Alexis Paredes R.

Una serie de especulaciones y cuestionamientos surgieron tras conocerse el resultado de los análisis realizados por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por los dos episodios de contaminación que afectaron a Quintero y Puchuncaví, con un saldo de 378 afectados y que apuntó a la responsabilidad de Enap en las emisiones.

La actuación del gobierno en el manejo de esta crisis ambiental está en la mira, tanto por parte de la ciudadanía como por los distintos estamentos implicados. Las principales críticas a la actuación de las autoridades, el intendente Jorge Martínez y la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quienes desde las fiscalizaciones iniciales deslizaron que la empresa estatal era la principal responsable, generando una dura respuesta por parte de los ejecutivos de Enap y sus trabajadores, que acusan un "enjuiciamiento previo" del gobierno y amenazan con un paro.

El intendente Jorge Martínez insistió que la SMA es un "ente autónomo e independiente del gobierno, que tiene las facultades para fiscalizar y sancionar cualquier contaminación que se produzca". Enfatiza que la entidad ha fiscalizado a todas las empresas del cordón industrial de Quintero como "posibles fuentes de emisión de contaminantes para las personas" y espera que la SMA las continúe fiscalizando "en forma intensa y permanente en el territorio, hasta que podamos contar con una norma y un plan de descontaminación que establezca regulaciones para cualquier tipo de emisión de contaminantes: por aire, mar o suelos".

Respecto a las acciones adoptadas, el intendente Martínez resalta una red de monitoreo externa e independiente a la que hoy tienen las empresas; la solicitud de un listado con todos los procesos de cada una de ellas, bitácora, insumos y eventuales episodios que hayan tenido, junto al despliegue del gobierno en terreno y en materia de salud para brindar tranquilidad a la población. "El Presidente dijo nunca más, y esta es una posibilidad histórica para Quintero y Puchuncaví, que llevan más de 50 años sufriendo distintos eventos de contaminación, mediante un plan de descontaminación que regule todo tipo de sustancias, con un sistema de monitoreo externo y aumento en los sistemas de control de emisión, para darle garantía a sus habitantes de que van a poder respirar un aire de calidad y no van a estar expuestos a contaminantes", sentenció.

-¿No cree que las dos semanas transcurridas para conocer el resultado de los primeros episodios permitieron generar todo tipo de especulaciones?

-Desgraciadamente, en general en Chile la normativa ambiental es muy débil, la cantidad de contaminantes normados, los indicadores de riesgo de estas sustancias, los sistemas de alerta de estos fenómenos son insuficientes. Las personas lo saben porque viven ahí desde hace 50 años, saben que con determinado clima, viento y a determinadas horas, suelen suceder determinados tipos de eventos de contaminación, pero sienten que no han sido escuchados. Estamos recabando también de parte de la población esta información dura por la experiencia vivida y sumarlo a los análisis de los expertos, nacionales e internacionales que el gobierno ha pedido que lleguen. Vienen especialistas y equipos de la OMS y de la Agencias de Protección de Contaminación Ambiental de EE.UU., la más grande e importante, con todos estos elementos queremos que la nueva regulación, el nuevo plan de descontaminación y las medidas que se adopten, sean conocidas y compartidas con la comunidad, para que todos estemos más tranquilos sobre estos sucesos. Resalto lo dicho por la ministra Schmidt, vamos a homologar en materia de contaminación a las normas europeas, por lo tanto, los habitantes de Quintero y Puchuncaví tendrán las mismas medidas, controles y normas en materia de contaminación que tiene un habitante de París, Roma o Berlín.

-¿Lo dejan tranquilo los resultados de la investigación que realizó la SMA?

-Se realizó una formulación de cargos, puede que se realicen nuevas formulaciones de cargo si la SMA tiene los elementos, pero quienes pueden estar un poco más tranquilos hoy son los pobladores, las comunidades de Quintero y Puchuncaví, porque están viendo un gobierno coherente, donde se están tomando medidas y ocurriendo cosas que nunca habían ocurrido en el territorio: el gobierno está desplegado absolutamente en el territorio, el reforzamiento con el hospital de campaña, una fiscalización a las empresas nunca antes vista, el COE sesionando en el territorio y una alerta amarilla que nos permite adquirir todos los suministros necesarios para el territorio. Que por primera vez el ente encargado de fiscalizar la contaminación en Chile haya formulado cargos a una empresa grande e importante, por un procedimiento del cual toda la población tiene fundadas sospechas por los procesos que se están realizando en su interior, creo que es un alivio para la población, en el sentido de ver que se están adoptando todas las medidas necesarias, caiga quien caiga.

-Enap rechazó los resultados de la fiscalización, incluso con movilizaciones a nivel nacional. Acusan que el enjuiciamiento previo por parte suya y de la ministra Schmidt condicionaba que aplicar cualquier otra medida implicaba pedir la renuncia de ambos.

-Enap tiene el derecho de ejercer todas las acciones pertinentes para el establecimiento de la verdad en el proceso que se ha iniciado, se nombró un fiscal y ellos tienen el derecho a un debido proceso y si la SMA tenía o no la razón. Respecto a los dichos de la ministra Schmidt y a los que he señalado desde el primer día del incidente, nosotros no tenemos la facultad para tomar medidas respecto a fenómenos de contaminación, eso sólo las tiene la SMA, lo que nosotros sí hemos hecho, ante los elementos con que contábamos en el primer evento en el territorio, era tener la capacidad de determinar cuál era el elemento contaminante y saber que se estaba realizando una faena extremadamente delicada en Enap, que está siendo monitoreada por la SMA, para que no generara contaminación si es que esa era la causa. Lo demás todo lo han hecho fiscalizadores de la superintendencia y no olvidar que, en paralelo, hay una denuncia en el Ministerio Público, cuyos resultados también serán importantes a la hora de encontrar la fuente de contaminación.

-¿Descarta a priori que se estén protegiendo intereses privados de empresas instaladas en la zona y que lo más fácil es culpar a una empresa estatal?

-La SMA no puede formular cargos sin tener ninguna evidencia, ni siquiera sospecha, lo que puedo asegurar, como gobierno no nos importa si se trata de una empresa grande, mediana o pequeña, si es pública o privada, lo único que nos interesa es que ninguna empresa u otra fuente contaminante dañe la salud de las personas, no hay otro bien superior que la integridad física de las personas y la protección del medio ambiente. No se está tapando o privilegiando nada, cual fuese la eventual fuente de contaminación, como gobierno habríamos actuado de la misma forma, colocando todos los antecedentes en manos de la SMA.

-¿Cómo toma las aseveraciones del diputado Celis al señalar que el cargo le quedó grande y debiese dar un paso al costado?

-No quiero polemizar con el diputado Celis, lo conozco de toda la vida en la zona, tengo buena opinión de él, pero es bastante extraño porque están fuera de contexto. El comité político de nuestro sector, con todos los parlamentarios, presidentes de partido, representantes de la bancada del Core y de los alcaldes, me han dado un apoyo completo a la gestión y me reconocen que se ha ejercido un liderazgo importante en el territorio. Con el Core hemos acordado que el trabajo coordinado entre las autoridades de la región es fundamental, por sobre toda las cosas he sentido un gran apoyo del Presidente de la República, con quien prácticamente hablo a diario, me pide informes personales para dar cuenta de lo que está pasando, las acciones que estamos tomando y las dificultades que encontramos, así que estoy muy tranquilo con lo que estamos haciendo. No me voy a desgastar en cuestiones que desconozco el origen de esas aseveraciones, tengo muchas ganas de conversar con el diputado Celis para conocer las razones de su molestia.

-También se ha comentado mucho su falta de experiencia política y errores comunicacionales. El haber aludido al polen o la presencia de bandas extranjeras en el descuartizamiento del profesor Nibaldo Villegas. ¿Considera que ha pecado de inexperiencia?

-Uno no puede ser soberbio en esto y siempre se tiene que mejorar, si hay que hacerlo cuente con eso. Respecto al famoso tema de las bandas extranjeras, quien quiera escuchar la grabación de esa entrevista, jamás hablé de bandas extranjeras, esas interpretaciones libres las puede hacer cualquiera. Sobre el episodio del polen, el 21 y 23 de agosto tuvimos eventos de contaminación importante y nuestros equipos constataban que eran derivados de hidrocarburos. Cuando el jueves 23 empieza a circular la versión que hay una sustancia amarillenta en distintas partes de la región, inmediatamente nos preocupó, porque teníamos la constancia de gases, no de elementos particulados. Tres laboratorios especializados distintos confirmaron que ese elemento se debía a un polen licuado propio de la época, entonces sentí la obligación de decir la verdad, atemorizar a la población con la posibilidad de que hubiera un elemento particulado derivado del arsénico en el territorio habría sido agravar mucho más la crisis. Por mi vida profesional tengo mucha experiencia en el manejo de crisis, algo que hemos trabajado muy bien y contenido en el territorio. Siempre hay interesados en potenciar la crisis, nuestra idea es canalizarla y no generar más alarma de la que ya hay en la población. Es un imperativo ético decir la verdad.

-¿Con este creciente malestar ciudadano no se corre el riesgo que Quintero se convierta en un nuevo Freirina o Aysén?

-Por el bien de las comunidades y lo que hemos hablado con ellas, esperamos que el malestar ciudadano no se convierta en una situación como Freirina o Aysén, ellos mismos nos piden eso. Si la zona de sacrificio, como llaman algunos, se transforma en una verdad irrefutable, como verdad paralela, los más dañados van a ser los propios habitantes del sector. ¿Quién va a querer ir, descansar o a tomar sus vacaciones a una zona donde pueda correr estos riesgos? Por eso nuestra primera tarea es, sin duda alguna, la salud de las personas y frenar todo evento de contaminación, y establecer normas y políticas de mediano y largo plazo que las eviten en el futuro. En paralelo, la propia población nos ha dicho, si aquí se destroza el comercio minorista, el turismo, vamos a tener problemas de cesantía y un daño irreversible para las comunidades donde nadie va a querer venir a visitarnos. La comunidad de Quintero y Puchuncaví está dolida, tiene rabia manifiesta y eso es absolutamente normal. Esperemos que nadie aproveche esto con otros fines que no sea la salud de las personas, solucionar un problema histórico y hacerlo bien. En esta ocasión no nos podemos equivocar.

-Otra crítica apunta al gabinete regional, seremis como el de Salud o Medio Ambiente no estarían a la altura. Al primero se le cuestiona haberse equivocado en entregarle algunos datos, la famosa coma en una cifra, y a la segunda inhabilitarse en los temas de Enap por haber marchado en contra la central Nueva Era, su marido fue candidato a alcalde de Concón ¿Le favorece tener asesores cuestionados?

-Si se han cometido algunos errores, como el caso de la coma que usted dice, lo importante era explicarlo, transparentarlo y solucionarlo. Cualquier cosa que genere mayor alarma daña y no queremos seguir dañando a estas comunidades. Se han tomado las medidas correctivas. De los 19 seremis y de todos los servicios del territorio he visto un gran compromiso, están todos en terrenos. Las tareas de la seremi de Medio Ambiente, a través del monitoreo de la norma ha sido un trabajo tremendo, la tarea del seremi del seremi de Salud, apoyando en conjunto con el servicio de Salud, el ministerio y el hospital, el desarrollo de lo que hemos podido lograr, que es un sistema médico integrado para responder a emergencias ha sido un muy buen trabajo, no sólo ellos, la gobernadora, los demás seremis, he sentido que cuento con un equipo comprometido, preparado para esta emergencia y desplegado en terreno, lo cual he informado al Presidente, que contamos con los elementos humanos, profesionales y técnicos para atender esta crisis del modo que él nos ha exigido.

-Se desprende entonces que no es necesario hacer cambios en el gabinete por ahora.

-Así es. Esto no quita, y es otro tema que se considerará en su minuto, que pasada la crisis, que todavía nos queda un buen tiempo para recuperar la confianza de la población, como en todas las crisis hay que hacer evaluaciones para aprender de ellas. Sentarnos con calma a analizar dónde estuvieron nuestros grandes logros, en qué estuvimos más débiles y poder mejorar. Chile es un país de grandes tragedias, terremotos o catástrofes, y no he visto que esas grandes crisis se hayan podido aprovechar para eventos posteriores. Una tarea pendiente es la evaluación y cómo podemos mejorar en todo tipo de catástrofe nuestro sistema de reacción rápida. Pero estoy muy conforme cómo se ha actuado, en las reuniones con las comunidades, no obstante su dolor y rabia, nos han escuchado con mucha atención, respeto y participación ciudadana. Entendemos que hay 50 años de historia que hay que hacerse cargo, pero es una oportunidad histórica, si estamos todas las autoridades y comunidades de acuerdo, para darle una solución histórica a ese territorio por sobre cualquier pequeñez que no viene al caso.

"Los habitantes de Quintero y Puchuncaví tendrán las mismas medidas, controles y normas en materia de contaminación que tiene un habitante de París, Roma o Berlín""

"No se está tapando o privilegiando nada, cual fuese la eventual fuente de contaminación, como gobierno habríamos actuado de la misma forma, colocando todos los antecedentes en manos de la SMA""

"El Presidente puso el acelerador y dio la instrucción de que el plan de descontaminación debe estar terminado este año. Estamos jugando contra el reloj y coordinados con los ministerios""

Diputados apuntan a una pena aflictiva para delitos contra el medioambiente

En días sucesivos, distintos parlamentarios de la Región presentaron al Congreso proyectos de ley que permitieran tipificar los delitos contra el medioambiente y aumentar las penas establecidas hasta condenar con pena aflictiva de cárcel y multas más altas a quienes sean responsables de este tipo de hechos.

El primero en hacer presente esta idea fue el diputado Andrés Longton, quien el miércoles ingresó su propuesta legislativa. "Estamos presentando un proyecto de ley que regula los delitos ambientales, imponiendo penas de cárcel y no sólo multas, para quienes dañen el medioambiente y la salud de las personas", expuso el parlamentario, quien lamentó la falta de sistematización que establece el código penal para estos casos.

"Creemos que quienes dañen el medioambiente con tal gravedad como lo que está ocurriendo en Quintero y Puchuncaví, deben pagar con cárcel, sobre todo cuando existe un daño a la salud de la ciudadanía", comentó el diputado.

Agregó que las actuales multas contenidas en la normativa perdieron su capacidad disuasiva, ya que "a muchos no les cuesta nada pagarlas, por lo que una forma más disuasiva para prevenir el daño es mediante penas efectivas".

Otro grupo de parlamentarios -entre ellos Diego Ibáñez, Rodrigo González y Cristina Girardi- presentó ayer una idea de legislación que modifica la actual Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, agregando un párrafo denominado "Delitos contra el Medio Ambiente", el cual incluirá penas de cárcel y multas, las que pueden llegar a los 23 millones de dólares en caso que los responsables de contaminación tengan resultado de muerte.

El proyecto castiga a quien vierta, emita, irradie o propague contaminantes químicos, biológicos, auditivos o físicos afectando gravemente con ello el medioambiente o uno o varios de sus componentes, como el agua, aire, el suelo, la vida vegetal, animal, o la convivencia social con penas que parten de presidio menor en su grado medio y pueden llegar en caso de muerte o lesiones graves de una o más personas, a presidio mayor en su grado medio equivalente como máximo a 15 años de cárcel.

El diputado González expuso que "el proyecto viene a castigar con altas multas y penas de presidio para los responsables, todo ello para que el delito contra el medioambiente quede definitivamente sancionado en el sistema institucional chileno y sea consagrado como un delito que también atenta en contra de los derechos humanos".