Equipo crónica

Los seis jóvenes condenados por el incendio que provocó la muerte del funcionario municipal Eduardo Lara presentaron ante la Corte Suprema un recurso de nulidad para dejar sin efecto las sentencias recibidas.

El pasado 7 de julio, Nicolás Bayer, Constanza Gutiérrez, Rodrigo Araya, Felipe Ríos, Hugo Barraza y Miguel Ángel Varela, recibieron condenas de entre 12 y 15 años de presidio efectivo por el incendio con resultado de muerte ocurrido 21 de mayo del año 2016, en el marco de las manifestaciones convocadas por la cuenta pública presidencial.

En sus escritos, los defensores argumentaron que se infringieron derechos y garantías de los imputados durante el proceso judicial al que fueron sometidos, los que contravendrían disposiciones del derecho internacional. Para algunos de los casos, los abogados representantes también invocaron esos argumentos para la lectura de la sentencia.

A través de un escrito ante la Suprema, el Ministerio Público se hizo parte y designó como patrocinante, por instrucción del fiscal nacional, Jorge Abbott, al director de la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia de la Fiscalía, Pablo Campos, además de los juristas Yovanka Yévenes y César Bunger.

En tanto, el intendente Jorge Martínez expuso que "esperamos que se confirmen estas sentencias y personas, porque ya pasaron las instancias correspondientes y puedan cumplir efectivamente su pena. Se trata de los condenados a penas efectivas. No pueden ser sustitutivas ni modificadas", sostuvo la autoridad.

Sobre el suceso ocurrido el 21 de mayo de 2016 y las acciones posteriores, el jefe regional apuntó que la condena del 7 de julio "es una señal importante no sólo para la familia de don Eduardo, que por cierto es nuestra primera preocupación, sino para toda la sociedad. Nadie, y el Presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, nadie encapuchado o no encapuchado tiene derecho a atentar contra la vida o propiedad ajena. Todos podemos expresar nuestras opiniones y está el derecho de manifestarse. Que se afecte el comercio, bienes públicos y vida de personas es algo a lo que tenemos que decir nunca más. Espero que el caso sea una señal a futuro", puntualizó Martínez.

Por su parte, la gobernadora de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz, aseveró que la acción judicial es un ejercicio legítimo del derecho del recurso de nulidad, que tiene por propósito revertir el fallo.

En sus palabras concordó con Martínez al expresar que "no nos podemos pronunciar sobre los fundamentos de ese recurso; por lo tanto, era esperable que agotaran todas las instancias para dar por cumplida la sentencia a propósito del caso Lara. Lo que sí es importante señalar que la sentencia del Tribunal Oral de Valparaíso es una sentencia robusta, que da una tremenda señal, y por eso esperamos que no sigan ocurriendo estos hechos".

"La sentencia del Tribunal Oral de Valparaíso es una sentencia robusta, que da una tremenda señal"

María de los Ángeles de la Paz, Gobernadora de Valparaíso"

de julio fue la fecha que se leyó la sentencia de los imputados en el caso. 7