Con las medidas cautelares de firma mensual, prohibición de acercarse a las víctimas y fijación de domicilio durante los seis meses fijados para la investigación quedaron los ocho educadores y exeducadores de trato directo del CREAD de Playa Ancha -siete hombres y una mujer-, tras la audiencia de formalización a la que fueron sometidos por los delitos de torturas y apremios ilegítimos realizados por funcionarios públicos, en contra de menores que residían en ese hogar del Sename al momento de los hechos denunciados.

Tras la audiencia, efectuada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, el fiscal Juan Ignacio Sepúlveda, expuso que "todos los menores que aparecen como víctimas en esta investigación, a la fecha de los hechos tenían entre 7 y 15 años de edad".

El persecutor precisó que "uno de los hechos por los cuales se formalizó la investigación son unas lesiones que tiene un menor que fue golpeado por uno de los imputados, lo arrojó al baño y al caer perdió dos dientes. Esas lesiones se encuentran acreditadas en la carpeta de investigación".

Otro de los hechos denunciados, agregó Sepúlveda, consiste en que "los menores en invierno estaban semidesnudos en el patio del recinto, a las 8 de la noche, esperando entrar a sus dormitorios, y estaban en esa situación, por lo menos, una hora, hora y media".

En tanto, el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios del Sename, Luis Cortés, expuso que están "contentos, porque nosotros, como asociación, pedimos este juicio, con el fin de poder, de una vez por todas, llegar a la verdad sobre cómo fueron manipulados los niños, cómo han sido manipulados algunos apoderados, muchos de los cuales después se han retractado en las investigaciones".

El dirigente aseguró que "vamos a cooperar con todo lo que necesite el fiscal, con todos los documentos y papeles" y afirmó que "no existen hechos graves, solamente hay algunos hechos que tienen que investigarse, y nosotros vamos a poner toda nuestra disposición y apoyo para que esa investigación llegue a un buen término".

La Asociación de Funcionarios del Sename sostiene que las acusaciones "son falsas", señaló Cortés, agregando que dicha afirmación "la vamos a probar en el juicio". Al respecto, precisó sobre el niño que perdió dos dientes, que "hay informes médicos de dentistas del Servicio Médico Legal, que el niño había perdido los dientes en forma natural. Esos son informes que van a ser presentados por nuestro abogado en el juicio".

Sin embargo, el fiscal Sepúlveda rebatió señalando que hay un informe médico "que indica que él perdió los dientes por la agresión que sufrió por parte de la persona denunciada".

En cuanto a la acusación de mantener a niños semidesnudos a la intemperie en la noche y en invierno por más de una hora, Cortés aseveró que "cualquier situación que los abogados querellantes o la Fiscalía haya presentado acá, van a tener que probarla en el juicio. Cada caso tiene un contexto y cada contexto va a tener que ser visto en el juicio y queremos que sea visto, porque no hay ningún antecedente de eso, más allá de un relato".

Consultado sobre qué creen que habría originado las acusaciones, que aseguran que son falsas, el dirigente planteó que éstas obedecen a motivos "políticos y persecutorios, aquí hay una persona enferma que intentó llevar todo esto adelante desde hace mucho tiempo, de atacar a los funcionarios, de envolverlos en situaciones, de presentar querellas", agregando que dicha persona es "un exdirector regional del Sename".

Por su parte, el aludido, Esteban Elórtegui, quien ahora, a nombre de la Corporación La Matriz es uno de los abogados querellantes, dijo no querer "entrar en conflictos personales frente a descalificaciones, no vamos a gastar tiempo en eso. Yo creo que los hechos son rotundos y categóricos y creo que perseverar en decir que esto es un invento, me parece que no tiene asidero. Aquí hay una situación dolorosa, dramática, y sobre eso hay que enfocarse".

Respecto de las pruebas, planteó que "hay una serie de antecedentes que dan cuenta de que aquí ha habido torturas. Lamentablemente, la investigación se ha demorado, son tres años, pero estamos hablando de una realidad, me atrevo a decir, de más de 20 años de maltrato grave en el CREAD de Playa Ancha, que califica como tortura respecto de niños, niñas y adolescentes".

El jurista agregó que el proceso "tampoco ha sido fácil" y por lo mismo hizo "un llamado respetuoso a los imputados a que colaboren en el esclarecimiento de los hechos. Lamentablemente, hay una persistencia en orden a faltar a la verdad, en orden a obstruir la investigación, y nosotros consideramos, en definitiva, que ya el sol no se puede tapar con un dedo".

En ese sentido, remarcó que "hay una serie de antecedentes, no sólo relatos de las víctimas -los niños-, también hay testigos adultos, también hay constatación de lesiones, hay informes periciales de programas especializados en maltrato, es decir, hay abundante material para que se establezca la responsabilidad penal y se apliquen las penas que correspondan conforme a derecho".

En ese contexto, subrayó que los querellantes esperan "que se esclarezcan los hechos, en primer lugar. Creemos que es importante no sólo porque se entera la opinión pública, sino también por que se conozca lo que ha sucedido porque también, desde el punto de vista de la justicia, eso es importante para las víctimas, que han sido ninguneadas, víctimas que muchas veces se ha dicho que sus relatos son mentiras, que son inventos, estoy hablando de los mismos niños, niñas y adolescentes, estoy hablando de sus familias, entonces es importante que se reconozcan estas situaciones".

Elórtegui además precisó que si bien son ocho los formalizados por torturas y apremios ilegítimos, "los que han salido por suspensión o por destitución han sido más de 20. Nosotros esperaríamos también, atendidos los antecedentes que hay, que se formalizara a más personas por los mismos delitos".

Al respecto, el fiscal Sepúlveda advirtió que a futuro "podría haber más formalizados y podría haber más víctimas que quieran declarar. Cuando iniciamos la investigación se mandó una orden amplia de investigar a la PDI, y uno de los puntos era contactar a la mayor cantidad de víctimas".

Las penas que arriesgan los imputados, precisó el persecutor, "parten en 541 días, hasta cinco años", lo que dependerá de si los hechos denunciados sucedieron antes o después de noviembre de 2016, fecha en que se modificó la legislación en esta materia, aumentándose las penas para este tipo de delitos.

"(A futuro) podría haber más formalizados y podría haber más víctimas que quieran declarar"

Juan Ignacio Sepúlveda, Fiscal de Valparaíso"

"Hay una persistencia en orden a faltar a la verdad, a obstruir la investigación, y consideramos que ya el sol no se puede tapar con un dedo"

Esteban Elórtegui, Abogado querellante"