Prohibir, en un determinado horario nocturno, la circulación por la vía pública a todos los menores de 14 años. Esa es la inédita iniciativa que busca materializar mediante una ordenanza municipal el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres (PS).

"Es necesario disponer de una ley, regulada por las comunas, que restrinja el horario nocturno de los menores de 14 años. Que estos niños no circulen por las calles ni menos sean sorprendidos en bares y discotecas", comentó el jefe comunal, precisando incluso que los menores sólo podrían estar acompañados en la calle por sus padres, quienes a la vez arriesgarían ser multados en caso de que sus hijos no cumplan con la normativa.

Si bien la idea recién está en análisis, y como dijo Viñambres "es un asunto que vamos a estudiar", rápidamente provocó una discusión no sólo desde un punto de vista político, sino que incluso legal.

De acuerdo al Artículo 19 Número 7 de la Constitución Política, toda persona "tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio", y además "nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes".

Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso (UV), Jaime Bassa, es justamente dicho artículo el que se estaría vulnerando con una ordenanza como la que propone el alcalde de Quilpué.

"El derecho a la libertad de circulación está reconocido en la Constitución y sus limitaciones sólo pueden ser establecidas por ley, y no por una ordenanza alcaldicia", comentó el abogado, quien agregó que "sería interesante verificar si lo de Islandia es cierto", en relación a que Viñambres sostuvo que en ese país y en otros de Europa "tomaron medidas importantes al respecto, como la restricción horaria a menores de edad que transiten por las calles después de la una de la mañana".

Bassa explicó que una posibilidad es que la Ley de Municipalidades permita al alcalde a impulsar una medida como esta, aunque aseguró que "entiendo que no existe tal autorización". Por lo mismo, insistió de manera tajante que la medida "coarta completamente la libertad de las personas".

"Los adolescentes son plenos titulares de derechos fundamentales. El Estado tiene obligaciones internacionales en la materia que debe respetar a raíz de la suscripción a la Convención de los Derechos del Niño, y este tipo de medidas regresivas va en contra de principios tales como 'autonomía regresiva'", indicó Bassa.

Y agregó: "Se trata de una restricción a esos derechos ilegítima y que no tiene fundamento constitucional. El alcalde carece de habilitación legal previa y vulnera las obligaciones de la Convención".

Por su parte, el director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Manuel Núñez, también coincidió con Bassa al señalar que la medida propuesta por Viñambres "es contraria a la Constitución".

"Los niños, niñas y adolescentes tienen reconocido como derecho constitucional la libertad personal y, más allá de la conveniencia de la idea, la regulación de ese derecho es materia de ley. Lo anterior es sin contar que el cuidado le compete a las familias", comentó el también profesor de Derecho Constitucional.

Para ejemplificar la situación, Núñez recordó que "hace algún tiempo atrás un municipio intentó obligar a los niños a asistir al colegio, penalizando a los padres", pero que sin embargo la medida "fue declarada contraria a la ley por la Contraloría". "Las ordenanza deben referirse a asuntos propios de los municipios y entre ellos no se cuenta el ordenar el ejercicio de los derechos de los niños", explicó el director.

Además, el abogado reflexionó en torno a las últimas medidas que han estado impulsando los municipios. "Observo cierta tendencia de ponerse por delante de la legislación en la función política de ordenar u orientar a la sociedad. Ha pasado con las bolsas plásticas, con el acoso callejero, con el acceso a los medicamentos, con los animales en los cursos y con tantos otros problemas que llaman la atención de la comunidad local", indicó el director de Derecho.

Para ejecutar la ordenanza, el alcalde de Quilpué sostuvo que el menor infractor deberá ser detenido y luego trasladado a su casa. Sin embargo, para el exgobernador de Marga Marga, Christian Cárdenas (DC), dicha aprehensión no podría ser ejecutada por un inspector municipal, y si la tarea se le entregara a Carabineros o la PDI "lo único que haría es impactar y distraer su labor".

"Los inspectores municipales no tienen ninguna facultad legal. Además, son un número muy reducido, que ni siquiera dan abasto para fiscalizar el cumplimiento de la ordenanza de aseo y van a estar de guardería. Esta es una propuesta descontextualizada y no responde a una medida de protección a la infancia", dijo Cárdenas.

El senador por la Quinta Región, Ricardo Lagos Weber (PPD), insistió en la necesidad de convocar a una consulta ciudadana -vinculante y con carácter legal- para definir la eventual creación de la Región de Aconcagua. "Es importante conocer la opinión de los ciudadanos de las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca", comentó el parlamentario, quien acompañó a la diputada Carolina Marzán (PPD) en la presentación de un oficio para que el Ejecutivo realice un estudio financiero y económico sobre la región.

Lagos Weber comentó ayer que "hay un sector que está empujando la creación de esta nueva región, y nosotros los estamos apoyando porque nos parece positivo, pero eso no significa que sea suficiente".

"Por eso -agregó- aquí también se requiere un impulso ciudadano que sea participativo, y por eso es importante preguntarle a la ciudadanía si quieren o no una nueva región. Y eso tiene que ser bajo una consulta organizada y en un marco legal".

En cuanto a la ejecución de un estudio financiero que complemente el informe de factibilidad dado a conocer en marzo de este año, Lagos Weber aseguró que es vital conocer los aspectos económicos para que la iniciativa tenga más sustento.

"El Gobierno anterior ya hizo un estudio sobre la viabilidad, y lo que viene ahora es ponerle cifras y saber cuáles son los beneficios y costos que traería otra región, tanto para el nuevo territorio de Aconcagua como para Valparaíso, que 'perdería' estas tres provincias", explicó Lagos Weber.

En tanto, la diputada Marzán expresó que "esta es una demanda histórica y que tiene relación con algo tan común: quieren dejar de ser el patio trasero", agregando que con el oficio "esperamos que se dé luz verde a un anhelo que engloba sueños e historia".

Diputado Díaz apoya la creación de las áreas metropolitanas

La pronta creación de áreas metropolitanas es clave para que parta un proceso de descentralización real en el país, expuso el diputado Marcelo Díaz (PS), al comentar la decisión planteada por el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, quien proyectó al menos dos de estas administraciones en la zona.

"Es muy importante si queremos que las comunas tengan autogestión y puedan solucionar problemas que llevan larga data, como la presencia de microvertederos, la falta de rellenos sanitarios, la contaminación ambiental y la congestión vehicular, por nombrar algunos", expuso Díaz.

Agregó que "las necesidades de los habitantes de la provincia de Petorca son muy distintas a las que pueden tener los de la provincia de Marga-Marga. Esta región, además, tiene la particularidad de contener comunas cuyo límite urbano casi no se distingue. Son los casos de Valparaíso-Viña del Mar; Viña del Mar-Quilpué; Quilpué-Villa Alemana. Son conurbaciones que comparten los mismos servicios de transporte público, que dialogan cívicamente, que enfrentan problemas comunes, como la delincuencia, la disposición de la basura".