Ocho personas fueron detenidas ayer en las puertas del Palacio de Tribunales, en Santiago, tras encadenarse a una de las columnas del edificio a modo de protesta contra la excarcelación de siete condenados (seis de ellos estaban recluidos en el penal de Punta Peuco y el otro en Colina 1) por crímenes de lesa humanidad que fueron liberados por la Corte Suprema la semana pasada.

Entre los detenidos están los presidentes de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, y Manuel Gallardo, de la Juventud Demócrata Chile, según indicaron desde las colectividades en redes sociales. Así también, el secretario general de la Juventud Socialista, Francisco Melo.

En la manifestación participó también el diputado comunista Daniel Núñez, quien reiteró que impulsarán una acusación constitucional contra los jueces de la Suprema ya que, a su juicio, los fallos van en contra de los tratados internacionales.

Ante esta situación, el jefe de la bancada de senadores del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, señaló a través de Twitter que "rechazamos la detención de dirigentes de las juventudes políticas por acto frente a la Corte Suprema. No callaremos frente a la decisión de liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad".

El Papa Francisco afirmó que las medidas anunciadas la semana pasada por la Iglesia para avanzar en la búsqueda de justicia y reparación de las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero son "realistas y concretas", según una carta difundida ayer.

En la misiva, escrita a mano y dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), Santiago Silva, el Sumo Pontífice asegura que quedó "impresionado" por el "trabajo de reflexión, discernimiento y decisiones" de la jerarquía católica nacional.

"Estoy seguro de que ayudarán decididamente en todo este proceso", manifestó el Papa Francisco, quien dio las gracias al presidente de la CECh por "este ejemplo edificante".

"Lo que más me tocó es el ejemplo de comunidad episcopal unida en el pastoreo del santo pueblo fiel de Dios", añadió Francisco, quien aseguró que recibió y leyó con atención el documento que los 34 obispos difundieron el viernes pasado al finalizar una asamblea plenaria extraordinaria de cinco días para analizar la profunda crisis que vive el clero por las denuncias de abusos.

En la declaración, los obispos pidieron perdón a las víctimas de abusos y reconocieron su error "al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de graves pecados e injusticias cometidas por sacerdotes y religiosos". Además, anunciaron una serie de medidas para enmendar el daño causado, entre las que destaca la publicación de todas las investigaciones canónicas sobre denuncias de abusos sexuales contra menores, el compromiso a avanzar en la reparación de las víctimas y a elaborar e implementar un "protocolo de buen trato" en ambientes parroquiales, comunitarios y educativos.

Ezzati y el te deum

Ante la decisión del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, de no encabezar el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, el secretario general de la CECh, Fernando Ramos, señaló que lo del cardenal "es un gesto de generosidad".

Matías Jullian Velásquez

El Presidente Sebastián Piñera firmó ayer una indicación para derogar la ley reservada del cobre, que otorga a las Fuerzas Armadas el 10% de los ingresos de Codelco, y anunció un nuevo sistema para financiar la compra de armamento y materiales castrenses.

"La necesidad de reemplazar esta ley y reformar el sistema de financiamiento estratégico de nuestras Fuerzas Armadas ha estado presente en el debate público desde hace décadas. Llegó el momento de pasar del debate a la acción y modernizar ese mecanismo", afirmó Piñera desde el Palacio de La Moneda.

Según el Mandatario, con esta indicación se "mejora y moderniza" el proyecto de ley que elaboró en 2011 durante su primer mandato para modificar la ley reservada del cobre, una iniciativa que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso.

Además de la partida que cada año se destina en los presupuestos a los gastos ordinarios en Defensa, el Presidente propone crear un presupuesto adicional con un plazo de cuatro años para financiar la adquisición y mantenimiento del armamento y materiales, reemplazando los recursos de Codelco.

El Gobierno planea destinar US$ 2.600 millones de saldos de la actual ley reservada del cobre a financiar el nuevo sistema, que contempla mecanismos alternativos para dotar de recursos adicionales a las FF.AA.

Piñera busca también fijar un monto mínimo de financiación, que equivaldrá al 70% del promedio del gasto en operación, mantenimiento e inversiones en material bélico entre 2010 y 2017.

Las indicaciones al proyecto establecen también la creación de un fondo de US$ 1.000 millones para enfrentar eventuales conflictos o catástrofes naturales, explicó el Mandatario.

Además, obliga al Ministerio de Defensa a presentar, de manera reservada, las actualizaciones del plan de inversiones para financiar las FF.AA. a las comisiones técnicas de la Cámara de Diputados y el Senado.

"Así ponemos término a la exclusión que hoy día afectaba al Congreso en el análisis, discusión y decisión de materias relacionadas con las compras estratégicas que hacen nuestras FF.AA.", manifestó Piñera.

El líder de Chile Vamos afirmó que el proyecto de ley y las indicaciones que presentó ayer quieren lograr un doble objetivo: dotar a las FF.AA. de la "capacidad estratégica" que necesitan para defender la "integridad territorial" y otras tareas en tiempo de paz y tener un mecanismo de financiamiento más transparente, con mejores "mecanismos de control", y que incorpore al Congreso en las discusiones estratégicas en el ámbito de la Defensa.

Piñera anunció que, pese a la derogación de la ley, Codelco seguirá entregando el 10% de sus ventas al fisco chileno por un periodo de ocho años. "A partir de ese año ese aporte va a ir disminuyendo de forma gradual para hacer una transición que no signifique cambios bruscos en el financiamiento del Estado", explicó.

Luego de que el Presidente Sebastián Piñera firmara el domingo el proyecto de ley que pone fin al Servicio Nacional de Menores (Sename) y da creación al Servicio de Protección a la Niñez y también al Servicio de Reinserción Juvenil, ayer Susana Tonda explicó los alcances de esta iniciativa.

La directora nacional del Sename señaló que "el proyecto de ley que crea el Servicio de Reinserción Juvenil está con urgencia en el Congreso y esperamos que avance con rapidez. El otro es el Servicio de Protección de la Niñez, que es el que está a cargo de los niños que no ha infringido la ley, pero que requieren de la protección del Estado para poder restituir sus derechos".

"Uno de los temas fundamentales para que notemos cambios es el rediseño del sistema de cuidados alternativos que se va a ir haciendo de manera paralela a la tramitación del proyecto de ley del nuevo servicio. Vamos transitando al nuevo servicio de protección", explicó Tonda.

Para lograr esto, de acuerdo a la funcionaria, se requiere de la coordinación de los ministerios que firmaron, la semana pasada, el compromiso para mejorar la condición de niños bajo la custodia del Estado y que asuman los roles que correspondan.

Tonda indicó que es necesario que se modifique el sistema de cuidados alternativos: "No es fácil, porque efectivamente lo que hay que hacer es rediseñar no sólo la infraestructura, sino que los modelos de intervención".

Sobre las instituciones que se han creado recientemente, la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez, Tonda comentó que "esta última tendrá a cargo todo lo que es la promoción y la prevención de los derechos y por lo tanto tendrá la protección administración de los derechos".

La Defensoría, en tanto, "tiene un rol tremendamente importante; por un lado, el hacer notar a todos los organismos que participamos en esta institucionalidad cuáles son aquellas cosas que están fallando y en representar jurídicamente a los niños y familias en casos de alta connotación pública".