Cristián Rodríguez F.

Justo un día después de que el Presidente Sebastián Piñera visitara Valparaíso para presentar uno de los cuatro hogares que reemplazarán al Cread de Playa Ancha, la Fiscalía local de Valparaíso decidió pedir la formalización de ocho personas vinculadas al recinto porteño (se desconoce si continúan siendo funcionarios) por los delitos de apremios ilegítimos y torturas en contra de menores de edad.

Se trata de la investigación que inició hace más de dos años el fiscal Juan Ignacio Sepúlveda y que involucra a cerca de 20 trabajadores que fueron individualizados en cinco querellas criminales: una del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), otra del Programa de Representación Jurídica (PRJ) del Servicio Nacional de Menores (Sename), una tercera del exdirector regional Esteban Elórtegui y, por último, una de la senadora Yasna Provoste y el exdiputado Aldo Cornejo (ambos DC), más otra acción judicial del senador Francisco Chahuán (RN).

"La Fiscalía de Valparaíso ha solicitado la formalización de ocho educadores del Cread del Playa Ancha por los delitos de apremios ilegítimos y torturas, lo anterior en base a una investigación que se lleva a cabo por hechos ocurridos entre 2015 y 2017 donde aparecen como víctimas menores de edad del Cread", informó ayer el persecutor de la causa.

El fiscal Sepúlveda agregó que durante la etapa investigativa lograron recoger la declaración de los menores que supuestamente fueron víctimas de agresiones, como también el testimonio de personas que trabajaron en el centro playaanchino y algunos vecinos "que fueron testigos de cómo ocurrían estos malos tratos".

"Estamos a la espera de que el Tribunal de Garantía nos entregue la fecha de formalización para que, una vez en la audiencia, entreguemos todos los antecedentes para que se pueda resolver esta causa", dijo el fiscal. Se espera que la audiencia se realice en septiembre.

Para el exdirector Esteban Elórtegui, la decisión adoptada por el Ministerio Público "es algo extensamente esperado, puesto que hay una serie de antecedentes concluyentes en la carpeta investigativa que dan cuenta de horrendos malos tratos a niños, niñas y adolescentes por parte de funcionarios".

El abogado agregó que "el esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de la responsabilidad penal es esencial para que se rompa de una vez con la cultura de maltrato, encubrimiento e impunidad", solicitando, además, que la indagatoria no sólo se reduzca a las ocho personas en cuestión.

Por su parte, el senador Chahuán indicó que "es el momento de hacer justicia con la vulneración de derechos de los menores" y le pidió al Sename que "durante el tiempo de indagación los funcionarios involucrados no tengan contacto con los niños y adolescentes".

En tanto, el abogado que interpuso dos de las querellas, Juan Carlos Manríquez, aseguró que la decisión "es un avance muy relevante en un proceso que es complejo, pero que esperamos que la justicia llegue al fondo del asunto".

Consultados al respecto, desde el Sename evitaron referirse esgrimiendo que aún no son notificados oficialmente de la decisión de la Fiscalía.