Carolina Collins

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi (PPD), ingresó ayer el proyecto de aborto libre, iniciativa a la que el Gobierno ya le cerró la puerta.

Girardi detalló que el proyecto ingresado "complementa" uno presentado en 2014 que establece que "no se puede declarar interdicta a una mujer, que nunca una mujer puede perder su derecho humano a decidir y que establece que la mujer siempre debe tener sus derechos civiles y nunca puede ser tratada como una cosa y ella debe definir si quiere ser madre o no y no por eso correr el riesgo de ir a la cárcel".

El senador anunció que acordará con las mujeres que promueven la iniciativa cuándo se pondrá en tabla su discusión, ya que "es una prerrogativa del presidente de la comisión". "Queremos iniciar una conversación nacional", enfatizó.

Veto presidencial

Piñera anunció el martes que el Gobierno hará "todo lo necesario" para evitar que la iniciativa avance y desde la UDI y RN respaldaron la posibilidad de aplicar el veto presidencial, ya que el oficialismo no cuenta con la mayoría en ambas Cámaras.

Así lo manifestó ayer el senador de la UDI Juan Antonio Coloma, quien -citado por "Cooperativa"- expresó que "la ley se forma no cuando el conjunto de parlamentarios se pone de acuerdo en algo. Es cuando hay una coincidencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo".

"Se lo diría al revés: ¿Es legítimo para el Congreso decir que no a algo que propone el Presidente? Sí, es legítimo. ¿Es legítimo que el Presidente diga a algo no, particularmente cuando debilita el derecho a la vida, y que propone el Congreso? Sí, es legítimo. Siempre un Gobierno puede vetar, siempre", agregó.

El parlamentario cuestionó que, al tramitar el aborto en tres causales, los impulsores de esa iniciativa dijeron que no se pretendía ir más allá.

El ministro de Salud, Emilio Santelices, comentó que el debate sobre el aborto libre debe darse con respeto, porque es un tema que está instalado. "Como sociedad ya estamos maduros para debatir. Lo importante es que estos debates se hagan con respeto y teniendo la capacidad de escucharnos los unos a los otros", afirmó.

El debate ha causado división al interior de la DC, ya que, aunque su presidente, Fuad Chahín, dijo que la colectividad es contraria el aborto libre, existen grupos de mujeres dentro del partido que han manifestado estar a favor de discurirlo, como la ex ministra Laura Albornoz. Sin embargo, según publicó ayer "La Tercera", dicha discusión sólo tendrá espacio en el congreso ideológico de la DC, que se realizará en 2019.

"Queremos iniciar una conversación nacional (sobre el aborto libre)".

Guido Girardi, Senador PPD."

"Como sociedad ya estamos maduros para debatir. Lo importante es que estos debates se hagan con respeto".

Emilio Santelices, Ministro de Salud."

La bancada de diputados de la DC anunció ayer la presentación de un proyecto que busca que en las elecciones municipales también se realice segunda vuelta, tal como ocurre con las presidenciales, en el caso de que la votación de alcaldes no sea definida en primera instancia por mayoría absoluta. Según explicó el jefe de bancada falangista, diputado Matías Walker, en el caso de que dos candidatos a jefe comunal obtengan las dos más altas mayorías relativas, pueda definirse quién es el alcalde en una segunda vuelta electoral cuatro domingos después de celebrada la primera elección en un balotaje. "No queremos repetir la mala experiencia de comunas pequeñas donde el alcalde se decidió por una moneda al aire, por un sorteo, sino que precisamente sea la voluntad democrática de los vecinos la que pueda manifestarse", explicó Walker, quien espera un "pronunciamiento" del Gobierno y un apoyo transversal a la iniciativa.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, dirigió ayer un oficio a El Vaticano en el que pidió expedientes canónicos que involucran a imputados investigados por el Ministerio Público en casos de presuntos abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica en Chile.

La petición reúne tres requerimientos de asistencia internacional en materia penal respecto de nueve personas investigadas por los persecutores regionales de Valparaíso, Pablo Gómez; Metropolitana Sur; Raúl Guzmán; y de La Araucanía, Cristián Paredes.

El documento, señaló el Ministerio Público en un comunicado de prensa, es de carácter reservado y fue remitido durante la jornada al Ministerio de Relaciones Exteriores. La idea es que esa cartera envíe el oficio a través de la vía diplomática a la Santa Sede.

Desde la Fiscalía explicaron que "la base jurídica de la solicitud se asienta en los principios generales de derecho internacional, en particular en el de reciprocidad, marco en el que le corresponde a la Cancillería ejercer el rol de autoridad central en materia de requerimientos a otros Estados".

El organismo persecutor sostuvo que tras el envío de estos tres primeros requerimientos de información, la Fiscalía no descarta nuevas solicitudes al Vaticano.

Según el último catastro del Ministerio Público, actualmente la Fiscalía indaga 38 causas vigentes por delitos sexuales contra miembros de esa institución. Las investigaciones involucran 73 presuntos abusadores y a 104 víctimas, la mayoría de estas últimas menores de edad al momento de cometerse los hechos.

Desde Punta de Tralca, donde se desarrolla la asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH), el vocero de esa entidad, Jaime Coiro, aseguró que los asistentes han escuchado la opinión de una serie de invitados y recalcó que la Iglesia ha cooperado con las investigaciones del Ministerio Público.

Sobre la aseveración del fiscal Emiliano Arias por la destrucción de documentos ligados a indagaciones, Coiro explicó que la CECH "desconoce los posibles detalles. No se sabe a qué documentos se refería, entonces mal se pueden tomar decisiones sobre situaciones que no se conozcan".

Luego de que el martes la Corte Suprema dejara en libertad condicional a cinco condenados por crímenes de lesa humanidad, ayer el máximo tribunal confirmó las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, en las que se concedió este beneficio a otros dos condenados por violaciones a los derechos humanos.

Los últimos beneficiados son el ex brigadier del Ejército Emilio de la Mahotiere González, condenado a tres años y un día como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte; y el coronel (r) Moisés Retamal Bustos, condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos en 1973. Ambos cumplían la condena en el penal de Punta Peuco.

En el caso del primero, el fallo fue unánime de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y los abogados integrantes María Gajardo y Ricardo Abuauad. En el otro, la decisión se adoptó con los votos en contra del ministro Dahm y la abogada Gajardo.

Para ambas resoluciones, al igual que para las dictadas el martes, la Corte Suprema argumentó que "las Convenciones suscritas por Chile en materia de Derechos Humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la Libertad Condicional".

Analizan acusación

Ante estas excarcelaciones, el diputado socialista Jaime Naranjo anunció que, como bancada están estudiando la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema.

"Aquí queda en evidencia que no da lo mismo quiénes son los miembros de la Corte Suprema. Aquí se produjo un cambio en la composición de la Sala Penal e inmediatamente se empezó a aplicar un criterio totalmente distinto en la Corte Suprema", cuestionó el legislador socialista, apuntando a la salida de Milton Juica del máximo tribunal y a la inclusión de Dolmestch.