La Encuesta de Opinión Política (2018) nos revela que ciertas ideas y posiciones son ampliamente apoyadas por la Región. La delincuencia es por tercer año consecutivo el tema más urgente por resolver; hay un apoyo mayoritario a la concreción de proyectos emblemáticos, como la expansión del Merval, el tren rápido Valparaíso-Santiago y la ampliación de la ruta 68; y, finalmente, la sequía es un tema que afecta al menos a la mitad de la región interior. Frente a esta realidad, la pregunta radica en cómo avanzar en soluciones.

Una primera dirección se relaciona con la modernización del Estado. Hoy en día, la administración pública se caracteriza por su alto nivel de centralismo y burocracia. Un efecto directo de esta realidad es un Estado menos ágil en la ejecución de políticas y, en particular, en territorios lejanos al centro. Entre los desafíos que conlleva esta modernización destacan la necesidad de atraer capital humano calificado, el fomentar la innovación pública y la descentralización.

Esta última -en definitiva- busca mejorar la capacidad de los gobiernos regionales para elaborar políticas de mayor impacto económico y social en los territorios. Recordemos que hoy en día esta instancia de gobierno financia proyectos de índole local, como la compra de vehículos, la renovación de mobiliario urbano, entre otros. En contraste, los proyectos de impacto regional -por ejemplo, infraestructura pública y transporte público- descasan en los órganos desconcentrados del gobierno central.

Ahora bien, por mucho que se avance en descentralización, es importante recordar que Chile ha sido históricamente un país muy presidencialista y unitario. El poder que tiene el Ejecutivo para manejar el proceso legislativo a través de las urgencias y la asignación del presupuesto, entre otros, reflejan aquello. En consecuencia, junto con impulsar un Estado más moderno y descentralizado, es igualmente importante preguntarse cómo representar de mejor forma las demandas de los territorios en los procesos políticos nacionales. Y para aquellos es natural pensar en la principal institución llamada a canalizar los intereses de los ciudadanos: los partidos políticos.

Sobre este punto, la discusión se podría resumir en la disyuntiva de fomentar la creación de partidos políticos regionales o mejorar la representación regional de los partidos nacionales. La segunda alternativa pareciera ser más razonable toda vez que permitiría mayor representación sin perder la capacidad de coordinación que entrega la orgánica interna de los partidos nacionales.

En definitiva, para mejorar la capacidad de respuesta del Estado tenemos que avanzar en su modernización, pero también en la capacidad de representación del sistema político de las demandas regionales.

Investigador de Fundación P!ensa

Jaime Lindh