Carolina Collins

Como "grave" calificó ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, la acusación constitucional que parlamentarios de la oposición confirmaron, esta semana, que presentarán en contra de los ministros de la Corte Suprema que aprobaron la libertad condicional para condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar.

En Temuco, el secretario de Estado comentó que "de presentarse una acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema, nos parece un hecho muy grave desde la perspectiva institucional y democrática del país".

Chadwick hizo hincapié en que la Constitución establece que los ministros de la Corte Suprema sólo pueden ser acusados por notable abandono de deberes, "pero no pueden ser acusados por el contenido de sus resoluciones judiciales", puntualizó.

"Las sentencias judiciales se respetan y se acatan y no existe ninguna autoridad y en este caso tampoco el Congreso, que tenga facultad de entrar a revisar, nos gusten o no nos gusten, a revisar o acusar en virtud del contenido de un fallo", enfatizó el ministro.

El jefe del gabinete advirtió que con una acción como la anunciada por los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio "se termina la autonomía del Poder Judicial" y añadió que "eso es muy grave para la institucionalidad democrática".

En el mismo sentido, la Corte Suprema emitió ayer una declaración pública en la que advirtió que la acusación constitucional en contra de los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal que votaron a favor del beneficio a los reos de Punta Peuco, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama, pone "en riesgo la autonomía indispensable" de los jueces.

Aunque reconoció la potestad que tienen los diputados, enfatizó que el respeto de las facultades del Poder Judicial se ve amenazado. "Lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades". Agrega que la intromisión en el fallo de los jueces "genera una grave afectación de la autonomía de los magistrados y, por lo mismo, de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial".

En su declaración el Pleno de la Suprema afirma que "el presupuesto indispensable de un Estado de Derecho es el respeto de las competencias y atribuciones de las distintas autoridades estatales, conforme a los pesos y contrapesos que la Constitución Política de la República contempla, por lo cual, desde luego se reconoce las potestades de los integrantes de la Cámara de Diputados para ejercer los mecanismos de control que ésta consagra".

Agrega que "no obstante lo anterior, entre las bases del mismo Estado de Derecho se asegura a todas las personas la garantía de un debido proceso legal, que tiene como pilar fundamental la presencia de un juez que ejerza las potestades jurisdiccionales, que el ordenamiento jurídico le confiere, con independencia e imparcialidad, que en concepto de la Organización de las Naciones Unidas importa que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los derechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas". Sean éstas, agrega "directas o indirectas, "por lo cual no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales" postulados que ha hecho suyos la Cumbre Judicial Iberoamericana".

La declaración continúa señalando que "ejerciendo sus potestades jurisdiccionales, los ministros de la Segunda Sala Penal de esta Corte Suprema resolvieron acoger recursos de amparo interpuestos en favor de diferentes condenados; hecho que ha originado la eventual interposición de una acusación constitucional en su contra, por el diferente entendimiento que los parlamentarios patrocinantes tendrían en torno a la forma como se aplicó el derecho en el caso".

Añade que "el cuestionamiento de las argumentaciones de una resolución judicial implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial".

condenados por crímenes contra los DD.HH. fueron beneficiados por la Suprema con libertad condicional. 7

de septiembre podría ser la fecha en que la Sala de la Cámara conocería el libelo impulsado por la oposición. 11