La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el dictamen emitido por el 4° Juzgado de Garantía el sábado pasado, que dejaba sin medidas cautelares al taxista Pablo Gutiérrez Godoy (69), detenido por arrastrar durante casi 40 metros a un turista suizo en Las Condes, Región Metropolitana, quien debió ser internado por la gravedad de sus lesiones. "Creemos que sí contábamos con presupuestos materiales para formalizarlo por el delito de robo con violencia en contra de este ciudadano suizo, el cual además de sufrir un arrastre desde el vehículo del imputado, se le sustraen en este caso un banano con la suma de $ 160 mil, más su pasaporte y un reloj.", dijo a Emol la asesora de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés. A su vez, la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), presentará una querella contra el conductor.

Los diputados de la comisión de Salud de la Cámara acordaron vetar la presencia del subsecretario Luis Castillo debido al supuesto encubrimiento que él habría realizado en la investigación por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Según informó Emol, esta decisión contó con el apoyo de los seis diputados de oposición que integran la mesa y con el rechazo de los cuatro parlamentarios de Chile Vamos, y se tomó a petición de la bancada de la DC. "Frente a los antecedentes que se han conocido en los últimos meses en que se ha vinculado al doctor Castillo con el eventual ocultamiento de la autopsia del ex Presidente Eduardo Frei Montalva es que, homologando la medida que ha tomado el Senado, solicito que esta comisión pueda acordar el no ingreso del señor subsecretario", explicó el diputado DC Víctor Torres.

"No sólo es una herramienta jurídica indispensable y urgente para proteger con mayor eficacia la integridad física y psíquica de toda la comunidad escolar, sino que también una herramienta útil y absolutamente necesaria para proteger el derecho de toda la calidad de la educación".

Con estas palabras, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer el pasado jueves el proyecto de ley "Aula Segura", que busca dotar a los directores de los colegios de herramientas para expulsar a los estudiantes que cometan hechos de violencia graves.

El anuncio era altamente esperado por la comunidad educativa, luego de un turbulento 2018 para los establecimientos de Santiago centro, donde los ataques con bombas molotov en manos de encapuchados proliferaron.

Ayer martes, el Gobierno dio un nuevo paso: darle urgencia suma al proyecto que entra en primer trámite constitucional al Senado. Esto significa que los parlamentarios de la cámara respectiva tendrán 15 días para el total despacho de la iniciativa.

Además, el Ejecutivo dio urgencia simple al proyecto de Kinder Obligatorio, también en primer trámite pero en la Cámara de Diputados. Adicionalmente presentó otras 29 urgencias legislativas a proyectos que actualmente se tramitan en el Congreso, entre ellos el nuevo servicio de protección a la infancia, el trabajo a distancia y el que determina conductas terroristas, todos con suma urgencia.

La iniciativa incluye a los colegios municipales y particulares subvencionados y que actualmente sólo se puede expulsar y cancelar las matrículas cuando los hechos estén contemplados en el reglamento interno y con un procedimiento que dura al menos 25 días hábiles, sin la posibilidad de separar al alumno de la comunidad educativa que fue víctima de los hechos de violencia.

En esa línea, la iniciativa busca fortalecer las facultades del director en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos graves de violencia, estableciendo causales que no requieren una modificación previa de reglamentos internos. Según precisaron desde La Moneda, el proyecto busca armonizar tres derechos fundamentales: derecho a la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, derecho al debido proceso y derecho a la educación del estudiante sancionado.

La Security and Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos condenó al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

La Comisión de Bolsa y Valores de la SEC anunció ayer que el ex gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) deberá pagar US$ 125 mil, debido a la vulneración de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

El organismo señaló que, durante siete años, el entonces consejero delegado de SQM, Patricio Contesse, provocó que "SQM realizara casi US$ 15 millones en pagos indebidos a políticos chilenos y otras personas relacionadas con ellos. El año pasado, SQM pagó US$ 30 millones para resolver los cargos civiles y penales paralelos contra la compañía", afirmó la SEC.

El documento afirmó que "él dirigió y autorizó estos pagos indebidos a través de una cuenta de CEO (gerente) discrecional. Los pagos fueron respaldados por documentación falsa enviada a SQM por individuos y entidades que se hicieron pasar por vendedores legítimos".

Contesse, de esta forma, provocó las entradas de dinero "falsas relacionadas en los libros y registros de SQM, y también mintió al auditor independiente de SQM y certificaciones falsas firmadas en las presentaciones" de la compañía.

Responsabilidad

"La cultura corporativa comienza en la cima, y cuando la mala conducta es dirigida por el más alto nivel de gestión, es fundamental que sean responsables de su conducta", señaló al respecto el Jefe de la Unidad FCPA de la División de Aplicación de la SEC, Charles E. Cain.

Contesse, de acuerdo a la entidad, estuvo de acuerdo con el dictamen "sin admitir ni negar los hallazgos" de los analistas estadounidenses.

Destrabar el caso

A principios de este mes, la defensa de Contesse acudió a Apelaciones para destrabar el caso SQM, con tal de solicitar un sobreseimiento parcial de delitos en su contra, después de tres años bajo arresto domiciliario.

El tribunal, sin embargo, rechazó dar una fecha para esta audiencia a fines de agosto, aludiendo a la orden de no innovar solicitada por el Ministerio Público.

El abogado defensor argumentó el "derecho a ser juz}gado en un plazo razonable o sin dilación indebida". Pese a esto, el desafuero del senador Jorge Pizarro (DC) también involucrado en la causa, igualmente no avanzó.