Apoyo transversal tiene el proyecto de ley presentado ayer por diputados opositores y oficialistas que endurece las penas para quienes no denuncien sospechas o indicios de casos que puedan constituir abusos sexuales en contra de menores de edad.

La iniciativa busca equiparar esa conducta con el delito de encubrimiento, que se sanciona con cárcel, y se suma a la presentada en mayo por la Democracia Cristiana (DC), que busca establecer la obligación de denunciar ante la justicia civil esta clase de ilícitos por parte de sacerdotes y religiosos.

El proyecto tiene por fin modificar el Código Procesal Penal, y señala que "cuando la omisión de denuncia recaiga sobre uno o más delitos cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes, o personas que por incapacidad física o mental no puedan ejercitar por sí sus derechos, se aplicarán las penas que la legislación penal contemple para los encubridores del delito cuya denuncia se omite".

El diputado Raúl Soto (DC), principal impulsor de la iniciativa, explicó que "la legislación (actual) sólo establece una multa económica bien baja" por la ausencia de denuncia. "Lo que uno esperaría es que la ciudadanía denuncie. Pero el país ha sido paradigma de casos de abusos sexuales contra menores que no han sido denunciados ante la Justicia civil", agregó Soto.

Precisó que no critica a la Justicia canónica ni los procesos que la iglesia realice ante casos de abusos sexuales a menores en su interior, pero destacó que "la Justicia civil tiene que prevalecer".

"Los sacerdotes no son jueces y no tienen que decidir si hay sospecha o delito. Esos casos hay que ponerlos en manos de la Fiscalía y la Justicia para que sean investigados", subrayó.

La moción contó con el respaldo de los diputados Iván Flores (DC), Víctor Torres (DC), Loreto Carvajal (PPD), Camila Vallejo (PC), Marcela Hernando (PR), Renato Garín (RD), Juan Antonio Coloma y Guillermo Ramírez, ambos UDI.

Corte Suprema rechaza solicitud de desafuero del diputado Ignacio Urrutia

La Corte Suprema rechazó ayer la solicitud de desafuero del diputado de la UDI Ignacio Urrutia solicitada por la Coordinadora de ex Presos Políticos tras sus dichos en la Sala de la Cámara Baja, donde catalogó a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen militar como "terroristas".

El máximo tribunal falló, por 10 votos contra uno, en contra de la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que sí había aceptado desaforar al parlamentario afirmando que sus dichos "pueden ser razonablemente calificados, en esta etapa procesal, como el delito de injurias graves". Tras conocer la decisión de la Suprema Urrutia dijo estar "contento" y opinó que el fallo resguarda las declaraciones que los legisladores emitan en la Sala.

"El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso había sido muy raro, precisamente porque lo que hacía era no solo quitarme a mí la viabilidad, sino que se la quitaba a todo el Parlamento chileno", afirmó según "Emol". La abogada de los ex presos políticos, Angélica González, en tanto, manifestó que el diputado "sigue en una conducta de falta de respeto".