Una investigación sumaria inició el municipio de Viña del Mar para comprobar las eventuales irregularidades en el pago de honorarios a funcionarios que en nóminas trabajaban para empresas externas que prestaban servicios al municipio, sin prestar realmente labores.
La edil DC Laura Giannici hizo la denuncia al pleno del Concejo Municipal. El Departamento de Control Municipal solicitó un sumario interno, del que está a cargo el abogado Jorge Collado, quien deberá determinar si los hechos constituyen irregularidades que ameriten sanciones o, eventualmente, la derivación de los antecedentes a la justicia.
"Los hechos serán investigados como corresponde, para comprobar la veracidad de la denuncia y adoptar las sanciones establecidas en la normativa", dijo el director (s) del Departamento Jurídico del municipio.
La denuncia advierte de una situación que "se viene presentando desde aproximadamente nueve años a la fecha en la I. Municipalidad de Viña del Mar, en el Departamento de Servicios del Ambiente". Dicho departamento posee las secciones de Aseo, Parques y Jardines y Medio Ambiente, y la denuncia detalla que el jefe de las secciones de Jardines y de Aseo, Miguel Salvo, es a su vez Inspector Técnico de Obras (ITO) de todos los contratos de ambas secciones.
Sostiene que la confección de las bases de licitación de esos contratos son efectuadas por Salvo y considera "sospechoso" que "la empresa que se adjudica gran parte de los contratos de aseo es Cosemar, empresa que, como se explicó, pertenece al mismo conglomerado económico (que Siglo Verde y Alto Jardín, firmas que también cuentan con contratos en Áreas Verdes de la comuna). Además, Celsa Correa, jefa de Personal de Cosemar, que ha ganado todos los contratos en los que participa este grupo económico, es la conviviente actual de Salvo".
A su vez, se menciona que se hizo llegar una carta a las autoridades consultando por cuatro trabajadores favorecidos por Salvo que aparecen en las nóminas de pago de la empresa González y Fierro, pero que no trabajan.
En ese sentido, se detalla que "la irregularidad consiste en que el señor Salvo solicita a las empresas que las vacantes que se deban llenar por cualquier concepto, deben primeramente ser informadas al ITO y sólo se deben contratar las personas que tengan su visto bueno. Esta es la forma de presionar ilícitamente a las empresas que se encuentran bajo su mando (Cosemar, Siglo Verde, Alto Jardín y González y Fierro). Es en este momento, al llegar los currículum de los trabajadores para ocupar las vacantes, (cuando estos) son cambiados por otros que él posee en su oficina, de tal manera que la empresa está obligada a contratarlos. Curiosamente, estos trabajadores nunca reciben sus sueldos personalmente, sino que las empresas los envían a la oficina del señor Salvo, el cual devuelve personalmente o a través de su secretaria las liquidaciones de sueldo con firmas que no coinciden con la del trabajador titular".
Se menciona el nombre de nueve personas que "figuran en las planillas de pago (de empresas de aseo y jardines), pero no fue posible ubicarlas en esa área, es decir, sólo aparecen en planillas, pero en realidad no existen" y agrega que "sólo aparecían el día de pago".
Las empresas aludidas por la denuncia son González y Fierro y Alto Jardín. Además, hay otras tres personas que habrían tenido contratos dobles tanto con González y Fierro como con el municipio. De acuerdo a la denuncia, a esta última firma el municipio habría cancelado por contratos investigados $86.082.080 en 18 meses.
Otra anomalía denunciada es el uso que Salvo habría hecho de los vehículos de empresas de jardines, pues el documento advierte que "lo trasladan desde su casa al trabajo, además de cualquier compromiso personal", así como también de "hacer desaparecer evidencia, adecuar contratos, hacer renunciar a ciertas personas, conseguir licencias médicas, confeccionar tarjetas de marca para justificar que trabajan".
Firmas responden
Pedro Fierro, representante legal de González y Fierro, explicó que "la Contraloría Regional y la Contraloría del municipio nos pidieron información sobre nuestros trabajadores, la que hemos entregado. Es el ITO municipal quien decide a quienes se contrata". Alto Jardín comentó que "hace tres meses que la Contraloría Regional efectuó en la Municipalidad de Viña del Mar una auditoría respecto al personal que proveen las empresas contratistas. Hemos prestado toda la colaboración requerida y estamos atentos a las medidas que instruya el órgano contralor".
