Un grupo de once países latinoamericanos reunidos en Quito para tratar la crisis migratoria de Venezuela, manifestó ayer su compromiso para seguir acogiendo personas de ese país, al mismo tiempo que emplazaron al Presidente Nicolás Maduro a que acepte ayuda internacional para paliar este conflicto.

La cita, que duró dos días y en la que participaron 13 países, concluyó con la publicación de la llamada "Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región". El documento fue suscrito por los representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. No firmaron República Dominicana, que actuó como país garante, y Bolivia, que declinó dar su aprobación al texto.

En el documento, que consta de 18 puntos, los países destacaron "los esfuerzos emprendidos por los gobiernos de la región para acoger adecuadamente a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana". En esa línea, se comprometieron a "continuar trabajando de manera individual y cooperar según cada país lo estime adecuado y oportuno", considerando aspectos como la asistencia humanitaria, acceso a mecanismos de permanencia regular, combate a la trata de personas, lucha contra la violencia sexual y de género y rechazo a la discriminación y xenofobia, entre otros.

Todo esto "en concordancia con las legislaciones nacionales y los instrumentos internacionales y regionales aplicables" y pensando en "continuar trabajando en la implementación de políticas públicas destinadas a proteger los derechos humanos de todos los migrantes en sus respectivos países, en concordancia con las legislaciones nacionales y los instrumentos internacionales y regionales aplicables".

En este sentido, los once países acordaron reconocer "la importancia de la cooperación técnica y financiera" para atender los flujos migratorios de los venezolanos, enfatizando que dicha colaboración "se incremente sustancialmente (...) y se dirijan a los sectores priorizados por cada Estado, a fin de que éstos puedan incrementar sus acciones y programas hacia la regularización migratoria".

Aunque también reconocieron que "un volumen considerable de migración pendular y en tránsito, requiere del apoyo y la cooperación regional para el fortalecimiento de medidas para Colombia, dada su condición limítrofe con Venezuela, así como para Ecuador y Perú, dado que se genera un corredor migratorio hacia esos dos países".

Los Estados firmantes también se comprometieron a "acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios", de acuerdo a la legislación nacional de cada país. No obstante, emplazaron al Gobierno de Nicolás Maduro a que tome "de manera urgente y prioritaria" las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de los venezolanos, como cédulas de identidad, pasaportes o certificados de nacimiento, matrimonio y de antecedentes penales.

Por otro lado, manifestaron su compromiso de proveer a los migrantes venezolano el acceso a servicios de salud y educación públicas y a las oportunidades en el mercado laboral, asimismo como garantizar el acceso a los sistemas de justicia.

El tifón "Jebi", el más poderoso en golpear Japón en los últimos 25 años, tocó tierra ayer martes, dejando al menos seis muertos y más de 100 heridos, mientras el oeste del país sufría los embates de vientos violentos y lluvias torrenciales.

Además del balance de muertos divulgado por la cadena de televisión pública NHK, una persona estaba en estado crítico y unas 170 resultaron heridas por accidentes derivados del ciclón. Se trata del vigésimo primero de la temporada en Asia que azota al país con aguaceros y ráfagas con vientos que alcanzan los 220 kilómetros por hora en algunos lugares, en un radio muy amplio.

Las autoridades pidieron a varios habitantes abandonar sus casas en zonas inundables o susceptibles a ser golpeadas por el fenómeno. Recomendaron a casi 1,2 millones de habitantes protegerse en refugios y otros 16.000 recibieron órdenes de evacuación, aunque la medida no es vinculante.

Además de las víctimas, el fenómeno ha provocado daños materiales impresionantes. Un petrolero estaba encajado bajo un puente que conduce al aeropuerto internacional de Kansai, cerca de Osaka (oeste). Este aeropuerto, construido sobre el mar, se inundó y fue cerrado después que el subsuelo y las pistas quedaran bajo el agua, precisó a AFP un responsable del Ministerio de Transportes. Según la cadena de televisión NHK, varios pasajeros seguían atrapados al interior del terminal aéreo.

El sistema de transporte se vio muy perturbado, con varias compañías aéreas que anularon casi 800 vuelos por precaución. Por otra parte, varias líneas de trenes fueron suspendidas, al igual que los trenes a gran velocidad Shinkansen entre Tokio y Osaka, que transportan a diario cientos de miles de pasajeros. En Kioto, una parte del techo de la estación de trenes se derrumbó.

Asimismo, varias empresas grandes, como Toyota, Honda o Panasonic, suspendieron la producción, mientras otras pidieron a sus trabajadores que se quedaran en casa, y las escuelas hicieron lo mismo con sus alumnos. Más de 1,4 millones de hogares y edificios se quedaron sin electricidad, informaron los medios. El Primer Ministro Shinzo Abe convocó a una reunión de crisis en previsión de la llegada del tifón que afectó primero el suroeste del archipiélago antes de dirigirse hacia el norte.

"Desencantada con Putin". Así se declaró Neli Nikoláyeva, una moscovita de 79 años que asistió a una de las masivas protestas que se han llevado a cabo en los últimos días en diversas ciudades de Rusia, en rechazo a la polémica reforma de pensiones impulsada por el Gobierno de Vladimir Putin.

La controversial propuesta fue presentada en junio por el Ejecutivo y pretendía elevar la edad de jubilación de 55 a 63 años para las mujeres y de 60 a 65 para los hombres. Pese a que fue aprobado en primera instancia por la Cámara Baja del Parlamento, la negativa reacción popular ante la iniciativa obligó al jefe del Kremlin a anunciar cambios para suavizarla: elevar la edad de jubilación de la mujer en cinco años en vez de ocho y crear un sistema de garantías sociales y laborales para las personas en edad de prejubilación.

Pero el anuncio llegó tarde y no fue suficiente: el poderoso Putin, enaltecido durante la realización del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, está ahora inmerso en un duro panorama que ha comenzado a desmoronar su imbatible popularidad.

Según una encuesta realizada por el Centro Levada, el 90% de los rusos no está de acuerdo con aumentar la edad de jubilación. Este rechazo transversal se vio reflejado en una serie de protestas que comenzaron en julio pasado y que, lejos de cesar, se han expandido por diversas ciudades del país, incluyendo localidades siberianas como Novosibirsk y Vladivostok.

"Hoy nos manifestamos en toda Rusia para protestar contra esta reforma caníbal", enfatizó el dirigente comunista Gennadi Ziuganov en su intervención ante la multitud el domingo en Moscú.

Para el Kremlin y diversos economistas, el problema de las pensiones en Rusia es evidente: la población está envejeciendo. Tras la crisis económica de la década de los noventa, la cantidad de personas en Rusia disminuyó notablemente y, según la ONU, para 2050 el 20% de los rusos tendrá más de 65 años. Este escenario - común entre países desarrollados - genera que cada vez menos contribuyentes deban sustentar a más pensionados. Ello obligaría, según el Kremlin, a extender los años de trabajo de los ciudadanos.