez años y un día de presidio efectivo, el Tribunal de Quillota acogió la demanda civil presentada por el CDE y condenó a Cynthia Marín a pagar -junto a la otra sentenciada, Catherine Carrasco- un total de $37 millones al Gobierno Regional de Valparaíso por concepto de indemnización de perjuicio. Por si fuera poco, la exedil también fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por diez años.
Autoridades visitan CREAD de Playa Ancha para identificar situación de niños
La Mesa de Infancia de la Quinta Región, convocada por la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Amaia Arraztoa, visitó las dependencias del centro de internación CREAD, de Playa Ancha, con el fin de conocer las instalaciones y funcionamiento del centro. Tras la visita, Arraztoa explicó que "estamos poniendo a los niños primero y realizando un trabajo unido con las autoridades regionales. Con esta Mesa de Infancia estamos buscando que cada seremi pueda aportar desde su sector y con sus especialidades, para nutrir la rutina diaria de los niños y niñas del centro".
Grafiti ironiza con defensa de alcalde Lavín a su política habitacional
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