La carrera en organismos internacionales de la ex Presidenta Michelle Bachelet la llevaría nuevamente a residir en el extranjero, tal como lo hizo entre 2010 y 2013 para liderar ONU Mujeres. Esta vez, eso sí, el horizonte de la ex Mandataria la llevaría más alto en ese organismo internacional, luego de que fuera elegida por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para ser la nueva alta comisionada para los Derechos Humanos.

Se trata de un cargo que es considerado como uno de los más complejos del mundo y objeto habitual de críticas y presiones por parte de los Gobiernos.

Actualmente, el cargo es ocupado por el jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, quien termina su mandato de cuatro años a fines de este mes y ya anunció en diciembre pasado que no optaría a la reelección.

La ONU hizo oficial la nominación de Bachelet, cuyo nombre, según publicó la agencia de noticias EFE, ya fue sondeado entre representantes de los Estados miembros.

El nombramiento, en todo caso, deberá ser aprobado por la Asamblea General, en la que se sientan los 193 Estados miembros de la organización.

Farhan Haq, portavoz de Guterres, dijo ayer a los periodistas que el proceso está "acercándose a su conclusión" y adelantó que "pronto" se enviará una notificación oficial a la Asamblea General para que dé su visto bueno. Sin embargo, durante la tarde de ayer la noticia fue confirmada a través de la cuenta de Twitter de la ONU.

La Asamblea General deberá convocar ahora una reunión con el fin de dar su aprobación. El proceso es tradicionalmente un mero trámite y es habitual que la propuesta del secretario general sea aceptada por aclamación, sin necesidad de un voto.

Una vez confirmada, Bachelet lideraría la gran maquinaria de DD.HH. de la ONU, con sede principal en Ginebra.

La ONG Human Rights Watch (HRW) destacó que, de ser confirmada, Bachelet asumirá "uno de los trabajos más difíciles del mundo, en un momento en el que los derechos humanos están bajo ataque".

En medio de la votación de la idea de legislar sobre el proyecto de eutanasia que se realizó el martes en la Comisión de Salud de la Cámara, diputados de Chile Vamos cuestionaron a uno de los autores de la iniciativa, Vlado Mirosevic (PL), por no considerar los cuidados paliativos como una opción para los pacientes terminales.

Mirosevic, junto con reconocer la ausencia de ese punto, aseguró que no lo podía hacer porque debido a los gastos que esa asistencia significa, es sólo prorrogativa del Ejecutivo patrocinar un proyecto sobre eso o presentar uno propio que asegure el financiamiento.

Ante esto, los legisladores oficialistas como el UDI Jaime Bellolio, aseguró que ya existían conversaciones con el Gobierno para buscar una solución, lo que fue ayer confirmado por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.

"Es un tema que se está discutiendo y lo que el Presidente (Sebastián Piñera) nos ha pedido es estudiar la posibilidad de estudiar instrumentos para abordar los cuidados paliativos, porque ese es el compromiso que hemos asumido como Gobierno: que siempre la prioridad sea por la vida, sea por la salud, sea por darle dignidad a las personas en su etapa terminal", explicó el secretario de Estado.

El ministro Blumel expresó que la tarea de abordar el tema fue delegada al Ministerio de Salud y aclaró que la eutanasia "no está en nuestro programa de Gobierno, no es parte de nuestra agenda", pero debido a que se inició un debate parlamentario, La Moneda decidió hacerse parte a través de los cuidados paliativos.

Eso sí, aún no se ha definido si el Gobierno presentará un proyecto solamente referido a ese punto, una indicación al de Eutanasia o patrocinará uno que ya fue anunciado por los diputados de RN al respecto.

En esa línea el diputado Jorge Durán (RN), miembro de la comisión y único oficialista que aprobó la idea de legislar de la eutanasia, confirmó a Emol que ya se está trabajando con el equipo jurídico del Minsal y que la próxima semana, en una nueva sesión de la instancia, pudiera hacerse una presentación formal.

Ante la proximidad de su declaración como imputado en la causa por un presunto encubrimiento de abusos sexuales, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, informó que se asesorará por el abogado Hugo Rivera Villalobos, académico de la PUC.

El cardenal fue citado por el fiscal Emiliano Arias para el próximo martes 21 de agosto.

"Ante consultas periodísticas, informo que he solicitado al profesional Hugo Rivera Villalobos que me asesore jurídicamente en la causa que lleva la Fiscalía Regional de Rancagua", aseguró ayer el prelado.

Junto con ello, Ezzati manifestó: "Reitero mi compromiso de contribuir a esclarecer la verdad, cumpliendo como todo ciudadano con lo que se requiera, confiado en que nunca he cometido encubrimiento, ni obstrucción a la justicia".

El abogado Rivera Villalobos es profesor asociado adjunto del departamento de Derecho Penal en la Universidad Católica, e imparte la misma cátedra en la U. del Desarrollo, según se observa en la página web de ambos planteles.

El destacado profesional representó a Andrónico Luksic en la querella que el empresario presentó por injurias graves contra el exdiputado Gaspar Rivas. El exlegislador fue condenado por tal acto.

Carolina Collins

Ante una inminente acusación constitucional en contra de los ministros que conforman la Sala Penal de la Corte Suprema que aprobaron la libertad condicional para siete condenados por crímenes de lesa humanidad, el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, admitió que el libelo que impulsan parlamentarios de la oposición "va a generar condiciones más complicadas", pero rechazó "hablar de amedrentamiento".

"Indudablemente, la tramitación de la acusación va a generar condiciones más complicadas, más extremas de funcionamiento, pero no hay más que trabajar en esas condiciones (...) son las circunstancias que hay que vivir nada más", comentó Brito al ser consultado por la acusación constitucional que impulsó el PC y que ya cuenta con el respaldo del PS y el PPD.

Desde la DC no han descartado hacerse parte, decisión que fue pospuesta hasta que el libelo sea presentado, y el Frente Amplio ha dicho que es probable que se sumen.

Al ser consultado si el uso de esta herramienta buscaba atemorizar a los ministros, Brito contestó que "no, yo entiendo que son instituciones jurídicas que la Constitución establece y punto. La usarán si reúnen las mayorías, tendrá el desarrollo que se pueda, pero yo no quisiera hablar de amedrentamiento porque yo entiendo que esta es una cuestión de debate público y amedrentar es una expresión demasiado dura que yo no tengo por qué atribuirle a los familiares de las víctimas, ni organizaciones de ningún tipo".

El exministro de la Corte Suprema, Milton Juica, expuso que esta situación hace evidente la necesidad de crear "tribunales de ejecución, que todo sea un procedimiento jurisdiccional con derecho a defensa, con intervención del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y con instituciones naturalmente mucho más instruidas en materia de reinserción social".

Esto último fue respaldado por Brito, quien indicó que "esta Corte viene hace muchos años que viene señalando la necesidad de establecer tribunales de ejecución de pena en materia penal que es, en la legislación comparada y en la doctrina, el mecanismo adecuado a la pretensión de poner término anticipado al cumplimiento de las sanciones".

De prosperar el libelo los ministros de la Corte Suprema que serían acusados son Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm.

Künsemüller comentó al respecto que los legisladores "están en su derecho de expresar su opinión, de la misma manera que los jueces tienen el derecho de expresar sus opiniones que se expresan en las sentencias" .