Por 139 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó, en general y en particular, el proyecto en primer trámite legislativo que reforma la Constitución Política del Estado con el fin de cambiar oficialmente la denominación de Isla de Pascua por la de Rapa Nui. La iniciativa, enviada ahora a consideración del Senado, busca reconocer la nominación que da a la isla el propio pueblo originario de este territorio especial insular. La propuesta modifica el artículo de la Constitución Política de la República que establece la caracterización de la isla como territorio especial.

En el salón de honor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) se realizará este jueves, a las 9.45 horas, la cátedra de la Fundación Eluchans "La Justicia en Chile hoy ¿Qué tan independiente es?", la que contará con la participación de la exministra de Justicia y exsenadora, Soledad Alvear, el presidente del Colegio de Abogados de Chile, Arturo Alessandri, y el el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Muñoz. La actividad será moderada por el abogado y columnista Héctor Soto. Quienes estén interesados en participar deben confirmar al mail derecho@pucv.cl o csp@fundacioneem.cl, o a los teléfonos 32 227 3104 - 22 889 8829.

Cristián Rodríguez F.

Tal como se esperaba, el Gobierno decidió poner fin a las esperanzas del consorcio chino-chileno TVS de construir un tren rápido entre Valparaíso y Santiago vía Ley General de Ferrocarriles (LGF). En su defecto, y en la línea de lo que plantearon expertos en la materia, las autoridades decidieron avanzar en el proyecto a través de la Ley de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Así al menos lo confirmó el ministro del ramo, Juan Andrés Fontaine, quien aseguró a La Tercera que "está definido por parte del Gobierno que la ley más adecuada es la de Concesiones", agregando que la de Ferrocarriles "es antigua, no tiene una estructura ni la densidad regulatoria que se requiere" para un proyecto de esta naturaleza.

La decisión del Ejecutivo era la esperada, sobre todo tras los cuestionamientos a la fórmula de TVS que hicieron los expresidentes de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) Germán Correa y Jorge Inostroza, los exministros MOP Sergio Bitar y Eduardo Bitrán, y el exsubsecretario de Transportes, Carlos Melo.

En contrapartida, durante estos meses el gerente general del consorcio, Álvaro González, señaló de manera incansable que propusieron dicho mecanismo porque es el único que permite la construcción de vías férreas nuevas -como lo establece el trazado cercano a los US$ 1.600 millones de inversión-, negando así que la decisión pasaba por no querer competir con otras empresas.

Consultados ayer por este Diario, desde TVS declinaron referirse a la decisión del Gobierno, argumentando que esperarán la respuesta oficial del Presidente de la República, a quien formalmente le solicitaron el permiso para construir el proyecto.

Con la resolución del Ejecutivo, Jorge Inostroza, expresidente de EFE, comentó que a través del Sistema de Concesiones se podrá garantizar "que haya hartos oferentes que puedan ir mejorando el proyecto en distintos aspectos, como la tecnología o la tarifa".

"Un proyecto de esta magnitud y de esta inversión no tenía otra posibilidad que concesionarse. Me parece que es el mejor camino que pudo haber elegido el Gobierno y, además, es una buena noticia porque el Estado está dando una señal clara sobre la importancia de la iniciativa", dijo el extitular de Ferrocarriles.

Respecto al desarrollo que tendrá el proyecto, Inostroza explicó que existen dos fórmulas: que TVS lo presente a través de la Ley de Concesiones, o bien, que el Estado lo ingrese como iniciativa pública.

Sin embargo, el expresidente de EFE aseguró que si es el Gobierno el que decide patrocinar el proyecto, deberá correr con todos los gastos de los estudios de ingeniería y de detalle. De allí la importancia -agregó- de que el consorcio se mantenga interesado en competir para que el Estado no tenga que incurrir en inversiones.

"Los estudios por lo general cuestan entre un 8% y un 10% de la inversión, es decir, para este proyecto estamos hablando de a lo menos US$ 100 millones, monto que debe financiar el Estado si es que ellos lo patrocinan. Por eso lo ideal es que el camino sea a través de una iniciativa privada", precisó Inostroza, agregando que un plazo razonable para realizar los estudios y abrir la licitación son cuatro años. "Si lo hacen rápido y bien, el proyecto podría ser adjudicado en este Gobierno", sostuvo.

Dichos plazos fueron respaldados por el senador Francisco Chahuán (RN), quien aseguró que "lo que va a permitir una licitación internacional es que todos los proyectos puedan competir en igualdad de condiciones y eso nos permitirá avanzar sustancialmente en los tiempos para que tengamos durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera adjudicado y, ojalá, en proceso de construcción el tren rápido entre Santiago y Valparaíso".

En esa línea, el parlamentario agregó que "estamos empujando con mucha fuerza esta iniciativa y espero que en los próximos días haya anuncios respecto a la prioridad presidencial que se le dará al tren rápido". Justamente se espera que Piñera se refiera al proyecto durante su visita programada esta semana a Valparaíso.

Para el exsubsecretario Carlos Melo, la principal duda tiene que ver con la posibilidad real que existe para modificar el proyecto de TVS. "Lo tradicional en un proyecto de iniciativa privada es que se licite la idea del proponente y eso no daría espacio para que, por ejemplo, venga otro consorcio y proponga un trazado diferente", comentó Melo.

"Este mecanismo no abre la posibilidad a que otros proponentes puedan entregar soluciones distintas. Entonces, el MOP debiese aclarar cómo lo hará para recoger estas otras propuestas, porque creo que sería bastante negativo que se terminara licitando el proyecto de TVS para simplemente ver quién lo ejecutará. Lo importante acá es que haya competencia y alternativas diferentes a la que se propuso", indicó el exsubsecretario.